El dueño del imperio mediático chileno El Mercurio, Agustín Edwards, declaró ante un juez en el trámite de una querella contra todos los autores del golpe de Estado de 1973, informó hoy una fuente judicial.
La causa fue presentada desde el 14 de diciembre del pasado año por organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales aspiran a que se castigue a todos los que hayan instigado el cuartelazo, y los delitos que el zarpazo implicó.
Según confirmó hoy el propio juez a cargo de la querella, Mario Carroza, Edwards se presentó a declarar la víspera en compañía de su abogado Miguel Schweitzer, uno de los letrados que defendiera al dictador Augusto Pinochet en varios procesos en su contra.
El magistrado Carroza investiga una operación de la otrora Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) destinada a aniquilar más de un centenar de opositores a la dictadura Pinochet.
Indaga sobre el rol que jugaron los diarios bajo control de Edwards tanto durante el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, como después, en sus reportes sobre supuestos enfrentamientos internos de fuerzas de izquierda que la justicia más tarde demostró que no eran reales.
El vespertino La Segunda, parte del holding El Mercurio, tituló «Exterminados como ratones» una información referente a un supuesto enfrentamiento intestino que había costado la vida a 119 integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Argentina , y que en realidad fueron ejecutados por la DINA en 1975.
La campaña comunicacional para encubrir los hechos, denominada Operación Colombo, se enmarca bajo la sombrilla de la Operación Cóndor, la gran cacería de integrantes de la izquierda por parte de los servicios de inteligencia de las dictaduras en países suramericanos.
La querella contra el golpe de Estado fue presentada por el abogado Eduardo Contreras, a nombre de las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos.
«Este es un hecho inédito en la historia de Chile, es un acto necesario, es un acto de elemental justicia, ningún abogado puede estar tranquilo con su conciencia si no inicia las acciones penales que corresponden y a petición de los familiares de las víctimas», comentó Contreras a Prensa Latina a raíz de abrirse la causa.
La demanda tiene como objetivo esclarecer las causas del golpe militar, «porque el golpe en sí es un delito, porque hubo sublevación, hubo rebelión, hay delitos juzgados por el código de justicia militar, hay ilícitos penales por los cuales deben responder no solo los militares, también los civiles responsables y autores del golpe», exclamó.
«Yo tengo confianza en los tribunales chilenos, hay una experiencia desde el año 1998, creo que se van a investigar los delitos, que va a haber procesamientos y espero que haya condenas», precisó el letrado, querellante en varias causas contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y otros militares.
Santiago de Chile, 27 de septiembre 2013
Crónica Digital
