Arturo Martínez, presidente de la gremial chilena, sostuvo que el sistema de la Administración de Fondos Pensiones (AFPs) se contrapone con los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que la seguridad social no puede ser objeto de lucro.
La CUT será la primera institución del país en exponer sus propuestas ante una comisión gubernamental creada por Bachelet para estudiar reformas al modelo previsional, en poder de seis grandes empresas privadas que controlan 80 mil millones de dólares.
«Un trabajador que gana 150 mil pesos (unos 285 dólares) termina pagándole a la AFP el 20 por ciento de lo que cotiza en un año para que le administre su dinero. Entonces, creemos que aquí hay un gran abuso. Por eso, no más negocio privado con los fondos de pensiones», subrayó.
Martínez dijo que la CUT ha insistido en la necesidad de superar la enorme brecha entre ricos y pobres generada por el modelo neoliberal, «donde la mala distribución de la riqueza mantiene a la gran mayoría en condiciones de desigualdad inaceptables».
Señaló que las desigualdades reflejan la precariedad de los salarios, malas condiciones de trabajo, pero -por sobre todo- una falta de cobertura social y un sistema de pensiones que amenaza con la inseguridad y la insuficiencia económica a millones de personas.
«En este contexto los trabajadores consideran de máxima urgencia la necesidad de cambiar el enfoque mercantilista del sistema y avanzar hacia un modelo que asegure a todos una pensión suficiente para una vejez digna», enfatizó.
Según cifras oficiales, en los últimos 24 años han ingresado al sistema siete millones, 80 mil 646 personas, de las cuales sólo se mantienen cotizando en forma esporádica tres millones, 36 mil 987, lo que equivale a que el 57 por ciento no tiene cobertura alguna.
Además de exigir el fin del negocio privado, la CUT planteará a la comisión gubernamental que los empresarios vuelvan a aportar a la cuenta individual del trabajador y que se cree un fondo solidario para que lo ayuden a tener una pensión digna.
«Hasta el año 1981 los empresarios imponían para las pensiones de los trabajadores, allí se liberaron y ellos se ahorraron la plata con el compromiso de crear empleos. No crearon empleos y las pensiones de los trabajadores se han reducido a casi nada», explicó Martínez.
El dirigente gremial insistió en que «no es posible que la gente tenga que andar buscando pensiones asistenciales si ha trabajado y, si ha trabajado, tiene derecho a tener una pensión digna y para eso hay que hacer un fondo solidario».
«Aquí hay mucha gente que le ha ido bien, al Estado también le ha ido bien y a los únicos que les va mal son a los pobres y esa gente tiene que tener respuesta», sostuvo el presidente de la CUT.
Otra propuesta importante será la relativa a una equidad de género. «La mayoría de las chilenas sólo tiene acceso a trabajos informales, cuando tiene hijos no cotizan y nadie lo hace por ella. Luego, trabaja en la casa», explicó.
«Teniendo en cuenta esa situación, planteamos al gobierno la necesidad de que exista una bonificación en tiempo y recursos para que nuestras mujeres tengan también una pensión digna cuando llegue al final de su vida laboral, apuntó.
La reforma al sistema de pensiones fue una de las principales promesas electorales de Bachelet, que la pasada semana nombró una comisión gubernamental para recoger propuestas de todas las partes involucradas y presentar un informe al Ejecutivo.
El informe servirá de base para elaborar el proyecto ley que presentará al Congreso a más tardar en junio. La iniciativa está entre las 36 medidas propuestas por la mandataria para los primeros 100 días de gobierno.
Santiago de Chile, 3 de abril 2006
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