La sesión, que duró cuatro horas a puertas cerradas y contó con la participación de los ministros Alejandro Foxley y Vivianne Blanlot, no logró despejar las dudas de los parlamentarios sobre las eventuales represalias que aplicará Estados Unidos.
Esa reunión de ayer había sido pedida por parlamentarios de derecha opositora para analizar los efectos prácticos que tendría para el país la aprobación del Tratado de Roma en el Congreso.
«Yo he sostenido que hay un efecto en materia de seguridad que tenemos que evaluar, una dependencia en materia de defensa de Estados Unidos», sostuvo el senador Juan Antonio Coloma, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Por su parte, el canciller Foxley aseguró que «no hay nada comprometido desde el punto de vista de la seguridad del país ni del abastecimiento normal de armamentos, piezas y partes en el horizonte por delante».
«No me parece que el ambiente en Estados Unidos sea sancionar a un país que ellos mismos describen como uno de sus mejores amigos en esta parte del mundo», sostuvo el secretario de Estado, una de las figura más afines a la política norteamericana dentro del gabinete chileno.
Su presunta certeza, sin embargo, no logró convencer a los legisladores, quienes decidieron nuevas citas para conocer las opiniones de otros, como al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre y al ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet.
Las nuevas vistas significan un mayor atraso en la aprobación de la normativa, que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha dicho quiere sacar adelante antes de diciembre próximo.
Foxley dijo que el gobierno respeta los plazos y las instancias de reflexión que desea tomarse el congreso, pero recordó que este es un tema que está instalado legislativamente desde 1998 en Chile, y ya hay 101 países que lo aprobaron en sus legislaciones nacionales.
El TPI fue firmado en julio de 1998 en la capital italiana y ya ha sido ratificado por más de cien naciones. Chile también lo suscribió, pero ha esperado infructuosamente llegar a un acuerdo con Estados Unidos para tratar de evitar represalias militares.
El gobierno norteamericano exige a las naciones que suscriben el Estatuto de Roma -que crea el TPI- la firma de un acuerdo que excluya a los estadounidenses de ser juzgados por ese tribunal internacional si desean evitar represalias en materia de defensa.
Más de cien naciones se han adherido a esa instancia, pero Chile sigue siendo el único de la región que no lo ha hecho por temor a perder la cooperación de Washington en materias de entrenamientos y compras de equipos militares.
«Fuimos uno de los primeros países que impulsó la idea del TPI y el Tratado de Roma y hoy somos de los últimos en sancionarlo en el Congreso, entonces yo diría que en cierta medida estamos en deuda y perdemos credibilidad en la comunidad internacional», dijo Foxley.
Bachelet insistió la semana pasada que la ratificación del TPI por parte de Chile «es un compromiso del país con los derechos humanos» y que este se hará bajo un marco soberano e independiente.
«Que seamos parte del Tribunal Penal Internacional habla de nuestro compromiso pleno y responsable con la defensa y promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo», afirmó.
La mandataria enfatizó que la ratificación del convenio «la haremos con una posición como siempre lo ha hecho Chile: soberana e independiente» y descartó presiones de Estados Unidos para evitar que Chile adhiera a este convenio internacional.
Santiago de Chile, 6 de septiembre 2006
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