Aunque salieron a la luz otras señales que amenazan a más largo plazo nuevas desavenencias, el eje central de la disputa giró en torno a un polémico proyecto de ley que busca regular la actividad de empresas privadas que se dedican a subcontratar trabajadores.
Tras un tenso proceso de conciliación interno entre las fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno, se llegó a un texto consensuado que parecía encaminado a su aprobación a partir del apoyo mayoritario con que cuenta La Moneda en ambas cámaras.
Sorpresivamente, sin embargo, el Ejecutivo detuvo su presentación al voto hasta la semana entrante para permitir a la oposición de extrema derecha -que representa al sector empresarial- presentar su propia propuesta.
La decisión provocó una explosión de críticas en todas las bancadas del oficialismo, que acusaron al gobierno y, en particular, al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, de ceder ante los reclamos del poderoso gremio empresarial que pedía mayor flexibilización de la normativa.
Jorge Pizarro, un senador demócrata cristiano estrechamente vinculado a la nueva presidenta de esa agrupación, Soledad Alvear, afirmó que está preocupado por «la señal de confusión» que ha generado Bachelet al manifestar que aun tiene dudas en torno a la iniciativa.
A su juicio, el ministro del Trabajo (Socialista) Osvaldo Andrade «ha sido extraordinariamente claro y categórico en que hay que apoyar el proyecto», mientras que Velasco, un economista sin partido formado en Harvard (EE.UU.), ha defendido el punto de vista empresarial.
Según Pizarro, Velasco ha expresado las aprensiones que le han manifestado los empresarios, «y parece que él no quiere tener problemas con los empresarios». «Pero para hacer tortillas hay que quebrar algunos huevos, y el gobierno tiene que tomar una decisión», apuntó.
El senador recalcó que «por primera vez La Moneda cuenta con la ventaja de tener con una mayoría en el Senado, y ese es un instrumento legítimo que debe usar, pero para hacerlo tiene que dar señales claras, y mostrar un voluntad política».
Al senador de la DC se sumaron otros legisladores que dijeron sentirse «confusos» con las explicaciones del gobierno de que hay que dar tiempo para que todos se pronuncien, cuando se trata de un tema que lleva más de tres años estancado en el Parlamento.
Bachelet salió al paso ayer a las criticas al afirmar que espera «contar con una ley aprobada antes del 21 de mayo», fecha en que debe rendir el primer informe a la Nación sobre su gestión al frente del gobierno, aunque su mensaje no ayudó a despejar las dudas.
«Lo dije durante toda mi campaña y lo reitero ahora: quiero durante nuestro gobierno trabajar por tener más empleos, pero no cualquier tipo de empleo, sino uno digno y decente, porque no quiero trabajadores de primera o segunda clase», apuntó.
Otro de los proyectos que defiende el jefe del equipo económico de Bachelet, referido al uso de los millonarios excedentes del cobre en inversiones en el exterior, también provocó rechazo de sectores progresistas, que abogan por un aumento de los gastos sociales.
Debido a los altos precios del cobre, Chile obtuvo sólo en el primer trimestre de este año tres mil millones de dólares de superávit fiscal, que el ministro de Hacienda pretende enviar al extranjero, en línea con lo que recomiendan organismos financieros internacionales.
A las contradicciones en el equipo de gobierno se sumó el canciller Alejandro Foxley cuando señaló que Chile estaba preocupado por la nacionalización de los hidrocarburos dictada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, que obligó a la propia Bachelet a rectificarlo.
Por: Angel Pino Rodríguez. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 7 de Mayo 2006
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