COVID-19: Colegios profesionales de Chile llaman a Piñera a reconsiderar decisión de volver a trabajar y abrir comercios

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CARTA ABIRTA A PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA 

Señor, Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República, por medio de la presente queremos manifestarle nuestra preocupación y rechazo respecto a los instructivos emanados por el Gobierno de Chile, en función del retorno gradual de los funcionarios públicos a sus labores habituales de trabajo y a la reapertura de los Centros comerciales masivos en el actual contexto de pandemia.

Lo que se expone a continuación, toma en consideración dos elementos, por una parte, el principio fundamental que el mismo Gobierno ha enarbolado para el manejo de la pandemia, es decir, asegurar que la curva de contagio se mantenga en niveles controlables para el Sistema de Salud Nacional y por otra parte, considera también la necesidad de reactivación económica que implique la mantención de los empleos y por tanto la reproducción de la vida material de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.

Por lo expuesto, queremos señalar que compartimos la inquietud planteada por las Comisiones de Salud de la Cámara y el Senado, quienes declaran su preocupación por el reintegro de “los funcionarios públicos a sus puntos de trabajo de modo presencial y la apertura de malls y comercio en las ciudades, en momentos en que la pandemia, según declaraciones del propio gobierno, se aproxima a su momento peak de casos contagiados, lo que supone la máxima tensión para el sistema sanitario”.

No obstante, sabemos que es necesario para muchos trabajadores volver a retomar sus labores, entendiendo que sus ingresos tienen directa relación con su presencia en los puestos de trabajo, como es el caso de los trabajadores independientes, comercio en general y los trabajadores informales.

Teniendo presente lo expresado, queremos plantear lo siguiente:

Primero, antes de tomar una la decisión de retomar las labores productivas, considerar en detalle las condiciones de contagio de cada región para así decidir correctamente caso a caso.

Esto implica que es necesario considerar además de las condiciones generales de cada rubro de trabajo, las condiciones particulares territoriales, de carácter geográfico, climáticas, de transporte, de distribución y densidad de la población, para adoptar las medidas necesarias que aseguren el bienestar de la ciudanía.

Segundo, en el caso de las actividades del sector público que requieran de la presencia de sus funcionarios y que impliquen atención directa de público, es imperativo tomar las medidas que aseguren el mantener las condiciones de distanciamiento físico y la sanitización de los espacios comunes, antes de retomar dichas labores.

Tercero, es fundamental que las decisiones del Estado estén sustentadas en antecedentes científicos y no puramente políticos y/o económicos.

En este caso, compartimos la opinión del Colegio Médico que señala que “Desde el punto de vista técnico, basándose en recomendaciones internacionales, nos parece imprudente y arriesgado tomar esta definición. Si bien hasta el momento, las cifras presentadas por el gobierno presentan un escenario controlado, las realidades son bastante disímiles en las distintas comunas y regiones del país, corriendo el riesgo de empeorar rápidamente y perder lo avanzado hasta ahora”, lo que refuerza la idea de considerar diversas variables antes de relajar las medidas tomadas hasta ahora para enfrentar la pandemia.

Nos parece inapropiado y poco racional que el gobierno además cuente con un Consejo Asesor COVID-19 y que éste no sea consultado respecto a tan relevantes medidas como las anunciadas. Es este mismo Consejo Asesor el que señala que “parece contradictorio que el decreto establezca que este retorno gradual se deba llevar a cabo en tan breve plazo, durante el mes de abril y en un mismo tiempo para todo el territorio nacional”, fines de abril y principios de mayo son considerados los meses más complejos para la pandemia en Chile y como ya se plateó, es más apropiado tomar decisiones regionales y no nacionales.

Cuarto, las decisiones deben basarse en hechos y no en elucubraciones. Nos parece fundamental evaluar el funcionamiento del teletrabajo en este contexto, dado que hay dependencias que declaran haber funcionado de buena forma, por lo que no se requeriría volver a la presencialidad en el corto plazo.

Coincidimos con la ANEF cuando señala que: “Los/as trabajadores/as públicos han puesto todo de sí para seguir cumpliendo la función pública, aún exponiéndose al eventual contagio en situación extraordinaria y los /as que están con trabajo remoto, algunos/as atendiendo más allá de su jornada laboral ordinaria, colocando sus propios recursos al servicio de la función pública (internet, electricidad, recursos personales) y en especial las mujeres, que en muchos casos, atienden las labores domésticas y de cuidado de sus hijos/as y adultos mayores”.

