El documento fue respaldado por 30 miembros del CDH, sustituto de la tristemente célebre Comisión de Derechos Humanos, en tanto sólo Canadá y Rusia se opusieron, mientras otras 15 naciones, incluida Argentina, se abstuvieron.
La declaración reconoce el derecho de esos pueblos a la libre determinación y establece que deben dar su consentimiento a la explotación de los recursos naturales de sus tierras, así como limita las actividades militares en esas zonas.
Además, reconoce los derechos colectivos de esas comunidades, incluida la preservación de sus valores culturales y de su entidad étnica, así como la protección ante el intento de expulsarlos de sus territorios ancestrales.
El documento resume los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas.
Por su lado, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, explicó que el cambio de voto a última hora de su país se debió a la falta de elementos para poner al mismo nivel la determinación de los pueblos y el principio de unidad nacional.
Asimismo, otros delegados en ese foro consideraron que la declaración, cuyo cumplimiento no es obligatorio para los Estados, podría convertirse en la base para una convención, la cual puede devenir un compromiso internacional en el futuro.
Voceros de la representación peruana estimaron que a partir de este momento, los Estados y los pueblos de las referidas comunidades inician una nueva etapa, basada en una relación de tolerancia, de respeto y de integración en sus sociedades.
El documento, opinan, podría revertir la actual situación, en la que muchos indígenas viven marginados y oprimidos.
Asimismo, tras la aprobación de esa declaración, negociada durante 11 años a nivel gubernamental y propuesta hace 22, no se irá a la misma velocidad para cambiar esa situación en todas partes del mundo, pero si se avanzará en la misma dirección.
Funcionarios latinoamericanos en el CDH subrayaron que la declaración constituye un acto de reivindicación de esos pueblos, por lo cual, desde ahora, esas minorías ya no lucharán por el reconocimiento de sus derechos, sino por su ejercicio.
Representantes mexicanos en esa entidad de la ONU destacaron que algunos gobiernos violaron los derechos económicos y sociales de los indígenas, pero ahora deberán realizar cambios en sus políticas y leyes nacionales para compensarlos.
La declaración puede inspirar a esas comunidades para que se materialicen los cambios jurídicos y constitucionales necesarios y se restituyan sus derechos, afirmaron.
Durante esta semana, Canadá, Rusia, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda expresaron sus reservas sobre el referido documento, el cual debe ser ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre próximo.
Ginebra, 30 junio 2006
Prensa Latina , 0, 90, 13
