La iniciativa fue respaldada al término de la sesión especial en la que se analizó la situación que afecta a los exonerados políticos en el país y la demora con la que el Ministerio del Interior ha calificado la situación de estas personas para la entrega de beneficios previstos en la ley aprobada en 2004.
La jefa de la Bancada de Diputados del Partido Por la Democracia, Adriana Muñoz, acusó a los parlamentarios de la Alianza por Chile de utilizar políticamente el tema, afirmando que junto con criticar la demora con la que ha actuado el gobierno frente al tema debieran hacer también un Nunca Más en este caso, porque fueron ellos los que despidieron a esas personas durante el gobierno militar por pensar distinto.
Junto con este acto de contricción que están haciendo acá, diciendo que hay que darle un buen trato a los exonerados, deben asumir que ustedes los exoneraron, ustedes los persiguieron, los despidieron de sus trabajos por pensar distinto. Un acto de contricción diciendo que nunca más, sea cual sea el escenario que se provoque en este país, ustedes van a echar a la gente de su trabajo por pensar distinto a los que se instalen en el gobierno, dijo Muñoz.
Pese a esto, la parlamentaria también se hizo cargo de las deficiencias e ineficacias surgidas en la aplicación, especialmente, de la última ley de exonerados políticos en el marco de la cual se presentaron más de 150 mil solicitudes.
La diputada Muñoz también reiteró sus críticas al papel que en este caso ha desempeñado la Contraloría General de la República, organismo al que calificó de gheto de funcionarios del gobierno militar, que tiene absolutamente frenado la calificación y análisis de los exonerados políticos.
El subjefe de la bancada, Jaime Quintana, en tanto, si bien reconoció que algunos servicios del estado han actuado con lentitud frente al tema, también acusó a las personas ligadas al gobierno militar a las que se traspasaron muchas de las empresas autónomas del Estado, de ocultar los documentos de miles de personas que fueron exoneradas.
Por cierto aquí hay una lentitud en el proceso y en recopilar los antecedentes. Pero aquí no podemos dejar de reconocer que personas ligadas al gobierno militar que se apoderaron del Estado hicieron desaparecer los antecedentes y por eso esos antecedentes no los pueden encontrar hoy día muchas personas que corresponden a exonerados políticos, dijo Quintana.
El parlamentario también recordó que hay muchas personas ligadas a la dictadura, como el ex ministro Sergio Onofre Jarpa, ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), o a Edwin Dimter Bianchi, alias El Príncipe, quien es el principal procesado en la muerte del cantautor Víctor Jara, que reciben pensiones como exonerados políticos, situación que dijo- debe terminar y dársele dignidad a los exonerados políticos.
El diputado Enrique Jaramillo manifestó que los exonerados de los que hoy estamos hablando y a los que queremos hacer justicia son chilenos que simplemente fueron despedidos de sus trabajos por pensar de una manera diversa al régimen autoritario que se impuso a partir del 11 de septiembre, cuyas familias vieron interrumpidos sus proyectos de vida y despojadas de sus ingresos y de miles de trabajadores que fueron tratados como parias, que no fueron recibidos en ningún otro lugar, simplemente por pensar distinto.
La Cámara acordó solicitar a la Presidenta Bachelet adopte las medidas que estime necesarias para elaborar un plan de intervención de todas las instituciones que tienen a su cargo la implementación de la ley 19.234 y sus modificaciones tendiente a dinamizar la evaluación y posterior entrega de los beneficios a los exonerados por motivos políticos, disponiendo si es necesario la entrega de mayores recursos a dichas instituciones.
Por: Yelka Catalán
Valparaíso, 14 de septiembre 2006
Crónica Digital , 0, 85, 3
