La familia del ex presidente Eduardo Frei (1966-1970), presuntamente asesinato en 1982 por la dictadura militar, pidió explicaciónes ayer al gobierno sobre el motivo del viaje, luego que versiones de prensa indicaron que era para revisar el lugar de detención.
La delegación «no viene buscando ningún recinto militar. Viene un oficial de justicia a contratar un estudio jurídico que asuma la defensa de estas personas», declaró el jefe de la institución castrense.
«Vinieron a eso y me parece muy loable que busquen defender a gente que va a ser extraditada», expresó Izurieta en referencia al coronel (r) Tomás Casella y los oficiales en activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, requeridos por la justicia chilena.
Los tres enfrentan cargos de asociación ilícita en el caso del asesinato en Uruguay del químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berrios, ocurrido en 1993 luego de que fuera sacado ilegalmente del país por militares chilenos.
Los uniformados se declararon inocentes ante un juez de ese país en cuanto al crimen, pero admitieron que tuvieron contactos con la víctima durante el tiempo que éste permaneció secuestrado en Uruguay.
Berrios fue secuestrado y sacado ilegalmente de Chile para impedir que declarara en el juicio por la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en 1986. Se presume que también tuviera información sobre el asesinato del ex presidente Frei.
El juez Alejandro Madrid, a cargo de la investigación por el secuestro y la muerte del ex agente de la DINA, deberá determinar en qué lugar quedarán detenidos los militares uruguayos una vez que arriben al país.
Santiago de Chile, 5 de abril 2006
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