La utilización de rompe-huelgas -considerado ilegal por parte del gremio- ha permitido al grupo de transnacionales que operan el yacimiento mantener la producción en torno a un 50 por ciento, pese a las tres semanas de paralización, iniciada el 7 de agosto pasado.
El vicepresidente de asuntos corporativos de Escondida, Mauro Valdés, señaló por su parte que «no hay ningún tipo de ilegalidad en las operaciones de la mina», según les informó -dijo- la inspección del trabajo.
El portavoz de la empresa, Pedro Correa, aseguró que el contrato de personal externo se enmarca en el «proceso de normalización de operaciones», que está autorizado por las leyes chilenas tras los primeros 15 días de huelga, que se cumplieron hace hoy una semana.
Desde el viernes pasado, unos 50 trabajadores -según datos de la compañía- entraron a la mina para reemplazar a los huelguistas, pero el sindicato afirma que los nuevos contratados sobrepasan con mucho los 200.
Ejecutivos de Escondida señalan que la empresa, que produce más del 20 por ciento del cobre nacional y ocho por ciento del mundial, pierde 16 millones de dólares por día de paro. Contrario a lo esperado, los precios del mineral se mantienen estables en el mercado internacional.
En este escenario, el dirigente de los trabajadores Nevenko Díaz confirmó que contactaron nuevamente al gobierno -que se mantiene reacio a intervenir- para forzar la reanudación de las conversaciones con la compañía, controlada por la anglo-australiana BHP-Billiton.
A pesar de que los trabajadores aseguran estar dispuestos a mantener el paro hasta sus últimas consecuencias, han expresado su disposición a reiniciar el diálogo tan pronto como sea posible, para encontrar una solución negociada al conflicto.
Aunque se ha producido un acercamiento entre las demandas de los trabajadores y las últimas ofertas de la empresa, las diferencias continúan siendo aún notables.
El gremio bajó sus exigencias de un reajuste salarial del 13 al 10 por ciento y bonos por terminación del conflicto de 30 mil a 18 mil 500 dólares, mientras la empresa aumentó su oferta del 1,5 al 4,0 en salarios, y bonos de ocho mil 500 en un inicio a 17 mil 800 dólares.
Pese al estancamiento que sufren las negociaciones, el gremio mantiene suspendidas las acciones de fuerza de los trabajadores, que la semana pasada levantaron barricadas en los accesos a la mina, situada a unos mil 300 kilómetros al norte de Santiago.
Sin embargo, el ambiente se mantiene tenso por el reforzamiento dispuesto por el gobierno de los efectivos policiales en los alrededores del centro deportivo de Antofagasta, donde se concentran los trabajadores, y en torno a las instalaciones del yacimiento.
«Los mineros están nerviosos porque en cualquier momento se puede romper la tregua», afirmó a la agencia de noticias Prensa Latina Luis Troncoso, presidente del sindicato, que agrupa a dos mil 052 mineros, equivalentes al 97 por ciento de la plantilla de la empresa.
Troncoso se quejó indignado de la disposición gubernamental de movilizar a decenas de efectivos especiales de la policía de Carabineros desde la capital y regiones vecinas para proteger las instalaciones de la transnacional minera.
«¿Me puede explicar quién está protegiendo a los habitantes de Antofagasta (capital de la II Región) si toda la dotación policial está cuidando las instalaciones de la empresa y quién paga por esas movilizaciones?», preguntó el dirigente.
A renglón seguido, denunció que «son recursos del Estado, que pertenecen a todos los chilenos, que se ponen al servicio de la empresa extranjera y en contra de los intereses de sus propios trabajadores».
Santiago de Chile, 28 de agosto 2006
Crónica Digital
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