La moción de un grupo de diputados DC señala que no parece razonable mantener este tipo de privilegios que datan de los tiempos en que no existía la separación entre la Iglesia y el Estado.
Un proyecto para modificar el Código de Procedimiento Civil, eliminando los privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas (boletín 10324), presentaron a trámite legislativo los diputados DC René Saffirio, Claudio Arriagada, Aldo Cornejo y Ricardo Rincón, el pasado 7 de octubre.
Los legisladores argumentan que la regla general en el procedimiento civil es que toda persona deba testificar ante el tribunal, pero se establecen determinadas excepciones, en razón del cargo o función pública que desempeñan algunas personas.
En ese sentido, quedan exentas de comparecer ante el tribubal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los parlamentarios, los alcaldes, los miembros de las cortes Suprema y de Apelaciones, los fiscales y los oficiales en servicio activo y en retiro.
Pero también se establece esta excepción para las autoridades eclesiásticas como el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Párrocos e, incluso, los novicios podrían hacer uso de este derecho, afirman los parlamentarios, que consideran que no parece razonable mantener esta norma en el Chile actual.
«Se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que, además, no corresponde en un Estado laico», plantean en la moción los autores del proyecto.
Agregan que es una responsabilidad de los legisladores «moldear un ordenamiento jurídico coherente y armónico y, también, depurarlo de toda norma o institución anacrónica y que constituya un resabio de prerrogativas indebidas en una sociedad democrática».
Aseguran, también, que en ese sentido corresponde consolidar una función jurisdiccional que no sólo se ejerza con pleno respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que, además, con la mayor igualdad y sin privilegios o fueros procesales para ningún sector determinado.
Santiago de Chile, 28 de octubre 2015
Crónica Digital / Agencias
