La razón fundamental para que el conjunto de las organizaciones de DD.HH. rechazáramos sus contenidos y en particular lo hiciéramos las organizaciones de ex prisioneros políticos. Los que con indignación declaramos ante la sociedad chilena que nos parecía inmoral e insuficiente, que la prisión política y la tortura tuviera un tratamiento AUSTERO Y SIMBÓLICO.
Este concepto estaba dado en la práctica en el Proyecto de Ley que promovió el Ejecutivo, cuyos contenidos, no solo no incorporan las proposiciones que le entregamos todas las orgánicas agrupadas en la COORDINACIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS.
Además, no toma en cuenta las proposiciones entregadas por la propia Comisión de Prisión Política y Tortura creada por el mismo Ejecutivo. Este proyecto de ley es enviado con carácter de suma urgencia y es aprobado sin mayor dilación en dos días, casi sin discusión. La intención quedó claramente instalada. Simplemente, que NO hubiera tiempo para una discusión democrática negando así, la posibilidad de que las organizaciones de sobrevivientes del terror de Estado pudiésemos participar en su elaboración, cuestión no nueva, porque habría que recordar que no tuvimos participación alguna en la Comisión VALECH, salvo algunas consultas que en la práctica no tuvieron mayor significación, no olvidemos también que nosotros realizamos profundas críticas sobre la conformación de dicha comisión.
Aprobada la Ley 19.992 nos encontramos con que sus contenidos son claramente regresivos, instalan la impunidad desde el Estado al no permitir que se conozcan los antecedentes sobre los torturadores.
El conjunto de los elementos que integran esta ley son rechazados unánimemente, no podemos olvidar que la Ley además de no ser heredable, excluye a la familia, no reconoce la calidad de prisioneros a los menores detenidos, es incompatible con otra violación ,como es el derecho al trabajo, excluye a los exonerados, obliga a optar entre uno u otro beneficio. No instala un concepto que se encuentra presente en la Convención contra la Tortura, que plantea que la prisión política y la tortura afecta transversalmente a la familia y a la sociedad, deja fuera la posibilidad de recibir beneficios de estudios a nuestros, hijos, etc.
Queremos responsablemente plantear que la Ley 19.992 instala abiertamente la impunidad, no solo nos afecta a nosotros en nuestra calidad de sobrevivientes del terrorismo de Estado, afecta al conjunto de la sociedad chilena, porque les deja las manos sueltas a los futuros torturadores, no ayuda de verdad al NUNCA MAS, enunciado por las autoridades civiles y militares, muchas de las que mostraron lagrimas incongruentes
La querella que presentamos contra el presidente saliente ante los tribunales, tiene la intención clara de hacer notar que con su promulgación, el Ejecutivo coloca al ESTADO ante una situación de ILEGALIDAD en relación al desconocimiento del contenido principal de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA, instrumento de Derecho Humanitario que el Estado de Chile a ratificado y que por lo tanto debiera ser aplicado. Este contenido principal habla de la obligación a los Estados signatarios de llevar a la justicia los casos de tortura y claramente aquí se hace todo lo contrario, se ignora y se omite.
Ahora, ¿que posibilidad existe hoy, de avanzar en verdad, justicia y reparación, cuando dirigirá al país una victima también del terrorismo de Estado? Ex presa política, torturada, hija de un militar democrático, compañero ministro del gobierno popular .asesinado por la dictadura..
¿Existe la posibilidad de cambio? En primer termino, no podemos olvidar que la dictadura nace para impedir que se instale en nuestra patria una sociedad al servicio de las mayorías. Instalan un golpe antidemocrático, para nuevamente entregar a las tras nacionales, lo que en el curso tan solo de tres años habíamos logrado por mayoría en el parlamento, nacionalizar nuestras riquezas básicas .La historia ha demostrado que la dictadura genera un modelo económico y una constitución que rigen hasta hoy, la que es responsable de que por ejemplo, seamos la segunda peor distribución del ingreso en nuestra América. El punto es que ya son tres los gobiernos que no solo se han conformado con administrar el modelo, incluso han ido más allá, pues un hermano de un detenido desaparecido encabezó la privatización de la Empresa Portuaria de Chile, cuestión que no quiso asumir el Almirantazgo, porque les parecía que no era prudente, se podía poner en riesgo el manejo estratégico de los puertos chilenos. Sin duda existe una responsabilidad compartida por la derecha la Concertación e inclusive los Altos Mandos con la entrega paulatina de nuestra Soberanía.
