Conocida como ASPA (American Servicemembers Protection Act), la ley está en discusión en el Congreso estadounidense ante los inconvenientes que provocan al obligar a países amigos que suscriben el acta a firmar un acuerdo bilateral de inmunidad para sus militares en el exterior.
La ley faculta al Presidente estadounidense a usar «todos los medios» necesarios para liberar a ciudadanos de su país arrestados por orden de ese tribunal en cualquier lugar del mundo, no importa la magnitud del crimen que hayan cometido.
Quienes no están dispuestos a asumir ese acuerdo se arriesgan a recibir como sanción la suspensión de toda asistencia militar norteamericana, como la venta de repuestos, piezas y partes de armamento o la capacitación de efectivos militares.
Los analisistas de gobierno estiman que, de ratificarse el TPI, las eventuales «restricciones» podrían afectar aspectos de capacitación y transferencia tecnológica en Defensa. En el Ejecutivo dicen que esos dos puntos están ligados a la compra de todo sistema o armamento.
Se teme además que las recientes fragatas adquiridas por la Armada, algunas de las cuales están en pleno proceso de equipamiento, podrían verse perjudicadas, pues gran parte de sus sistemas y armamentos proceden de Estados Unidos.
Un efecto similar tendría en futuros sistemas que desee incorporar la Fuerza Aérea, con su formidable flota de combate, la más potente de América Latina, integrada por 28 modernos cazas F-16, de fabricación norteamericana.
La esperanza del Gobierno chileno -el único país sudamericano que mantiene pendiente su adhesión a la CPI- es que la legislación sea dejada sin efecto por Estados Unidos mientras dura aquí el debate legislativo.
De lo contrario, cabe la posibilidad de recibir sanciones, que en el gobierno espera sean menores, considerando que «Chile ha demostrado ser el aliado más confiable de esta parte del continente», según fuentes de la cancillería.
Por ello -indican- la estrategia diseñada por La Moneda, luego de la reciente reunión que sostuviera el titular del Exterior Alejandro Foxley con la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se enfila hacia dos vertientes:
Avanzar en la reforma constitucional, a partir de seguridades dadas por Rice de que la ley podría derogarse pronto ante las crecientes presiones internas, al tiempo que puede mostrar a la comunidad internacional que Chile apoya efectivamente el CPI.
En ese período, que puede durar de ocho meses a un año, el Congreso avanzaría en la tipificación de los delitos no contemplados en la legislación chilena, pero sí en el estatuto de Roma, como son el genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Más de 100 estados han ratificado hasta la fecha el Estatuto de Roma, documento suscrito en 1998 y que dio origen, a partir de 2002, al Tribunal Penal Internacional.
En América Latina, Brasil, Costa Rica, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y, más recientemente, México, se adhirieron ya al TPI sin entregar inmunidad a los ciudadanos norteamericanos, lo que los deja expuestos a la posibilidad de sanciones.
Santiago de Chile, 10 de Mayo 2006
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