RECHAZAN EXPLICACIONES DE UTEM FRENTE A IRREGULARIDADES

Por un convenio entre la UTEM y Aula, se transfirió a esta Sociedad la administración del Programa Regular de Formación de Profesores de Educación General Básica en las sedes de Ovalle, San Antonio y San Fernando, en el marco de cuya implementación se habrían registrado irregularidades que involucran a cerca de medio millón de dólares.

Gallardo dispuso en septiembre del año pasado, “en forma arbitraria y transgrediendo lo establecido por el convenio”, que los depósitos de pago de las matrículas y aranceles de los estudiantes fueran centralizados en la cuenta corriente de EDUTEM, una sociedad privada que controla la Universidad y cuyo presidente es el rector Miguel Avendaño.

“Aula quedó privada de ingresos económicos para resolver los compromisos derivados de la administración del Programa”, explicó Flores en una conferencia de prensa en que se denunció el hecho a comienzos de este mes y que fue informada por Crónica Digital.

Por tanto, explicó Flores, “la Universidad, a través de EDUTEM, percibió de una forma indebida la totalidad del monto como ingreso, y transfirió todos los pasivos (derivados de la administración) a Aula”.

Conforme a las estimaciones de Aula, “EDUTEM se apropió de 261 millones 574 mil 760 pesos, es decir, de casi medio millón de dólares”.

Explicó que la situación tiene como telón de fondo “un escenario caracterizado por las reiteradas denuncias” contra la Universidad, que señalan que la institución acumula una deuda calculada en 17 mil millones de pesos, que el rector reconoce en 7 mil millones.
Asimismo, indicó que la Sociedad Aula se encontraba en contacto con “los estamentos de la comunidad universitaria de UTEM, a partir de la percepción que la grave situación que hoy enfrenta Aula forma parte de un cuadro mayor de anomalías”.

De hecho, la denuncia fue respaldada por el directivo de la Federación de Estudiantes de UTEM, Eduardo Terán.

LA DEFENSA DE UTEM

En declaraciones formuladas al diario “Proa” de San Antonio el 10 de enero, Gallardo señaló que “Aula es una empresa privada que firmó un convenio con la UTEM y no cumplió con lo estipulado”, frente a lo cual “debí enviar una nota a Rectoría haciendo ver el incumplimiento (…) para que se tomaran las medidas pertinentes”.

Aquel incumplimiento de Aula se habría traducido, según el directivo, en el “pago de sueldos de profesores, funcionarios administrativos y auxiliares, arriendo”, todo lo cual habría causado “un efecto contrario a nuestro quehacer académico”.

Agregó que Rectoría llamó a este señor (Flores) para que aclarara la situación (…) pero ello no ocurrió”. Por consiguiente, concluyó, “la Universidad debió tomar medidas más drásticas y esto aún está en proceso, por lo cual nos llama mucho la atención que este señor haga este tipo de declaraciones, porque sin duda no dice toda la verdad”.

“El cometió un error como entidad”, subrayó Gallardo, agregando que el hecho de que Flores hubiera denunciado anomalías que comprometerían “200 y tantos millones causa bastante extrañeza, ya que no ha presentado ninguna prueba, documento, del manejo que hizo de las platas, donde explique recaudé tanto, se gastó tanto”.

“Ahora también es bastante extraño que él se contacte con un dirigente de la Federación de Estudiantes, organismo propio de la Universidad, siendo que su empresa es externa”, manifestó. Agregó: “Además, señala que esto se suma a otras irregularidades, es decir como empresa privada está juzgando a una universidad estatal, lo que es absurdo”.

Consultado respecto de las eventuales motivaciones de la denuncia de Flores, aseveró: “Puede ser que esté muy desesperado porque perdió un negocio”, en circunstancias que “no podíamos sustentarlo, porque íbamos a fracasar y a nosotros este programa nos interesa de manera especial, porque es esencialmente social”.

“Es la Universidad la que tendría el derecho a querellarse contra una empresa privada”, comentó.

