Desde hace más de dos décadas, la pobreza avanza por Latinoamérica con rostro y vestuarios femeninos: trabajar de manera informal, inmigrar o prostituirse, son las escasas opciones que quedan a las representantes del mal llamado sexo débil para sobrevivir.
En un ámbito marcado por el predominio de las normas neoliberales, la mitad de las mayores de 15 años no tienen ingresos propios, mientras que sólo uno de cada cinco hombres está en esa situación.
La Organización Internacional del Trabajo asegura que en países como Argentina, Uruguay, Perú, México, Chile y Brasil, la tasa de desempleo femenino representa 1,4 veces la registrada entre los varones.
Otras fuentes añaden que las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que sus contrapartes masculinos, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso.
Esto se explica porque, a pesar de las leyes existentes, este sector continúa sufriendo la desatención y la negligencia del sistema legal en casi toda Latinoamérica y el Caribe.
Aunque las luchas feministas en el subcontinente acumulan más de dos siglos, los avances en cuanto a la equidad y el respeto a este grupo poblacional son muy desiguales y lentos, opinan estudiosos y defensores de los derechos de este sector.
La violencia intrafamiliar, de la pareja, y hasta de una gran parte de la sociedad, acechan de manera constante a las mujeres en la mayoría de los países latinoamericanos.
Desde el propio seno familiar, ellas son poco apreciadas al repartir la renta y la educación para la vida se desatiende de las pautas de igualdad, al regirse por los patrones vigentes en los trillados caminos de género.
Tales consideraciones prevalecen a su vez en el mercado laboral, donde todavía es muy desigual el número de mujeres profesionales con relación a la presencia de estas en cargos de dirección de organizaciones y administraciones públicas.
Suele ocurrir además que los salarios destinados a pagar los servicios de ellas siguen siendo más bajos que el de sus compañeros de labores en un mismo puesto.
Pesquisas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sugieren que si a las mujeres se les ofreciera idéntico apoyo que a los hombres, aumentaría el rendimiento de los cultivos en el agro, en un 20 por ciento.
En Sudamérica, el producto nacional tendería a incrementarse en más de un cinco por ciento de eliminarse las desigualdades de género en el mercado de trabajo.
Las mujeres son propulsoras de progreso y en la medida en que se rompen los esquemas machistas tradicionales, estas promueven el desarrollo de las sociedades en las cuales se desenvuelven, afirman estudiosos de estos temas.
Por tales razones, los Estados deben apostar por la educación y el acceso al trabajo de las mujeres, con lo que propiciarán al mismo tiempo la ruptura con la recirculación de la pobreza y de la miseria creciente en estas tierras.
Representantes de organizaciones feministas insisten en la urgencia de reclamar a los gobiernos políticas sociales encaminadas a reducir la falta de equidad más allá del discurso.
Estas luchas poco distan de las iniciadas por las feministas en Latinoamérica desde inicios del siglo XIX, en el ámbito de los procesos independentistas que dieron al traste con el dominio hispano portugués en estas tierras.
A partir de entonces, la presencia femenina tendió a activarse en circunstancias de conflicto y su papel a subestimarse superadas estas, por lo que se vieron obligadas a reclamar sus derechos en reiteradas ocasiones.
Latinoamérica vivió múltiples situaciones de tensión política o confrontaciones, en las cuales nunca se visibilizó la violencia sexual contra la mujer.
Millares de mujeres maltratadas se vieron obligadas a abortar, a usar métodos de control de fertilidad o servirle a los actores armados en el orden sexual.
Estadísticas oficiales dan cuenta de tres mil 399 violadas en centros de detención en distintos territorios latinoamericanos, pero hay razones para creer que la realidad supera con creces esa cifra.
Miles de detenidos durante las dictaduras militares que asolaron a estos países entre los años 70 y 80 del pasado siglo aseguraron que esas prácticas eran comunes en las cárceles y algunos insisten en su vigencia.
Los registros admiten además la ejecución de programas masivos de esterilización forzada en algunas naciones, como resultado de lo cual casi 200 mil peruanas quedaron incapacitadas para procrear.
Atrapadas en el ciclo de la pobreza, la mujeres latinoamericanas carecen del acceso a los recursos y los servicios necesarios para transformar la situación, lo cual se agrava a partir del recrudecimiento de la globalización.
La vinculación cada vez mayor de la economía a los mercados mundiales suele incidir en la reducción de los gastos públicos y de los programas sociales, trasladando el costo a las familias, donde suelen ser ellas las que llevan sobre sus hombros la carga adicional.
Las diferencias de género en la nutrición de mujeres y hombres guardan relación con la pobreza, la distribución de los alimentos, pero en especial con la profunda y arraigada discriminación de género, afirman informes de la ONU.
Estos insisten en que las mujeres constituyen casi el 70 por ciento de los habitantes del planeta, pese a lo cual son las más proclives a padecer por la miseria, la marginación y la violación de los derechos fundamentales.
Ellas representan dos tercios de los analfabetos del orbe y medio millón muere cada año durante el embarazo o el parto, al mismo tiempo que la mayoría de los mil 500 millones de personas que viven con un dólar o menos al día son mujeres.
Organismos sanitarios internacionales coinciden en que el mortal Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, sin posibilidades de cura aún, tiene mayor incidencia en este género que en sus contrapartes.
Casi al término de los años 90 se comprobó que en los países menos desarrollados, 450 millones de mujeres adultas fueron raquíticas durante su niñez por causa de la desnutrición y 250 millones siguen en riesgo de sufrir desórdenes por la insuficiencia de hierro y yodo.
Hasta la fecha, alrededor de dos millones de mujeres quedaron ciegas debido a una insuficiencia de vitamina A y 745 millones son anémicas.
Estas cifras desmienten la asunción y ejecución de programas gubernamentales favorables a las mujeres, en correspondencia con lo acordado hace más de una década en Beijing con el ánimo de contrarrestar la discriminación y desigualdad de géneros.
Por: Isabel Soto Mayedo *La autora es periodista de la Redacción de América Latina de Prensa Latina.
Santiago de Chile, 6 de agosto 2006
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