Para millones de personas en el mundo se cerraron las cortinas de un largo proceso, más político que jurídico, iniciado en octubre de 1998 cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres.
Tras un escandaloso regreso a Santiago de Chile y ser desaforado, el general golpista debió someterse a los tribunales, como reclamaron el gobierno de la Concertación, la derecha política y los militares durante su encierro en la capital europea.
Sin embargo, la historia fue otra. El ex militar llegó y sorteó en el país sudamericano, que administró con mano dura y sangre durante 17 años, un sinnúmero de obstáculos en la justicia y logró alejarse del banquillo de los acusados y de una merecida condena.
Como era de esperar, hace cuatro años la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió cerrar para siempre la causa Caravana de la Muerte al considerar que la enajenación mental que padecía Pinochet, conocida como demencia vascular, era irreversible.
Tal razón lo inhabilitaba para continuar un juicio en su contra.
El fallo suspendió el expediente que el juez especial Juan Guzmán le inició al ex gobernante de facto en el que figuraba como encubridor de las desapariciones de 76 presos pol!ticos perpetradas por la comitiva militar, a pocos días del golpe de Estado de 1973.
Para defensores y acusadores, el principal efecto de aquella resolución era que cualquier otra querella que pretendió iniciarse contra Pinochet, aunque pudo cursarse legalmente, no tuvo viabilidad.
En los momentos en que se dictó el histórico fallo, Eduardo Contreras, abogado demandante en el caso, manifiestó que prevalecía un sentimiento de frustración «porque no pudimos ver cumplir la última etapa de cualquier proceso judicial, que es la condena.
Todo proceso tiene que terminar en una sanción, indicó.
En sus reflexiones, Contreras consideró que en «este caso, bajo el subterfugio de una supuesta demencia, la Corte Suprema de Chile, presionada por el gobierno de la Concertación, dictaminó una locura que demostró ser burda».
Argumentó que a las 48 horas «el loco (Pinochet) se estaba paseando por Iquique (ciudad norteña), se estaba burlando de lo que había ocurrido, y su propia señora (Lucía Hiriart) dijo que había que ser imbécil para pensar que estaba loco».
Por lo cual -añadió Contreras- trató de imbéciles a los ministros (jueces) de la Corte Suprema sin decirlo. Sólo amargura y desilusión entregó la justicia chilena a los acusadores de Pinochet.
Paralelamente con el sentimiento de frustración hubo también la sensación de que pese a todo se obtuvo una victoria democrática dentro de los marcos del Chile de hoy, precisó el jurista.
Reconoció que en su país no existe una democracia real, es una transición sin desarrollarse a plenitud. Quedan muchos remanentes de la dictadura (1973-90).
En ese escenario haber logrado desaforar al ex dictador y procesarlo en Chile resultó distinto que hubiera sucedido en Europa. Hay un mérito muy especial.
Por una parte, porque se convenció a la opinión pública de que ya no era posible discutir que Pinochet fue realmente el culpable principal de todos los asesinatos, violaciones, torturas perpetrados durante su dictadura.
Por otro lado, desde el punto de vista psicológico y sociológico, ayudó a liberar al pueblo chileno de una carga de miedo terrible que aún pesaba de la dictadura.
Digo esto -afirmó Contreras- porque uno percibe hoy la sonrisa de mucha gente que perdió un familiar o tiene un detenido desaparecido y vivió con una carga muy terrible.
Esas víctimas nos han comunicado que después del desafuero y procesamiento de Pinochet sientieron que algo de ese pesado fardo se alivió y pueden volver a sonreir.
A las claras, el intocable fue tocado, el invulnerable fue vulnerado, y pasó a la historia como un dictador feroz que fue salvado sólo por loco y eso no es un detalle menor, dijo el letrado.
Existen otros motivos para la satisfación, pese a la salida que se le dio al Caso Pinochet.
Hay más que un motivo para sentirnos satisfechos como abogado, como hombre de los derechos humanos y fue justo haber patrocinado a Gladys Marín y al Partido Comunista de Chile en enero de 1998 en esa primera querella contra el golpista.
Hay motivos de satisfacción porque en estos años se han investigado muchos delitos, se han esclarecido muchas verdades. Déjame decir que el ejemplo de Pinochet se multiplicado por el sur y norte del pa!s, donde se procesan a civiles y militares.
Si no hubiera sido por el desafuero y enjuiciamiento del ex dictador, jamás los jueces se habrían atrevido a procesar a latifundistas y militares.
Han pasado más de 30 años de los crímenes y ahora tenemos muchos casos de nuevos procesos que se abren contra oficiales del Ejército y civiles que participaron en asesinatos.
Respecto a la detención en Londres, ordenada por el juez español Baltazar Garzón en 1998, Contreras afirmó que el magistrado europeo «tenía razón desde el punto de vista jurídico».
«Era más fácil por el desarrollo de naciones más maduras de haberlo procesado allí (Londres o Madrid). Pero al mismo tiempo que concedo esa razón, creo que nada de lo hecho aquí (Chile) fue inútil».
Había que jugársela porque habría sido una verguenza para Chile que nuestro mayor delincuente fuera enjuiciado en otro país y los chilenos no fuéramos capaces de procesarlo. No logramos la condena, pero lo desaforamos y lo procesamos.
Según el abogado demandante, nada de esto hubiera sido posible sino hubieramos interpuesto aquella acusación de 1998. Pese a que el ex gobernante no fue a la cárcel, entró a la cárcel de la historia y moralmente está condenado, reiteró.
«Pinochet está definitivamente fuera del juicio político, está condenado en el juicio de la historia», sentenció Contreras.
Osvaldo Cardosa Samon, es periodista cubano y ex corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 12 de diciembre 2006
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