La normativa, introducida por el senador socialista Alejandro Navarro, tiene sin embargo pocas posibilidades de ser aprobada en el pleno, donde encuentra fuerte oposición de sectores oficialistas y de la derecha opositora que le objetan visos de inconstitucionalidad.
Fuentes parlamentarias prevén que la iniciativa será objeto de una serie de indicaciones en la sala para restringir sus beneficios e intentar solucionar los vacíos constitucionales que sus detractores le atribuyen al texto original.
Por ello, se vislumbra un tránsito difícil para la normativa, que inauguró los intentos por solucionar la situación de los tres comuneros y una activista presos en la Cárcel de Alta Seguridad de Temuco, que cumplieron más de dos meses en huelga de hambre en mayo pasado.
Otro proyecto, presentado por el gobierno para cambiar la ley antiterrorista -como otra vía para beneficiar a los mapuches presos-, sigue lentamente su trámite en la comisión, en espera de recibir indicaciones de La Moneda para estrechar las diferencias propuestas.
El ministro de Justicia, Isidro Solís, reconoció la necesidad de corregir el texto del Ejecutivo, señalando que «vamos a introducir una indicación que incorpore la frase necesaria para sancionar a todos aquellos que cometan delitos con finalidad terrorista».
El proyecto gubernamental debiera ser votado próximamente conteniendo esta modificación, pero los parlamentarios insisten en la posibilidad de llegar a una solución vía indulto, aunque la derecha la sigue vinculando a una serie de medidas para «pacificar la Araucanía».
Para el senador de la conservadora Renovación Nacional, Alberto Espina, el proyecto de Navarro -aprobado con los tres votos de los concertacionistas y el rechazo de los dos de oposición- abrirá la puerta de las cárceles a una gran cantidad de delincuentes comunes.
La derecha opositora teme que la vaguedad del texto en la normativa gubernamental permita a muchas otras personas acusadas de delitos comunes, y no sólo a los mapuches presos, acogerse a la ley, lo cual sentaría un precedente muy negativo en la lucha contra la delincuencia.
Para el presidente de la instancia, senador oficialista José Antonio Gómez, las preocupaciones de la oposición son exageradas, mientras que los visos de inconstitucionalidad pueden ser corregidos mediante indicaciones parlamentarias.
La alternativa del indulto presidencial como vía para otorgar la libertad condicional a los mapuches, que fue pedida por varios senadores al gobierno sin resultados positivos hasta ahora, es la que se considera con mayor respaldo parlamentario hasta el momento.
El ministro de justicia dijo que el Ejecutivo estudiará la propuesta, pero advirtió que la derecha ha impuesto un escenario negativo para la discusión de este tipo de soluciones, al utilizar el tema para atacar al gobierno.
El senador Espina recalcó que su sector está dispuesto a aprobar un indulto para los tres comuneros y una activista presos en Temuco, siempre y cuando se impulsen además otros seis puntos de acción para lo que la Alianza ha llamado «una solución global» para la Araucanía.
La propuesta incluye que se haga un catastro de tierras sujetas a reivindicaciones por parte de las comunidades mapuche, definir políticas públicas y programas que beneficien a esos pueblos con montos asignados, fechas de cumplimiento y sistemas de control.
Gómez dijo que el planteamiento de la Alianza es una «buena idea», pero advirtió que «ellos piden que los indígenas firmen una renuncia a la violencia y las comunidades señalan que no tienen por qué hacerlo en tanto son hechos aislados de carácter peronsal».
Santiago de Chile, 9 de agosto 2006
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