Sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos exigen investigar la responsabilidad política de autoridades de anteriores gobiernos de la Concertación en el caso de la identificación errónea de casi un centenar de víctimas de la dictadura.
Los principales dardos apuntan, además de los funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) -dependiente del Ministerio de Justicia-, a los ex titulares de esa cartera Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Luis Bates, y también al ex presidente Lagos.
Aunque desde 1994 había evidencias de errores cometidos en la identificación de cerca de un centenar de restos entregados a familias equivocadas, ninguna de las autoridades tomó medidas para aclarar la situación hasta la semana pasada en que el SML lo reconoció oficialmente.
«No hay que presuponer que alguien haya actuado con mala fe o con la intención de ocultar la verdad. Durante muchos años se hizo lo posible para que no quedaran vestigios ni restos ni huellas», dijo la mandataria en una declaración a la prensa que no estaba programada.
Resaltó que «construir la verdad es y será una tarea difícil que queremos y debemos continuar» y atribuyó el dolor que enfrentan los familiares de los desaparecidos a la dictadura militar.
Sus declaraciones tienen lugar luego que la abogada querellante en causas de derechos humanos, Pamela Pereira, criticó duramente a Lagos por no haber reaccionado frente a los errores del SML durante su gobierno, pese a que ella le advirtió desde 2002 sobre la tragedia que se avecinaba.
Bachelet recordó que el drama que «hemos enfrentado todos estos años es la herencia de una dictadura donde hubo silencio, tortura, ocultamiento de información y atropello a los derechos humanos».
«Por lo tanto, y por lo dramático de todo esto, yo quiero llamar a la calma y a la prudencia en un tema delicado y de tanta sensibilidad para todo el país. Es inimaginable que pudiera haber alguien que quisiera sacar ventajas de un caso tan dramático», recalcó.
La gobernante señaló que «aún quedan desaparecidos en nuestro país y como Presidenta me hago cargo de esta herida abierta, lo enfrentaremos con voluntad y decisión, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en más verdad y más justicia».
Bachelet dispuso un conjunto de medidas para enfrentar la errónea identificación en 48 de los 96 restos de detenidos desaparecidos hallados y exhumados en el Patio 29 del Cementerio General en 1991 y sus consecuencias de todo tipo para los familiares.
Entre ellas, la creación de una coordinadora para establecer las responsabilidades, un sumario interno al interior del SML, el anuncio de que se creará una comisión investigadora en la Cámara Baja y un nuevo sistema de análisis de ADN.
Santiago de Chile, 27 de abril 2006
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