Consumo de estupefacientes, alcohol, maltrato, violencia sexual, infracción de leyes, microtráfico, abandono y deserción escolar son realidades que se mezclan entre los niños, niñas y adolescentes.
«Estos niños y jóvenes son la población más dejada de lado por la sociedad. Por su condición extrema no pueden hacer uso de ningún beneficio social y eso nos tiene que dar vergüenza a todos, como país y como sociedad, afirmó María Teresa Chadwick.
La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE) señaló que ellos no pueden entrar en el cálculo económico de un país para ver si vale la pena invertir o no.»Hay que poner todo lo que sea necesario en un drama como este», apuntó.
El Ministerio de Planificación censó el pasado año a más de siete mil personas en las 80 comunas más pobladas del país que viven en esta situación, pero el estudio no explica cuantas de ellas son niños, adolescentes o jóvenes. De ese total, casi la mitad viven en Santiago.
El CONACE señala que el 90 por ciento de estos menores consume drogas y alcohol de manera abusiva, por lo que desde hace tres años efectúa intervenciones sicosociales, junto con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y algunas Organizaciones no Gubernamentales.
El año pasado el CONACE atendió a 824, y de ellos el 34 por ciento suspendió o disminuyó el consumo de estupefacientes, un 20 cambió de tipo de droga a otra menos adictiva, un 27 está en la fase de problematizar su adicción, según la organización.
A partir de esta experiencia, la entidad lanzó «Intervención Sicosocial, prevención selectiva del Consumo de Drogas para niños y adolescentes en vulnerabilidad social», un libro de 130 páginas que aborda fórmulas para enfrentar el problema.
La idea, según Chadwick, es dar una respuesta más efectiva a esta realidad con programas específicos que se adecuen a las necesidades de la población infanto-adolescente en situación de calle, a partir de una política integral basada en la coordinación de todos los factores.
«Hemos diseñado modelos específicos de intervención para trabajar con este tipo de niños que en general son desertores del sistema escolar, que viven en extrema pobreza, con vínculos familiares muy débiles y permanentemente expuesto a la calle», dijo Chadwick.
Para este año se aprobaron 324 millones de pesos (poco más 600 mil dólares) para el financiamiento de proyectos y otros 393 para tratamientos ambulatorios comunitarios. Además, se destinaron otros 60 millones más para programas de reescolarización.
El tema volvió salir a la luz pública cuando la noche del martes, Miguel Kesser (40) se sorprendió mientras veía la televisión. En la pantalla estaba su hijo mayor, Miguel Kesser Ylleska (20), un indigente que vive en la calle y a quien no veía desde hacía un mes.
Era uno de los cuatro imputados por los saqueos en la Alameda durante la multitudinaria marcha de los trabajadores del 1 de mayo.
La historia de abandono del joven comenzó hace un año, cuando falleció su madre, Juana Ylleska (39), por una enfermedad cerebral degenerativa, según constatan hoy medios de prensa.
Sus padres se separaron cuando tenía siete años, y desde entonces su madre hacía lo que podía para mantener a sus cuatro hijos, pero enfermó, y Miguel tuvo que abandonar los estudios para trabajar y ayudar en la casa.
«Después que falleció mi mamá, me sentía solo, la mitad de mí ya estaba muerta. Lo que me hizo (ir a vivir a la calle) era la necesidad de sobrevivir y además ser independiente», explicó.
Esta situación llevó a Miguel a robar objetos, primero para comer y más tarde para conseguir dinero y mantener su vicio.
Santiago de Chile, 7 de Mayo 2006
Crónica Digital/PL , 0, 94, 3