¿Quién responde cuando las autoridades salientes, permiten seguir profundizando la entrega de nuestras riquezas? Colocando en riesgo además de nuestra Soberanía, la vida del Valle del Huasco al aprobar, el proyecto Pascua Lama. ¿Qué dicen las autoridades entrantes, al respecto? Desgraciadamente hasta hoy, nada.
Nosotros, sobrevivientes del terrorismo de Estado agrupados unitariamente, compartimos el rechazo a la política de derechos humanos ejercida hasta hoy por el Estado chileno. En particular lo referente a la Ley 19.992. Nos preguntamos: ¿Como tendremos que referirnos, cuando nos dirijamos a la Señora Presidenta?. Por ahora nos parece que ella es una víctima más del terror de estado vivido. El punto es, si ella asumirá como tal, entendiendo que debe armonizar obviamente con sus labores como Presidenta de la Nación.
¿ES POSIBLE UN CAMBIO? AUTOCRÁTICAMENTE, nuestras respuestas a la política de DD.HH. del Estado chileno y en particular a la Ley 19.992,creemos que el principal mérito es que fuimos capaces de unificar criterios presentando una única opinión como expresos políticos, contenidos que están expresados en nuestro Proyecto entregado previamente al Estado chileno. Hemos logrado también en las cuestiones principales consensuar distintos documentos entregados a la opinión pública y a las autoridades. Podemos agregar además, que hemos logrado generar razones en conjunto, pero manifestamos debilidades que tienen que, ver con que no fuimos capaces de instalar por ejemplo, el rechazo de la sociedad chilena a los contenidos de la Ley de Prisión Política y Tortura, los esfuerzos comunicacionales y de movilización son modestísimos. Sabemos que no basta con tener la razón, sino que hay que demostrarla. Todo esto nos lleva a comprender enfáticamente que debemos dar un salto cualitativo en nuestra capacidad de organización, de comunicación y de movilización, cuestiones que deben tener una respuesta practica en nuestros torneos y reuniones. Debemos poner énfasis en el estudio y manejo de los contenidos del DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL.
El eje tiene que ver con que nuestra lucha no solo tiene como objetivo favorecernos a nosotros como sector, en nuestra calidad de sobrevivientes del terror de estado. En lo principal tenemos que ser capaces de instalar en la jurisprudencia nacional la preocupación por la incorporación de los instrumentos de derecho humanitario internacional de no ser así, estamos muy lejos de una verdadera democracia.
El segundo, eje tiene relación con que el modelo económico instalado y la constitución que lo asegura no solo no tiene la intención real de avanzar en verdad y justicia en relación a los atentados a los derechos humanos en dictadura. Además no respeta hoy los derechos laborales políticos, sociales, económicos y de medio ambiente.
QUEREMOS DECIR que nuestra relación con el Estado y la posibilidad de interactuar con las nuevas autoridades pasarán en primer término por entender cuales son las cuestiones principales, y en la capacidad de transformarnos en un verdadero movimiento de sobrevivientes del terrorismo de estado, no podemos conformarnos con ser espectadores, debemos ser actores reales en la lucha por Verdad y Justicia.
EL CAMBIO SERÁ POSIBLE EN LA MEDIDA DE NUESTRA CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON AMPLITUD, ANIMO, Y EN SOLIDARIDAD CON TODAS LAS LUCHAS DE NUESTRO PUEBLO.
Por: Julio Aranguiz, presidente de la Agrupación Ex Presos Políticos.
Santiago de Chile, 1 de mayo 2006
Crónica Digital
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