La Federación Nacional de Cooperativas Mineras fue la primera en establecer un local en el centro de la ciudad de Sucre, donde sesionará la asamblea desde la semana próxima.
Al mismo tiempo se aprestan a establecer oficinas en esa urbe, capital histórica del país. las confederaciones Sindical Campesina y de Indígenas del Oriente, entre otras.
Florentino Barrientos, secretario general de la Confederación Sindical Campesina, dijo que la presencia de su organización en Sucre, sede del foro de 255 asambleístas, permitirá dar seguimiento a sus propuestas.
El senador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Antonio Peredo declaró que la vigilancia social sobre ese foro expresa al poder ciudadano, que está por encima del ejecutivo, el legislativo y el judicial.
La soberanía reside en el pueblo y su poder tiene facultades de control sobre el resto, precisó, al anunciar que el MAS busca institucionalizar en la nueva Constitución el poder popular.
Añadió que esa fiscalización ciudadana deberá reconocer las diversidad de las comunidades bolivianas, entre ellas la agraria, la de los pueblos originarios y también las juntas de vecinos y de padres de familia en las escuelas.
El jurista José Luis Gutiérrez, también del MAS, explicó que se debe institucionalizar el control social y dar a la población una real de participación, con mecanismos como el de la revocatoria de mandato por referendo.
También el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, se manifestó partidario de fiscalizar popularmente las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, encargada de entregar en un año un proyecto de carta magna.
La iniciativa del MAS, según Novillo, apunta a la construcción de un Estado Social Comunitario, basado en valores ancestrales de la cultura andina.
La vigilancia popular de las sesiones de la Asamblea Constituyente fue sugerida por el presidente Evo Morales, frente a las maniobras oligárquicas, con el uso de grandes recursos económicos, para debilitar al foro, el cual debe tener plenos poderes, según dijo.
En una reunión con militantes del MAS, el pasado miércoles, Morales explicó que la convocatoria coincide con previsiones de organizaciones sociales que convergieron en Sucre la semana pasada para ratificar su demanda de refundación del país con inclusión, justicia, dignidad y soberanía.
El mandatario alertó entonces que los sectores oligárquicos internos y externos podrían usar grandes recursos económicos para intentar dividir a los constituyentes.
Ante esa apertura, los partidos tradicionales rechazaron la presencia en Sucre de las organizaciones sociales, como una supuesta maniobra del gobierno para imponer sus posiciones.
Pese a esos cuestionamientos, agrupaciones como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunciaron también la apertura en Sucre de oficinas, con el propósito de recabar información sobre la Asamblea.
Roberto Mustafá, presidente de la CEPB, alegó que es preocupante la estadía de los dirigentes populares en la capital histórica de Bolivia, pues «podría distorsionar la labor de los constituyentes».
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, también hostil al gobierno, estableció una oficina en Sucre el 18 de julio.
«Dejar solos a los constituyentes la responsabilidad de redactar la carta magna para después pedirle cuentas, es no asumir el compromiso de ser bolivianos», dijo Gabriel Dabdoub, presidente de ese organismo empresarial.
El vocero de la opositora agrupación Poder Democrático Social, Antonio Arequipa, quien no objeta la presencia empresarial en Sucre, sostuvo que la vigilancia popular es un movimiento coercitivo que pretende acorralar a los constituyentes.
También Daniel Castro, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, bajo fuerte influencia empresarial, estimó que, con la presencia de organizaciones sociales, Morales asegura que las decisiones de la Asamblea se ajusten a la estrategia hegemónica del MAS.
La Constituyente iniciará sus trabajos la semana próxima, y los analistas pronostican que la oposición minoritaria buscará obstruir el foro, aprovechando que el MAS, aunque mayoría en esa instancia, no alcanza los dos tercios, margen que busca alcanzar en negociaciones con fuerzas menores.
Si bien la agenda de la Asamblea prevé definir el nuevo reglamento de debates y la organización de las comisiones, uno de sus temas cruciales será definir su carácter originario, con plenos poderes, o derivado, es decir limitado solamente a reformar la carta magna.
La Paz, 11 de agosto 2006
Prensa Latina , 0, 42, 11
