El magistrado español, quien precisamente encausó a Pinochet un día como el que murió, pero de 1998, dijo que los procesos que se llevan en España, Chile y otros países tienen que seguir y llamó a mantener la acción judicial.
Garzón argumenta que dicha acción en los tribunales tiene que continuar porque las victimas de la dictadura no sólo fueron del tirano fallecido sino de otras personas, militares o no, que están implicadas en los horrores del pinochetismo.
Por lo tanto, reitera, tienen que continuar esa acción y lo deseable es que sea lo más ágil posible para que pueda existir esa reparación y se haga la justicia que las víctimas merecen.
La muerte de Pinochet se produjo antes de que pudiera responder ante la Justicia por los miles de crímenes cometidos durante la dictadura que encabezó, recuerda el diario, que estima en unas tres mil 200 las personas asesinadas a manos de agentes del Estado.
De ellas, asegura, mil 192 permanecen como detenidas desaparecidas. Más de 28 mil opositores fueron torturados, según datos oficiales, y alrededor de 300 mil debieron exiliarse por razones políticas.
Fue en España donde se inició el largo y tortuoso proceso judicial contra Pinochet cuando el 10 de diciembre de 1998 el juez Garzón lo encausó por algunos de los muchos crímenes cometidos bajo su dictadura militar.
Aún en la actualidad, el sátrapa estaba siendo procesado por algunos de los crímenes de los que se le acusaba. De hecho, durante su convalecencia en el Hospital Militar le fue levantado un arresto domiciliario.
En su haber figuran, entre otras muchas acciones fascistas, La Caravana de la muerte, la Operación Cóndor y la Operación Colombo, en las que fueron asesinadas centenares de personas.
El proceso judicial al dictador comenzó en octubre de 1998, cuando por orden de Garzón fue arrestado en Londres, donde pasó 17 meses ya como encausado por el juez español.
Pero los trámites legales no fructificaron con su entrega a España y Pinochet volvió finalmente a Chile por problemas de salud, recuerda el diario. No obstante, se abrió la puerta legal a su enjuiciamiento y la justicia chilena comenzó a actuar.
Al momento de morir, Pinochet estaba procesado como autor de secuestros, desapariciones, homicidios y torturas, en al menos tres casos por violaciones a los derechos humanos, además de uno de fraude al fisco y uso de pasaportes falsos.
Esto último en relación con numerosas cuentas secretas a su nombre en el Riggs Bank de Estados Unidos y otros bancos del exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en 26 millones de dólares.
El llamamiento de Garzón a continuar la acción judicial es importante porque, de acuerdo con las leyes chilenas, tras su muerte Pinochet deberá ser sobreseído en todas las causas que lo involucraban.
Madrid, 11 de diciembre 2006
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