No se privan de nada. Campañas de desinformación orquestadas por los grandes medios corporativos, injerencias religiosas, discursos oficiales y oficiosos, actos típicos del Terrorismo de Estado. Toda la gama de recursos desestabilizadores y golpistas fue dispuesta por la administración de George W. Bush y sus aliados vernáculos.
En Argentina, por ejemplo, la cúpula de la Iglesia Católica una vez más carga contra el orden constitucional, como lo hiciera en ocasiones de los más sanguinarios golpes de estado de la historia de este país (1955 y 1976).
A través de su portavoz oficial, el jefe de esa congregación, el cardenal Jorge Bergoglio, acusó sin fundamento alguno al gobierno de Néstor Kirchner de «fomentar divisiones» en el seno de la sociedad.
Por su parte, el Vaticano designó obispo en la nordestina provincia de Misiones a Marcelo Martorell, un cura de reconocidas relaciones con la cúpula de la Iglesia que colaboró con la pasada dictadura militar y con el fallecido empresario Alfredo Yabrán, vinculado al asesinato de un reportero gráfico, a fines de la década del ´90.
El flamante obispo acaba de calificar a la prensa que condena al genocidio de la pasada década del ´70 de organizaciones conducidas «por el diablo».
¿Qué escondió el cardenal Bergoglio detrás del manto de su discurso? Su activa oposición a la Justicia argentina, que está procesando a los genocidas de la dictadura.
Hace más de dos semanas fue secuestrado Julio López, uno de los principales testigos de cargo contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. El ex torturador fue condenado a reclusión perpetua; las organizaciones de derechos humanos y la inmensa mayoría de la sociedad reclaman la aparición con vida de López, mientras jueces, fiscales y funcionarios gubernamentales reciben amenazas, amenazas que a todas luces gozan de la bendición de la más alta jerarquía católica.
Para los próximos días se aguarda que comience el proceso contra un cura que asistía a los esbirros de Etchecolatz -ex subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires- durante la sesiones de tortura.
El ex dictador Reinaldo Bignone, el último jefe del régimen torturador inaugurado en 1976 por Jorge Videla, publicó esta semana en un portal de Internet una carta a los militares argentinos, invitándolos a que «concluyan» la tarea que ellos «no pudieron o no supieron cumplir».
Un grupo de amigos de la dictadura, organizado por Karina Mugica -ex novia del sicario Alfredo Astiz y prostituta de lujo, según quedó registrado por una cámara oculta la semana pasada – tiene previsto para esta semana realizar un acto público en reivindicación de aquél régimen, en una plaza céntrica de Buenos Aires, frente a la sede de la Cancillería.
Pero para la Iglesia, el enemigo es el gobierno constitucional. Y cuenta con el respaldo implícito del Papa Benedicto XVI, quien acaba de aliarse en forma expresa con Bush, los cristianos fascistas de Estados Unidos y la ultraderecha del estado de Israel en «la lucha frente al mal», conforme se desprende de sus recientes provocaciones «teóricas» contra el mundo musulmán.
En Brasil, el principal asesor del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, Marco Aurelio García, acaba de denunciar que si no gana las elecciones, «la derecha tratará de llevar adelante un juicio político contra el primer mandatario».
Los traficantes de influencias de Washington, con el beneplácito del Departamento de Estado, comenzaron esta semana a trabajar contra Lula. «Si gana Geraldo Alckmin será más flexible el tema comercial y mucho más proclive a reiniciar un diálogo sobre el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Es más pragmático y tomará más distancia del presidente venezolano, Hugo Chávez, y del boliviano, Evo Morales», dijo Peter Hakim de la organización «Diálogo Interamericano».
En un comentario sobre el tema, el diario Clarín, de Buenos Aires, afirmó este miércoles que «las diferencias políticas, económicas y comerciales entre el gobierno de Lula y el de Bush han sido tanto o más profundas que las que existen entre el gobierno de Néstor Kirchner y la Casa Blanca. Brasil fue uno de los países más duros durante las negociaciones comerciales de Doha».
En tanto, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Tom Shannon, juega a las escondidas pero no logra ocultar la verdadera naturaleza de su juego.
A fines de la semana pasada dijo a ese mismo diario que su misión «es asegurar que Estados Unidos y Argentina tengan un diálogo donde podamos hablar maduramente de las diferencias». Esta semana, en declaraciones a varios medios internacionales, el funcionario estadounidense elogió a los gobiernos de Chile, Perú y Colombia y calificó a otros (sin nombrarlos) de estar influenciados por corrientes «populistas».
Por su parte, el ex colaborador de Bush para las relaciones con América Latina, Roger Noriega (repúblicano), y la ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas (ONU), Nancy Soderberg (demócrata), se lanzaron contra los gobiernos de Argentina y Venezuela.
