Esposados y fuertemente custodiados por carros patrulleros Juan y José Marileo Sarabia, Juan Huenulao y Patricia Troncoso fueron llevados la víspera hasta el hospital de Temuco, capital de la Novena Región, para someterlos a un chequeo médico.
Los cuatro fueron condenados en 2005 a 10 años de cárcel y el pago de una indemnización de 820 mil dólares acusados bajo la ley antiterrorista -implantada por la dictadura militar- de haber dado fuego en el 2001 a predios de una firma forestal extranjera.
Los indígenas afirman que son inocentes e iniciaron el 13 de marzo pasado una huelga de hambre en reclamo de un nuevo juicio en cortes civiles y ser trasladados a un centro de rehabilitación donde puedan trabajar mientras se realiza el nuevo proceso.
«Así nos tratan, como perros!», alcanzó a gritar la activista Patricia Troncoso -única mujer del grupo- al momento de ingresar ayer, esposada de pies y manos junto a otros tres comuneros, a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional.
Tras ser alimentados por la fuerza y sometidos a exámenes por especialistas del Servicio Médico Legal, los cuatro fueron devueltos en medio de estrictas medidas de seguridad a la cárcel de Angol, donde han cumplido la mayor parte de su encierro.
Según las autoridades penitenciarias, los resultados del chequeo médico habrían demostrado que los líderes comuneros «no se encuentran aún en estado de suma gravedad», por lo que se determinó retornarlos a la prisión.
El caso más grave es el de Juan Marileo, quien presenta alteraciones neurológicas y de glicemia, aunque los cuatro se encuentran sumamente debilitados tras haber perdido más de 18 kilogramos de peso desde el inico del ayuno, revelaron fuentes médicas.
La huelga de hambre ha puesto otra vez sobre el tapete el debate del desamparo, persecución y discriminación que sufren en Chile cerca un millón de indígenas (poco más del cinco por ciento de la población) que viven en el territorio nacional.
Los cuatro, que hoy cumplen 55 días sin ingerir alimentos, fueron acusados en 2001 -bajo una ley antiterrorista aprobada durante la dictadura- quemar decenas de hectáreas de pinos en predios que los indígenas reclaman como propios en el sur del país.
En el proceso -que duró varios años- fueron denunciadas múltiples irregularidades, y los cargos estuvieron basados en el testimonio de más de un centenar de testigos «sin rostros» (encapuchados) y la voz distorsionada utilizados por la fiscalía.
Numerosas manifestaciones de protesta han tenido lugar en los últimos días mientras sectores políticos y organizaciones indígenas y de derechos humanos reclaman a la presidenta Michelle Bachelet -que heredó el problema del gobierno de Ricardo Lagos- que decrete una amnistía.
Aunque se comprometió a no invocar más la ley antiterrorista en futuros conflictos con indígenas, La Moneda afirma que la posible revisión de la causa y eventual liberación de los mapuches es un problema que corresponde por completo al Poder Judicial.
Santiago de Chile, 7 de Mayo 2006
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