El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció hoy un plan «reforzado» de ayuda a la clase media, enfilado sobre todo a detener una reforma constitucional impulsada por la oposición, que el gobierno rechaza de plano.
El plan busca subsanar las críticas a otro también dirigido a la clase media, anunciado hace apenas nueve días, y calificado de insuficiente y propiciador de un mayor endeudamiento de ese ya muy endeudado sector social.
La presentación de este programa ocurre en medio de una discusión clave en la cámara de diputados, de la reforma constitucional para permitir el retiro del 10 por ciento de sus ahorros a los afiliados de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), símbolos del modelo neoliberal chileno.
Por ello, el anuncio del presidente, a juicio de analistas, apunta más a impedir que prospere esa iniciativa, que a responder a las perentorias necesidades de la depauperada clase media, que más de cuatro meses después del inicio de la pandemia en el país sigue fuera de todas las ayudas aprobadas hasta hoy.
De ello dio cuenta el propio Piñera al referirse en varias ocasiones durante sus palabras a la necesidad de «proteger» las pensiones y admitir la necesidad de mejorar el sistema previsional del país.
De paso, el gobierno busca también aglutinar a las divididas fuerzas del oficialismo que expresó su inconformidad con el plan previo de ayudas y parte de cuyos diputados apoyaron incluso la propuesta de la oposición de retiro de fondos de las AFP.
La nueva versión contempla como elemento esencial un bono no reembolsable de 500 mil pesos (unos 635 dólares al cambio actual), que beneficirá, dijo el mandatario, a todos los trabajadores que tenían antes de la pandemia ingresos formales entre 500 mil y millón y medio de pesos y que hayan perdido más del 30 por ciento de sus ingresos.
Ese bono llegará también aunque en cuantía menor, que Piñera no especificó, a quienes percibían ingresos entre 1,5 y 2,0 millones de pesos (mil 900 y dos mil 530 dólares) e incluirá a trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos, cesantes, por cuenta propia o empresarios individuales que cumplan los requisitos anteriores.
El plan prevé también la postergación de seis meses en el pago de dividendos; un subsidio de arriendo por tres meses hasta 250 mil mensuales (317 dólares), la postergación de contribuciones, y un préstamo estatal para compensar hasta 70 por ciento la caída de ingresos de los trabajadores.
Santiago de Chile, 14 de julio 2020
Crónica Digital/PL