FALSAS IMPUTACIONES

Al respecto, José Manuel Flores manifestó que “es digno de subrayarse que Gallardo reconoce la existencia de un convenio entre Aula y la UTEM. No obstante, omite que el convenio se encuentra en plena vigencia hasta ahora”, hecho que se contradice con la disposición que Gallardo “impuso en forma arbitraria” en septiembre del año pasado, en el sentido de centralizar los depósitos de pagos de matrículas y aranceles de los alumnos en la cuenta corriente de la Sociedad EDUTEM.

“Se trata de un hecho evidentemente irregular, puesto que los convenios tienen una formalidad que impide que sin aviso previo se dé por finalizada una relación contractual que en este caso nos liga por cinco años renovables. De hecho, hasta hoy no existe notificación formal alguna que de término a dicho convenio”, enfatizó Flores.

Agregó que “las imputaciones que Gallardo realiza a la gestión realizada por Aula son de falsedad absoluta. Aula cumplió con los términos del convenio, en lo que respecta a la administración del Programa de Formación de Profesores de Educación Básica en Ovalle, San Antonio y San Fernando”.

Precisó que la totalidad de los profesores se encuentran pagados en sus remuneraciones del semestre Primavera 2004 y cerca del 80 por ciento en el semestre Otoño 2005.

Los problemas a los que aludió Gallardo en materia de pago de sueldo de profesores, funcionarios administrativos y auxiliares, y arriendo “son el resultado de aquella medida arbitraria e irregular que este directivo adoptó en septiembre pasado, y otras decisiones anómalas que se produjeron a lo largo del 2005, por medio de las que Aula dejó de percibir ingresos por un monto cercano al medio millón de dólares”.

Añadió: “Gallardo omite señalar que administraciones anteriores a Aula ya adeudaban sueldos a profesores, a lo menos desde 2003, y que Aula debió regularizar los arriendos impagos por las sedes de San Antonio, Fernando y Ovalle”.

De hecho, subrayó, “pensamos que uno de los hechos que debiera ser investigado es la relación de la UTEM con sociedades privadas, a las que se transfiere la administración de programas académicos, colapsan tras un período de gestión y terminan concentrando todos los pasivos”.

EL INTERES PÚBLICO

Flores rechazó las “temerarias afirmaciones” del directivo de UTEM en el sentido que Aula “no ha presentado ninguna prueba, documento” de sus denuncias.

“Al momento que pusimos a disposición de la opinión pública estos hechos irregulares lo hicimos entregando antecedentes detallados y rigurosos, que habían sido informados previamente a la Rectoría de la UTEM a través de cartas Nos. 117, 118 y 119 del 3, 12 y 19 de octubre del año pasado, y también a la directora de la División Jurídica de la Universidad, Clara Viviani, a través de carta despachada el 4 de noviembre”, detalló.

“Todas nuestras aseveraciones se encuentran respaldadas por documentación que, por cierto, pondremos próximamente a disposición del Poder Judicial”, anticipó.

Respecto de la “sorpresa” de Gallardo por la relación de Aula con un directivo de la Federación de Estudiantes, Flores comentó que “los dirigentes estudiantiles, así como representantes de otros estamentos universitarios que se han contactado con nosotros, se encuentran preocupados por la situación que enfrenta Aula en tanto que pudiera dar cuenta de un cuadro eventualmente mayor de hechos presuntamente anómalos en las relaciones que la UTEM ha establecido con sociedades privadas a las cuales transfirió la administración de determinados programas académicos”.

Sobre las afirmaciones de Gallardo sosteniendo que resulta “absurdo” que una “empresa privada” pretenda “juzgar” a una “universidad estatal”, José Manuel Flores indicó que era “el paroxismo de la afirmación falaz”.

“Sostenemos que por tratarse de una universidad pública tenemos el derecho ciudadano al cuestionamiento y la crítica”, manifestó.

“Somos ciudadanos que, en una relación de trabajo académico con la UTEM, hemos sido víctimas de un hecho anómalo. Sin embargo, nuestra preocupación principal no es el ‘negocio’, como dice en forma burda y grosera el directivo (aunque un poco después contradictoriamente aseveró que ‘aquí no estamos hablando de un negocio’). Nuestro propósito es cautelar el interés público, comprometido en este caso”, concluyó.

Santiago de Chile, 20 de enero 2006
Crónica Digital, 0, 335, 3

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