Invitados por la organización «The Latino Coalition» -un foro financiado por la Central estadounidense de Inteligencia (CIA) y por elementos anticubanos de Miami ligados al narcotráfico, con protección de la policía antidrogas de Estados Unidos (DEA)-, Noriega y Soderberg indicaron que los presidentes Chávez y Kirchner conforman un «eje preocupante», cercano al «eje del mal» y reclamaron que el gobierno de Washington «reaccione a tiempo».
Dirigentes de ese foro reconocieron que están influyendo sobre la secretaría del Tesoro de Estados Unidos avale las demandas de «fondos buitres» contra el Estado argentino por millones de dólares que dicen haber quedado impagos, y sostienen que Kirchner «hace lo mismo que Chávez en Venezuela, controla las instituciones financieras del país».
Esas acusaciones que son descabelladas para uno y otro caso, porque tanto en Argentina como en Venezuela los gobiernos se remiten a cumplir con las leyes y la Constitución, buscan llevar al terreno de las finanzas internacionales la teoría del «eje del mal Caracas – Buenos Aires», expuesta por Noriega y Sodergerg, quienes fueron escuchados con atención por altos funcionarios del Departamento de Estado y de la secretaría del Tesoro.
La Corte de Apelaciones de Nueva York acaba de declara nulo un embargo por 105 millones de dólares que había logrado el «fondo buitre» Dart and Elliot contra reservas del Banco Central argentino, depositados en la Reserva Federal neoyorquina.
La organización de The Latino Coalition y la firma Dart and Elliot pagaron una solicitada que publicó el diario The Wall Street Journal el día que Kirchner realizó su reciente visita a la Bolsa de Comercio de Nueva York, con contenidos difamatorios contra el gobierno argentino.
Ambas organizaciones han participado en forma activa aunque reservada en la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y se disponen a financiar campañas de acción psicológica en diversos medios de Estados Unidos y América Latina contra Chávez, Kirchner, Lula y el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Una vez más, la SIP participa en las operaciones de prensa dirigidas desde Washington y contra los procesos democráticos latinoamericanos. En un informe aprobado esta semana en México, durante su 62 Asamblea, la entidad refundada en 1950 por agentes de la CIA criticó a quienes la administración estadounidense ordena criticar.
Respecto de Argentina, la SIP sostuvo, sin prueba cierta alguna, que en este país existen «condicionamientos» a la libertad de prensa, apoyándose en las supuestas amenazas que habría sufrido el periodista Joaquín Morales Solá, columnista del conservador diario La Nación y consecuente vocero de la dictadura de Videla y de la embajada de Estados Unidos.
Días antes, el presidente Kirchner, objeto de las diatribas cotidianas de Morales Solá, recordó en público un artículo que ese periodista firmara para el diario Clarín, en plena dictadura, con una encendida defensa del régimen militar.
Esta cerrada ofensiva de los sectores fascistas en distintos puntos de la región coincide con la crispación de nervios que se vive en el Pentágono desde que allí tomaron nota que en medios militares del Mercado Común del Sur (Mercorsur) recoge cada vez más voluntades la reformulación de los institutos armados y de las hipótesis de conflicto con criterio unificado.
El domingo pasado, una vez finalizados los ejercicios conjuntos que varios ejércitos del bloque llevaron a cabo en la provincia Misiones, muy cerca de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, el jefe de las fuerzas de tierra de este país reconoció que se está estudiando la puesta en práctica de un programa militar que considera como prioritario la defensa estratégica de los recursos naturales.
El ejercicio conjunto realizado en Misiones – denominado Hermandad – tuvo como fórmula de práctica la defensa del área ante la hipotética invasión de las fuerzas armadas de un país extrabloque, carente de hidrocarburos y con yacimientos acuíferos contaminados.
En Argentina, ese programa de reforma castrense se conoce como Plan 2025 y prevé el reordenamiento de cuarteles y destacamentos dentro del territorio nacional, dejando de lado el esquema vigente en la actualidad y heredado de la aplicación regional de la Doctrina de la Seguridad Nacional, para el cual la principal hipótesis de conflicto consistía en el denominado «enemigo interior».
Washington también ordenó a sus agencias de inteligencia que actúen contra toda política que tienda a consolidar la iniciativa recientemente adoptada por Brasil, de invitar a Argentina y a Paraguay a integrar el Centro Regional de Inteligencia (CRI), en la Triple Frontera, después que Estados Unidos abrió en las cercanías de Pedro Juan Caballero (Paraguay), y muy cerca de la frontera con Brasil, una base de la CIA, la DEA y el FBI.
Esta semana se supo que el gobierno de Paraguay no prolongará las inmunidades diplomáticas que había concedido al personal militar estadounidense con asiento en ese país, y que Argentina mantendrá firme la decisión ya adoptada de negar todo tipo de inmunidad similar.
Quedará en manos de los gobiernos agredidos por Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias vernáculas la decisión de avanzar en un sentido autonómico y radica en el conjunto de las respectivas sociedades la responsabilidad organizarse y movilizarse contra las conspiraciones antidemocráticas.
Por: Víctor Ego Ducrot (APM)
Santiago de Chile, 5 de octubre 2006
Crónica Digital/APM
