CONCERTACIÓN LLAMA A LA DERECHA A NO CERRAR DEBATE SOBRE EDUCACIÓN

“Queremos señalarle a la derecha que recapacite, no cerrando el debate, porque Chile necesita discutir con serenidad estas materias”, señaló el vocero de la Concertación y presidente del PPD, Sergio Bitar, luego de la reunión sostenida esta mañana entre los presidentes de los partidos de la Concertación, Soledad Alvear (DC) y Camilo Escalona (PS), con la ministra y la subsecretaria de Educación, Yasna Provoste y Pilar Romaguera, respectivamente en la sede del PPD.
“Queremos manifestar nuestro respaldo más pleno al proyecto de ley general de Educación, que constituye un cambio muy importante al comenzar el Siglo 21 en relación a lo que ha avanzado Chile en materia de cobertura. Hemos valorado que se trata de una ley importante pro calidad, que lo que busca es calidad de la educación para todos los niños de Chile”, señaló Bitar.
El coordinador de la alianza de gobierno manifestó que “esta ley establece por primera vez un conjunto de normas y requisitos que antes no había: requisitos para ser un buen sostenedor, evaluación de los resultados, estándares de calidad, de manera de que si una escuela reiteradamente no los cumple, no se puede castigar al niño, hay que dar la calidad o si no hay que cerrar esa escuela”.
Agregó que esta normativa en discusión “además, establece un punto muy importante que no se ha destacado, que es que el Estado protege a los más vulnerables, pone más dinero, pero ese dinero tiene que reinvertirse en educación. No tiene ningún sentido que los dineros que pone toda la sociedad chilena para la educación vayan a otros fines (…) Los países del mundo más avanzados, que tienen la mejor educación, son, en general, con educación pública o con instituciones sin fines de lucro. Acá estamos frente a una ley que tiene 70 artículos y queremos abrir un debate nacional., y no concentrarse solamente en un solo artículo, como lo ha hecho la oposición”.
En ese sentido, Bitar indicó que “lo que corresponde es que el Parlamento se pronuncie. En una democracia es el Parlamento es el espacio donde los distintos sectores tienen que dar su opinión. En ese sentido, queremos señalarle a la derecha que recapacite, no cerrando el debate, porque Chile necesita discutir con serenidad estas materias y no en una reacción acelerada, simplemente, cerrar la discusión”.

El presidente del PPD aseveró que este proyecto de ley “es un paso muy importante, esperamos que en estos días se apruebe la subvención preferencial, que va a dar más dinero al niño de la familia que proviene más modesta para mejorar la calidad de su educación y esto es parte de un programa más general, de superintendencia, cambio en la organización municipal, además de la asignación preferencial”.
Mensaje a los sostenedores
Asimismo, el vocero del oficialismo envió un mensaje a los sostenedores de los colegios particulares subvencionados por el Estado: “Los sostenedores particulares, que reciben recursos del Estado y que tienen que reinvertir en educación, queremos expresarles una voz de tranquilidad en el sentido de que tienen todos los espacios para una gestión autónoma, pedagógica de sus colegios, y también todos los espacios para la gestión autónoma financiera de sus colegios, de manera que queremos que ese desarrollo continúe”.

Santiago de Chile, 16 de abril 2007
Crónica Digital , 0, 27, 21

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Se le imputan 20 cargos por asociación ilícita para delinquir, especulación (hurto de fondos públicos) y falsedad ideológica, homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada con relación a las masacres de “Barrios Altos” (1991) y de la Universidad “La Cantuta” (1992), torturas reiteradas y otros. Las violaciones de Derechos Humanos cometidas en Perú entre 1990 y 2000 constituyen crímenes contra la humanidad de carácter generalizado y sistemático. El derecho internacional reconoce como tales, entre otros, al homicidio, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición forzada de personas y la tortura, entendida como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…” En el “Informe Final” de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación” de agosto de 2003, se atribuye a las autoridades peruanas encabezadas por Fujimori, grave responsabilidad en los horrores cometidos, al «abdicar sus facultades en las Fuerzas Armadas en todo lo relativo a la lucha contra-subversiva» e incurrir «en la más grave responsabilidad al desatender las denuncias de violaciones de derechos humanos o, en muchos casos, (…) garantizar la impunidad para los responsables.» Debe responder de los 15 asesinados en “Barrios Altos” y los 10 en “La Cantuta”, ejecutados por el “Grupo Colina”, vinculado a través de Montesinos con Fujimori, quien en noviembre de 1991 firmó el Decreto Legislativo No. 746, que amplió las funciones del SIN y dispuso que este organismo dependería directamente del Presidente. Debe responder también del secuestro y torturas de detenidos en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejercito: casos de Susana Higushi Miyagaea (ex Primera Dama), de Leonor La Rosa Bustamente, de Gustavo A. Gorriti Ellenbogen, de Hans H. Ibarra Portilla y de Samuel Edward Dyer, entre muchos. Tanto Chile como Perú son parte en la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y, en tal calidad, tienen la obligación de investigar y, si procede, procesar y castigar a los responsables de haber cometido u ordenado cometer tortura (entre otros crímenes considerados), conductas que hacen procedente la extradición al incorporarse automáticamente al tratado vigente. Si no se extraditara por cualquier causa, Chile debe someter el caso a sus tribunales a efecto de su enjuiciamiento, determinando la justicia chilena la responsabilidad de Fujimori, asumiendo la tarea de juzgar, hecho que contraría la doctrina sustentada por Chile con ocasión del “caso Pinochet”, según la que Perú sería el único país con jurisdicción para juzgar a su ex Presidente. Leonardo Aravena Arredondo es Profesor de Derecho, Universidad Central de Chile Coordinador […]

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