INDÍGENAS CHILENOS AMENAZAN CON SUSPENDER EL DIÁLOGO

Visiblemente molestos y amenazantes, familiares de los cuatro mapuches que mantienen desde hace casi dos meses una huelga de hambre dijeron que el mandatario en funciones no les ofreció ningún tipo de solución para la situación de los comuneros presos.

Los dirigentes y familiares, encabezado por el lonco (jefe indígena) José Cariqueo, no quisieron hacer declaraciones a la salida de la sede del Ejecutivo, pero se trasladaron a la Central Unitaria de Trabajadores donde dieron a conocer luego los alcances de la reunión.

Cariqueo dijo que Zaldívar no aportó nada nuevo en más de hora y media de reunión y en esas condiciones no sirve de nada mantener un diálogo. «Las autoridades serán responsables de las consecuencias», advirtió el dirigente indígena.

Juan y Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricio Troncoso fueron condenados el 2005 -bajo una ley antiterrorista aprobada en la dictadura militar- a 10 años de cárcel y el pago de una indemnización de 820 mil dólares por presuntamente quemar una empresa forestal.

Los cuatro se declararon en huelga de hambre desde el 13 de marzo pasado en reclamo de un nuevo juicio por tribunales civiles donde puedan demostrar su inocencia y ser trasladados a un centro penal agrícola donde puedan trabajar mientras se concluye el proceso.

Según Cariqueo, el Gobierno sólo se limitó a señalarles que la libertad de las cuatro personas no depende del Ejecutivo, pues no hay un indulto por condenas de la Ley Antiterrorista.

La abogada Alejandra Arriaza, quien representa a los condenados, afirmó que Zaldívar trató el tema con la presidenta Michelle Bachelet, y estimaron que la situación debe ser resuelta en el Parlamento, pero el gobierno se abstendrá de encabezar cualquier iniciativa.

Agregó que lo único que les ofrecieron fue trasladar a los mapuches al Centro de Trabajo y Estudio de la Novena Región, pero «rechazó hacerse cargo del problema».

Cariqueo, en tanto, agradeció el apoyo recibido y llamó a las organizaciones sociales y representantes mapuches para que defiendan con firmeza a «esos cuatro presos políticos mapuches».

A nombre del Ejecutivo, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jaime Andrade, descartó no obstante un quiebre en las relaciones y sostuvo que se han producido avances en las negociaciones.

La pasada semana la Corte Suprema denegó un recurso de amparo interpuesto por la defensa de los mapuches para que se celebre un nuevo juicio en tribunales civiles a los cuatro comuneros, que alegan son inocentes de los cargos.

Las organizaciones indígenas pidieron la pasada semana la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas en Ginebra, y la protección del organismo internacional ante las persecuciones y hostigamiento de que son objetos en Chile.

Santiago de Chile,10 de Mayo 2006
Crónica Digital/PL , 0, 75, 3

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Mié May 10 , 2006
Martínez se mostró «molesto» y «preocupado» por la actitud conciliadora de La Moneda con el empresariado y la derecha opositora en una normativa que buscaba terminar con los abusos de empresas privadas que subcontratan trabajadores para terceros en condiciones irregulares. El proyecto, que lleva años estancado en el Congreso, había sido conciliado entre las bancadas de los partidos que integran la coalición de gobierno y se encontraba listo para ser aprobado por la mayoría con que cuenta el oficialismo en ambas cámaras. Sin embargo, la presidenta Michelle Bachelet dispuso sorpresivamente postergar la votación hasta la semana próxima para dar tiempo a la derecha opositora a que presente su propio proyecto, en cuya versión se propone cambios sustanciales al texto negociado. «Por esta vergüenza de la Concertación, vamos a llamar a un paro nacional si es necesario», afirmó indignado Martínez, tras denunciar que detrás de la medida lo que se busca beneficiar a las empresas privadas a expensa de los intereses de los trabajadores. Dijo que «lo mínimo que puede hacer el gobierno es impedir que se sigan dando tantas razones sociales dentro de las empresas». «Eso es seguir al filo de la ley con el tema de los impuestos, y crear las condiciones para eludir todas las responsabilidades de la empresa mandante, respecto de los temas sindicales, previsionales y laborales», advirtió. Subrayó que si no se resuelve eso, como mínimo, no tendría sentido que se aprobada el proyecto del ley. La molestia del líder de la principal central obrera del país afloró luego de que el senador de la extrema derecha Pablo Longueira indicara que se llegó a un «preacuerdo» en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputado. «El tema de la empresa está despejado. Se mantiene la definición que está en el Código del Trabajo, y se mantendría una definición y no dos, como está planteado en el texto del proyecto original», aseguró Longueira. Martínez aclaró que su molestia no es gratuita y tiene que ver con que la CUT ha sido clara en resaltar que no es partidaria del proyecto logrado por la coalición gobernante, por considerarlo «lo mínimo que pueden aprobar» «Pero si ahora, además, quieren seguir modificándolo, sacándole el nuevo concepto de empresa… ¡Se están riendo de los trabajadores!», exclamó. Señaló que se opondrá fuertemente al pacto, «porque lo que la derecha y el empresariado quiere es que las empresas sigan eludiendo su responsabilidad con los trabajadores, por concepto de las utilidades», lo que calificó de «una sinverguenzura». Santiago de Chile, 10 de Mayo 2006 Crónica Digital/PL , 0, 111, 3

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