Coincidimos también con la Contraloría General de la República, en torno a que los servicios pueden cumplir sus labores de buena forma manteniendo el teletrabajo, en palabras del propio Contralor Jorge Bermúdez “de acuerdo a la información que reportan los sistemas el trabajo remoto se ha cumplido de buena forma, con estos antecedentes podemos dar garantía de la continuidad del servicio, manteniendo en primer lugar la salud de funcionarios y funcionarias”.

No obstante, entendemos que lamentablemente hay otras dependencias que, dadas las características de sus funciones, requieren de mantener cierta presencialidad de los funcionarios, sin embargo, dichas dependencias no cuentan con todas las garantías para el resguardo de la salud de las personas como bien lo plantea el Fiscal Nacional Jorge Abott cuando señala que fiscales y funcionarios seguirán en la modalidad de teletrabajo “en tanto no se disponga de los medios y garantías para resguardar su salud”. Pensamos que para esos casos es necesario asegurar todas las condiciones de protección personal de los funcionarios, sanitización de los espacios, y posibilidades estructurales para el mantenimiento de la distancia sanitaria, cuestión imposible de lograr en el corto plazo.

Quinto, la gradualidad debe ir acompañada de medidas de protección previamente definidas por cada autoridad según las características propias de su servicio y de la región en que se ubique, cuestión que es imposible realizar en pocos días. El gobierno debe ser claro en la  instrucciones, dado que los criterios disímiles de las Jefaturas pueden implicar confusiones o descriterios poniendo en riesgo la salud de los funcionarios, de los usuarios de los servicios y de la población en general.

Sexto, es importante no sólo tener en consideración las condiciones de los lugares de trabajo, sino que también y por, sobre todo, las condiciones de transporte de la población. Urge, por tanto, que en el caso particular de la Región Metropolitana se tomen las medidas adecuadas para controlar la cantidad de personas por vagón en el metro y en las micros, lo que implicaría aumentar las frecuencias en horas peak y controlar el acceso. Permitir al establecimiento horarios diferidos en cada repartición pública, parecería ser otra de las opciones a considerar.

Todo esto debe ser pensado, antes de tomar la decisión de regresar a trabajar

Séptimo, queremos dejar en claro que, una vez más, el gobierno no tomó en consideración a los expertos, a la Federación de Colegios Profesionales, ni a la ANEF, ni a la CUT, lo que nos parece una falta de respeto a los profesionales, al Consejo Asesor COVID-19, a los funcionarios públicos y a los trabajadores organizados.

La ética profesional nos obliga a enviarle esta carta a pesar de no haber sido escuchados hasta ahora. Para nosotros todas las vidas son importantes, y es el deber del Estado generar las condiciones para protegerlas dado que así lo establece el artículo 19 N°1 de nuestra constitución, el que señala que “La constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona”

Sabemos que la mejor alternativa para abordar el COVID-19 debe ser construida entre todas y todos, cada uno debe poner sus mejores esfuerzos para llegar a los mejores acuerdos y mejores soluciones, todos debemos poner de nuestra parte para proteger la salud de las personas y la economía, pero es necesario que el gobierno escuche a los que saben y los que saben son los expertos y los que desarrollan las labores en terreno.

Como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones en un país fragmentado con una institucionalidad debilitada, es urgente asumir un abordaje biopsicosocial, interdisciplinario y participativo para enfrentar la pandemia, y aquí concordamos con el Consejo Asesor COVID-19 en cuanto a que la decisión de regreso de los funcionarios públicos a sus labores y la reapertura de centros comerciales, solo contribuyen a la generación de un ambiente de crisis y van en detrimento de los esfuerzos para recuperar la confianza en las decisiones y recomendaciones que haga el Estado.

Le llamamos como Presidente de la República a reconsiderar las medidas antes señaladas, es decir, postergar al regreso de los funcionarios públicos y la apertura del comercio hasta que la situación epidemiológica y las condiciones lo permitan, tomando todos los resguardos necesarios para proteger la salud de la población.

Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile

Santiago de Chile, 2020
Crónica Digital

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