La moción patrocinada por los senadores Arancibia, Larraín y Prokurica y por los ex senadores Boeninger y Silva Cimma, concede a las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica o la libertad personal, cometidos por agentes del Estado, entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, el beneficio de cumplir una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta.
El proyecto además concede el beneficio de la remisión condicional establecido en la ley Nº 18.216 a los sentenciados que, durante la pena impuesta, alcancen la edad de setenta años o que sufran una enfermedad grave o incurable, siempre que hayan cumplido la mitad de aquella.
«Nosotros pensamos que es una iniciativa de la mayor gravedad. Es una infracción grave a la Constitución a todos los tratados internacionales, especialmente el pacto de San José de Costa Rica. Por este proyecto se beneficiarían responsables de crímenes atroces, como el de Tucapel Jiménez, entre otros», dijo Ominami.
El senador consignó que nuestro país ya fue castigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso Almonacid, por lo que «esta iniciativa dejaría en un muy mal pie la política internacional de Chile, que busca poner a los derechos humanos en el centro de su atención».
El parlamentario indicó que existe un doble estándar de la derecha, «en el que hay una mano dura respecto a la delincuencia, pero realmente, mano blanda contra el terrorismo de Estado. En el caso de la ley de responsabilidad penal juvenil se estableció que debiera cumplir por lo menos 5 años de reclusión un joven que comete un delito grave, Aquí un violador de derechos humanos, que tiene más de 70 años, también debiera cumplir una pena de 5 años. Hay un tema moral muy importante», recalcó.
Ominami sostuvo que «el Gobierno tendrá que reaccionar y dar su punto de vista» respecto al proyecto en cuestión. «Espero que el día miércoles reaccione con vigor, de manera que la Concertación pueda rechazar este proyecto», enfatizó el senador.
Por su parte el diputado Tucapel Jiménez Fuentes hizo un llamado a los senadores oficialistas y también de la oposición a rechazar la moción el próximo miércoles. «Personalmente he estado en contra de todo indulto y amnistía. Esto le hace un tremendo daño a las sociedades. De cierta manera se trata un indulto, al rebajar las penas a diez años», dijo.
El diputado sostuvo que «los violadores de derechos humanos han tenido todo tipo de beneficios. Cuando fueron procesados lo hicieron en Punta Peuco dos; a la hora de ser condenados se le aplica siempre la media prescripción o prescripción, por lo que reciben condenas muy bajas».
«Creo que ellos ya cuentan con los beneficios habidos y por haber. Este proyecto de ley lo que hace en definitiva, es crear la impunidad en el país, lo que atenta contra todos los tratados internacionales, y más aún en un momento en que Chile está postulando al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», recalcó el diputado.
Santiago de Chile, 5 de octubre 2007
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