DEMANDAN EN TRIBUNALES REVISIÓN DE FALLO CONTRA MAPUCHES

Patricia Troncoso, Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao y Florencia Marileo, quienes cumplen hoy 44 días en huelga de hambre, fueron acusados de incendiar los predios de una empresa privada forestal instalada en terrenos que los indígenas reclaman como propios.

A los cuatro se les aplicó la ley antiterrorista, promulgada por el ex dictador Augusto Pinochet en la década de los 80 para reprimir a opositores políticos, y se les condenó además a pagar cerca de 800 mil dólares de indemnización a la Forestal Mininco.

«A la luz de los nuevos antecedentes que consisten en una sentencia emanada de otro proceso hemos podido comprobar que aquí claramente no existió un juicio justo», explicó la abogada poco después de instalar el recurso en los tribunales.

Señaló que «en una apariencia de juicio», donde no pudieron ser acreditado los cargos, «se condenó a esas personas sin hacer una evaluación razonada de las pruebas, y copiaron textualmente los fundamentos de otra sentencia ajena al proceso.

«Es por eso que estimamos que esta situación es grave y la Corte Suprema tiene que prever esta sentencia y hacer justicia», indicó la profesional.

Asimismo la abogada interpuso un recurso de amparo en favor Juan Carlos Huenulao por la «injusta y arbitraria privación de su libertad».

Los cuatro acusados cumplen su condena en la Cárcel de Angol, localidad de la sureña región de la Araucanía, donde se concentra la mayor parte de los 800 mil indígenas que habitan el país.

El diputado Marco Enríquez-Ominami y el senador Alejandro Navarro acudieron el lunes a La Moneda para dejar una carta a la presidenta Michelle Bachelet solicitando haga las gestiones pertinentes para finalizar con la prisión de los mapuches.

Pidieron al gobierno impulsar un proyecto de ley para amnistiar a los detenidos, que se encuentran en muy malas condiciones físicas después de cumplir más de 44 días sin ingerir alimentos sólidos en demanda de un nuevo juicio.

«Manifiesto mi total y absoluto rechazo a aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso en específico a un grupo de mapuches. La ONU a través de su relator para los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, ha declarado nula esta norma», declaró Enriquez.

PELIGRO DE MUERTE

En tanto, el médico que asiste a los huelguistas, Juan Carlos Reynado, dijo a Crónica Digital que los cinco huelgistas «están en un claro riesgo de muerte, ya que llevan 44 días sin ingerir alimentos».

El galeno explicó que los jóvenes han perdido 17 kilos, «situación que lleva a la perdida de msa corporal y que a partir del día 50 podrían entrar en riego de muerte».

Santiago de Chile, 26 de abril 2006
Crónica Digital
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Sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos exigen investigar la responsabilidad política de autoridades de anteriores gobiernos de la Concertación en el caso de la identificación errónea de casi un centenar de víctimas de la dictadura. Los principales dardos apuntan, además de los funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) -dependiente del Ministerio de Justicia-, a los ex titulares de esa cartera Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Luis Bates, y también al ex presidente Lagos. Aunque desde 1994 había evidencias de errores cometidos en la identificación de cerca de un centenar de restos entregados a familias equivocadas, ninguna de las autoridades tomó medidas para aclarar la situación hasta la semana pasada en que el SML lo reconoció oficialmente. «No hay que presuponer que alguien haya actuado con mala fe o con la intención de ocultar la verdad. Durante muchos años se hizo lo posible para que no quedaran vestigios ni restos ni huellas», dijo la mandataria en una declaración a la prensa que no estaba programada. Resaltó que «construir la verdad es y será una tarea difícil que queremos y debemos continuar» y atribuyó el dolor que enfrentan los familiares de los desaparecidos a la dictadura militar. Sus declaraciones tienen lugar luego que la abogada querellante en causas de derechos humanos, Pamela Pereira, criticó duramente a Lagos por no haber reaccionado frente a los errores del SML durante su gobierno, pese a que ella le advirtió desde 2002 sobre la tragedia que se avecinaba. Bachelet recordó que el drama que «hemos enfrentado todos estos años es la herencia de una dictadura donde hubo silencio, tortura, ocultamiento de información y atropello a los derechos humanos». «Por lo tanto, y por lo dramático de todo esto, yo quiero llamar a la calma y a la prudencia en un tema delicado y de tanta sensibilidad para todo el país. Es inimaginable que pudiera haber alguien que quisiera sacar ventajas de un caso tan dramático», recalcó. La gobernante señaló que «aún quedan desaparecidos en nuestro país y como Presidenta me hago cargo de esta herida abierta, lo enfrentaremos con voluntad y decisión, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en más verdad y más justicia». Bachelet dispuso un conjunto de medidas para enfrentar la errónea identificación en 48 de los 96 restos de detenidos desaparecidos hallados y exhumados en el Patio 29 del Cementerio General en 1991 y sus consecuencias de todo tipo para los familiares. Entre ellas, la creación de una coordinadora para establecer las responsabilidades, un sumario interno al interior del SML, el anuncio de que se creará una comisión investigadora en la Cámara Baja y un nuevo sistema de análisis de ADN. Santiago de Chile, 27 de abril 2006 Crónica Digital/PL , 0, 85, 3

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