La mandataria se comprometió a brindar una atención sistemática integral a las familias de los 45 jóvenes que murieron congelados por irresponsabilidad de los mandos castrenses y los que lograron sobrevivir a la fatídica marcha el 18 de mayo del pasado año.
Bachelet dirigió emotivas palabras a unos mil participantes de la ceremonia oficial frente al monolito de los caídos en el Regimiento Reforzado No. 17 de los Angeles, en la sureña provincia de Bio Bio.
«Se muy bien que no hay consuelo suficiente, pero siento que hay en ustedes fuerza, esperanza y voluntad para seguir adelante», dijo la mandataria al anunciar las medidas contenidas en el programa que llevará adelante su gobierno.
Señaló que enviará un proyecto de ley al Parlamento «para que se autorice la construcción de un memorial al recluta chileno, en honor a los Héroes de Antuco y se establezca el 18 de mayo como el Día Nacional del Soldado Conscripto».
La mandataria aseveró que el Servicio Militar es ante todo un acto de entrega a todas las chilenas y chilenos, de cualquier credo, raza o color político. «Nuestros reclutas, así como nuestras Fuerzas Armadas, sirven a todos por igual y sin poner condiciones», afirmó.
Destacó además que el alto mando castrense se haya abocado a revisar sus procesos de formación y servicios para aprender de las lecciones que dejó esta tragedia y evitar que en el futuro se cometan errores que pongan en peligro la vida de sus soldados.
En el acto, bajo un día soleado pero en extremo frío, se encontraban también presentes el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, y la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot.
Bachelet, quien el día antes ya había recibido en La Moneda a la Agrupación de Familiares de las Victimas de Antuco, saludó una a una a las madres de los soldados muertos, a quienes abrazó y atendió sus peticiones.
También hubo un acto ecuménico y la entrega de ofrendas florales por cada joven que murió en la denominada tormenta de viento blanco.
Por su parte, el general Izurieta renovó el compromiso de la rama militar con las familias de las víctimas. «Hoy ante las más altas autoridades del país renuevo esta solemne promesa a las madres, padres, hermanos y familiares», enfatizó.
En cuanto a las responsabilidades por la tragedia, exigida por los familiares y sectores políticos, dijo que «aunque la verdad no devolverá al seno de las familias a los caídos, siempre será un antídoto al dolor» y prometió «transparencia» en el manejo del caso.
Roxana Vargas, viuda del sargento primero Luis Monares, el único profesional muerto en la tragedia que luchó por salvar a los jóvenes reclutas, pidió a Izurieta que «realice un reconocimiento público de la labor de su marido y no entre cuatro paredes como hasta ahora».
Con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada, la mujer dijo sentir que si Monares hubiera tenido grado de oficial, «las cosas hubieran sido muy distintas».
En el plano judicial el magistrado Juan Arab, de la Corte Marcial, dictó polémicas condenas en el caso en febrero pasado.
El ex mayor Patricio Cereceda, considerado el principal responsable, fue condenado sólo a cinco años y un día por cuasi delito de homicidio e incumplimiento de deberes militares.
En tanto, el ex comandante de la unidad, el coronel Roberto Mercado, fue sancionado a tres años y el teniente coronel Luis Pineda a 540 días, ambos por incumplimiento de deberes militares, pero con penas remitidas (no estarán tras las rejas).
Santiago de Chile, 19 de mayo 2006
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