Lo que aquí está en juego no es lo que dice el artículo 60 de la Constitución que es explícito respecto de lo que considera una inhabilidad de los parlamentarios, sino que el concepto de democracia. Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la transición hasta hoy, aquí lo que está en juego es el concepto de democracia.
Sobre lo mismo, el parlamentario del PS indicó que «la derecha lo que está haciendo es tratar de defender a toda costa la «democracia protegida» que nos impusieron como sociedad a través de la Constitución de Pinochet, que entiende la democracia sólo como el acto de ir a votar cada cuatro años. Para quienes entendemos la democracia de una forma más activa, temas como la participación y el derecho a expresarse son consustanciales al ejercicio democrático. Pero para quienes son nostálgicos de la dictadura y a quienes todavía se les ve el casco, es difícil que puedan entenderlo».
«Cardemil -agregó- es el paradigma de aquello. Su imagen y credibilidad está indisolublemente asociada al recuento de votos el día del plebiscito. Además, refleja esa odiosidad típica de la derecha a la expresión de la sociedad. Ellos sueñan con un país donde algunos, los privilegiados e iluminados, dan órdenes y los demás marchan callados. Eso no es democracia. En todo caso, Cardemil en lugar de preocuparse tanto de lo que yo hago o no hago, debiera estar más preocupado de colaborar con la investigación que lleva adelante la jueza Amanda Valdovinos respecto de los gastos reservados que desde el Ministerio del Interior, donde él era subsecretario, le traspasaban a la CNI para mantener ese orden que tanto le gusta».
Navarro señaló que «esta situación que la derecha está creando artificialmente sólo busca inhibir a los representantes de la ciudadanía, políticos o sociales, de manera que no se organicen ni movilicen a favor de legítimas demandas ciudadanas.
Son los mismos que se oponen a derogar aquella norma que impide a los dirigentes sindicales ser parlamentarios. Por eso, la moción que presentaran algunos diputados para elimibnar las restricciones que hoy tenemos los parlamentarios para participar en conflictos laborales o estudiantiles me parece absolutamente necesaria, porque cuando estalla un problema de este tipo, a los primeros que acuden es a los parlamentarios. Entonces debemos ser coherentes: nos critican la lejanía con la gente y sus problemas, pero cuando la gente nos llama no podemos ir porque aparecen los cardemiles haciendo acusaciones».
«Por eso además -añadió- hemos presentado esta semana un poryecto de ley que busca modificar lo establecido en el N°13 del Artículo 19 de la Constitución que señala que el derecho a reunirse públicamente se regirá por diposiciones generales de la policía, cambiándolo, como ocurre en otros países por un texto que diga que sólo pueden establecerse limitaciones a este derecho por ley. De esta manera, cualquier eventual restricción deberá ser discutida en el Parlamento y no quedar sujeta a la discrecionalidad del gobierno de turno, cualquiera este sea».
Navarro lamentó que «además de todo, la derecha insista en su hábito de utilizar al Tribunal Constitucional como un contrapoder, tratando de frenar ahí -como ya lo ha hecho varias veces- decisiones democráticas adoptadas en el Congreso. Sin embargo pese a que esta eventual acusación de parte de ellos demore su tramitación y haga perder tiempo a los integrantes del TC tengo absoluta confianza en que se resolverá como corresponde, es decir rechazando este intento de censura política que intenta la derecha, que debido a su impotencia electoral y política, no es alternativa de gobierno».
Finalmente, el legislador dijo que «así como la dictadura aplicó a Almeyda el entonces vigente Artículo 8° de la Constitución que pretendió quitarle sus derechos ciudadanos acusándolo de apologista de la violencia, hoy Cardemil pretende reeditar esa norma por participar en una movilización social y ciudadana. Insisten en su fórmula de democracia excluyente que, claramente, va en la dirección contraria a la de la mayoría de la sociedad chilena».
Santiago de Chile, 6 de septiembre 2007
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