El Gobierno de Chile deploró tácitamente la actitud de la senadora derechista Jacqueline van Rysselberghe de visitar la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen condenas criminales de la dictadura de Augusto Pinochet.
La ministra de Gobierno y portavoz oficial, Paula Narváez, consideró en breves declaraciones a radio Cooperativa que la presencia de la presidenta de Unión Demócrata Independiente (UDI) habla por sí misma.
Demuestra el papel que ellos (la UDI y la derecha) han tenido en la historia del país, recalcó sin abundar en el tema.
Aunque admitió que en calidad de ciudadana, la líder de la UDI tiene plena libertad de dirigirse a la zona (de Punta Peuco), una prisión muy criticada por ofrecer condiciones de privilegios a los reos.
Narváez recalcó no obstante, que la visita de Van Rysselberghe «sincera claramente cuál es el espacio político en el cual ellos se mueven».
«Es ella quien debe explicar el alcance y propósito de la visita», apostilló.
Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, lamentó que la legisladora de la derecha de un paso de este tipo en nombre de su partido.
«Acá hay un tema que se desnuda ante la opinión pública que es bastante preocupante para la democracia y para lo que nosotros hemos llamado el nunca más», remarcó Pizarro también a Radio Cooperativa.
Si la señora Van Rysselberghe quisiera ir a ver a los presos de Punta Peuco a título personal, está en su pleno derecho. El problema es que ella visita a genocidas en representación del partido, señaló contrariada.
Punta Peuco es el centro penitenciario donde cumplen largas condenas militares y agentes de la dictadura de Pinochet, autores materiales de asesinatos, torturas y desapariciones de 1973 a 1990.
La legisladora encabeza una cruzada en el país austral para permitir que sentenciados con avanzada edad o que padezcan de enfermedades terminales, puedan terminar las condenas en sus casas.
Sin embargo, esta idea provocó airadas protestas en Chile, donde la junta militar de Pinochet dejó una secuela de tres mil 200 personas asesinadas, mil 200 desaparecidos y más de 33 mil ciudadanos torturados.
Santiago de Chile, 11 de marzo 2017
Crónica Digital /PL
