En este año Chile registrará un superávit fiscal cercano a 4 %, equivalente a unos 4.000 millones de dólares, debido principalmente al alto precio del cobre.
La inflación al cierre del 2005 se calcula en un 3.6% y para 2006 se prevé un crecimiento de entre 5,5 y 6%.
Lagos puede ser bien evaluado en relación a la primera parte de su promesa electoral. Sin embargo, si se evalúa la contribución del actual gobierno a la disminución de la desigualdad, hay remitirse al último estudio del Banco Mundial (2005) que sitúa a Chile junto a otras naciones africanas y latinoamericanas, entre los 10 países mas inequitativos del mundo.
La desigualdad entre los ingresos del 5% más rico y del 5% más pobre, pasó entre 1990 y 2005 de 110 veces a 220 veces.
Por este motivo la campaña electoral de este año ha generado intensos intercambios de opiniones sobre esta realidad, lo que ha permitido una discusión nacional sobre el elemento más injusto del «modelo chileno»: la desigualdad crónica que provoca.
Entre otros aspectos asombra que solo el 1% de las más de 650 mil empresas que hay en Chile, concentren el 96% de las exportaciones. El 86% de esas ventas corresponden a recursos naturales con baja elaboración.
El «modelo chileno» supone una acelerada conversión de los recursos naturales en capital financiero, que se concentra en grandes grupos económicos.
En este proceso no se toma en cuenta la capacidad de los ecosistemas para soportar los costos que implica este proceso extractivo.
Por este motivo, las externalidades recaen en las comunidades que rodean los lugares de explotación. Al mismo tiempo el país no obtiene grandes beneficios tributarios de estas empresas, debido a que las corporaciones tienen acceso gratuito a su explotación.
Tampoco se evidencia una redistribución por la vía salarial, debido a que la cantidad de empleo que generan es baja, y a la existencia de una mano de obra muy barata debido a la ausencia de mecanismos de protección del trabajo asalariado. (Por ejemplo, el derecho a huelga aún no se recuperado plenamente en la actual legislación).
Entre 1990 y 2005 los trabajadores sin contrato han aumentado desde un 18% al 23.2%.
En el mismo período la tasa de sindicalización ha bajado en más de 5 puntos y el porcentaje de trabajadores que pueden negociar colectivamente en 6 puntos. Esta realidad se puede explicar porque los bajos salarios son parte estructural de las ventajas competitivas del modelo chileno.
A modo de ejemplo basta recordar que el 75 % de las trabajadoras del sector agrícola son temporeras, por lo cual no poseen un contrato estable.
Durante la cosecha, recogen fruta por más de 60 horas a la semana. Un tercio de ellas gana un salario inferior al sueldo mínimo, de 247 dólares. En Chile el 85% de la fuerza laboral tiene un sueldo inferior a los 670 dólares.
El promedio de ingresos del 10% más pobre está en torno de 124 dólares y los del 10% más rico supera los 3885 dólares. Esta realidad ha llevado a la población a crecientes dinámicas de «más trabajo por menos ingresos».
El «modelo chileno» funciona sobre la base de imponer la menor carga tributaria sobre las empresas y la mayor carga tributaria a los consumidores a través del Impuesto al valor agregado (IVA).
De hecho, gran parte de la carga fiscal (casi un 50% del total de la captación impositiva en Chile) se cubre por medio de impuestos al consumo.
Por otra parte el aporte de las grandes empresas, vía impuestos a las utilidades o royalties es despreciable.
Sólo en 2004 las grandes empresas productoras de cobre obtuvieron ganancias por más de seis mil millones de dólares, frente a los cuales los montos que se obtienen mediante el royalty aprobado en 2004 son irrisorios.
Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que Chile ha perdido US $1600 millones como promedio anual entre 1990 y 1992 por no cobrar por el uso de los recursos mineros.
Desde 1981 opera en Chile el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Constituye uno de los experimentos del «modelo chileno» más difundidos internacionalmente, por consistir en el reemplazo del antiguo sistema de pensiones llamado «de reparto» por uno de capitalización individual.
Hoy en día existe un consenso amplio sobre la crisis definitiva de este sistema, entre otras razones por su grave deficiencia de cobertura, que no supera el 50% de la fuerza de trabajo; sus elevados costos de administración, que tienen como contrapartida las desmedidas ganancias de las AFP, reducidas cada vez más a un pequeño grupo de grandes operadores oligopólicos y; la manipulación por parte de las AFP del poder que les otorga el manejo de las inversiones de sus afiliados.
Si se mantienen en el sistema previsional las actuales tendencias de ahorro, al año 2035 entre el 40 y 50 por ciento de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no tendrán derecho ni siquiera a la pensión mínima -hoy de menos de 155 dólares- que garantiza el Estado.
Peor aún, entre el 70 y el 80 por ciento de estos trabajadores serán mujeres.
En definitiva, el modelo chileno ha definido la calidad de vida de la población sobre la base del lugar geográfico y social en donde reside.
La estigmatización y marginalización de los sectores empobrecidos ha aumentado, en particular por la municipalización de los servicios de salud y educación.
Las escuelas y consultorios, al depender de los municipios, poseen presupuestos proporcionales a las condiciones económicas de los barrios en los que están ubicados.
Por eso, las expectativas de vida en zonas pobres son entre 10 a 20 años inferiores en relación a las ricas. A modo de ejemplo, la mortalidad infantil en Puerto Saavedra, una zona indígena, es 14 veces mas alta que en el elegante barrio Vitacura.
Según los datos de la Universidad de Chile, de los 128 establecimientos que obtuvieron puntajes nacionales en la prueba de selección universitaria del año 2005, 88 son particulares pagados (68% del total 27 corresponden a colegios particulares subvencionados (22%) y 13 son de origen municipalizado (10%).
Sin embargo, los colegios particulares pagados acogen solamente al 8% más rico del país.
Estos aspectos no concuerdan con la imagen internacional que Chile proyecta. Incluso para buena parte de la elite chilena estos aspectos críticos son irrelevantes.
Sin embargo, poco a poco el lado oscuro del «modelo chileno» empieza a ser más y más visible.
La candidatura de Michelle Bachelet ha mostrado preocupación por esta realidad, manifestando una mayor voluntad política que la administración de Lagos, en relación a cambiar algunos de los aspectos más brutales de este modelo. Bachelet ha planetado una «agenda pro igualdad», que supere la «agenda pro crecimiento» que Ricardo Lagos negoció en 2000 con los líderes empresariales.
¿Será capáz el nuevo gobierno de la Concertación de enfrentar estos desafíos? ¿Poseerá Michelle Bachelet las herramientas para implementar esa nueva agenda?
La respuesta a estas preguntas pasa por el grado de participación y apertura a la ciudadanía que Bachelet esté dispuesta a aceptar.
Los seis años de despotismo ilustrado de Lagos nos muestran que no basta un gobierno de técnicos eficaces y competentes para realizar este tipo de transformaciones .
Por: Alvaro Ramis O. El autor es teólogo chileno. Miembro del Centro Ecuménico Diego de Medellín.
Santiago de Chile, 4 de enero 2006
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