El vicepresidente ejecutivo del Consejo, Emilio Rodríguez, y el rector encargado de la Comisión Económica, Carlos Torres, expusieron ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto.
En la instancia, los rectores plantearon siete medidas, entre las que se incluyen la mantención y ampliación del uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario; la restitución de los Fondos de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento Universidades y el fortalecimiento del Fondo de Educación Superior Regional.
Apelando a la voluntad de los actores políticos, el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas (CRUCH), Emilio Rodríguez, planteó siete propuestas para el proyecto de ley de Presupuesto 2023, que buscan garantizar la sustentabilidad de las instituciones.
Las medidas se dieron a conocer en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, que revisó este miércoles las partidas del Ministerio de Educación.
Conectado desde Valdivia, donde mañana se realizará la sesión de octubre del CRUCH, , el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Emilio Rodríguez, destacó el aporte de las 30 universidades del Consejo. “Nuestras universidades están presentes en rankings internacionales, son de las mejores instituciones de Latinoamérica y la productividad de nuestra comunidad científica es de las más altas del continente. La investigación y la formación de pregrado está altamente valorada, así como el postgrado, pero para sostener el desarrollo las instituciones requieren recursos”.
Rodríguez aseguró que hay conciencia respecto a las dificultades económicas que enfrenta el país, por lo que varias de las propuestas “implican voluntad política y no necesariamente más recursos”.
Por su parte, el rector encargado de la Comisión Económica del CRUCH, Carlos Torres (U. de Talca), explicó que la situación de las universidades se vio afectada por la crisis sanitaria. “Eso nos lleva a ciertos problemas que hoy día vemos que profundizan, la comprensión de las universidades y son los gastos de emergencia y postergación de inversiones durante la pandemia que hoy necesitamos recuperar”, sostuvo.
El rector Torres también destacó las complicaciones financieras que han debido enfrentar los planteles debido a la aplicación de los artículos 108, y 35 y 38 transitorios de la Ley N° 21.091, vinculados al beneficio de la gratuidad.
Uso del FSCU
Una de estas medidas es la mantención y ampliación del uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), aplicada los últimos años debido a la crisis sanitaria por Covid-19.
El rector de la U. de Tarapacá aseguró que esto no implica gastos para el Estado y “simplemente se trata de que se autorice a las universidades a usar estos recursos. Esto se trata más bien de voluntad política”.
Concretamente, el Consejo solicita utilizar el 50% de los excedentes del FSCU de 2022, para financiar las obligaciones asociadas a las y los estudiantes beneficiados por la Gratuidad y que exceden hasta un año de la duración formal de sus estudios (Artículo 108 de la Ley N°21.091).
Asimismo, se plantea usar el 50% de los excedentes acumulados hasta 2021 para costear los gastos asociados al citado artículo, además de solventar costos vinculados a acciones para resguardar la salud mental de las comunidades universitarias, la implementación de Ley Nº 21.369, infraestructura y equipamiento para la calidad y déficits derivados de la postergación de la puesta en vigencia de los aranceles regulados.
Restitución de recursos y apoyos a planteles estatales
Otro de los planteamientos del CRUCH apunta a la restitución de los Fondos de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento Universidades del Artículo 1 del DFL (Ed.) N° 4 de 1981, que fueron rebajados a $0 el año 2021.
Rodríguez destacó que se trata de “recursos que hasta hace un par de años eran asignados a las universidades del G9, que son universidades que pertenecen al Consejo de Rectores y que sin ser estatales, tienen una vocación pública absolutamente demostrada a través de su historia y que son realmente muy importantes para el desarrollo del país”.
Por otro lado, respecto a las universidades estatales, se propone nuevamente postergar la entrada en vigencia del Artículo 48 de la Ley N° 21.094. “Tampoco es algo que signifique recursos adicionales, sino que es una cuestión de voluntad política”, explicó el vicepresidente ejecutivo del CRUCH.
El CRUCH también respaldó otra aspiración de los planteles estatales: contar con herramientas que permitan acceder a endeudamiento de largo plazo con garantía Estatal.
“Hay instituciones que están pagando una cantidad importante de recursos a factoring, que les significan pago de intereses, cuando podrían reprogramar esas deudas a largo plazo”, sostuvo Rodríguez, asegurando que esta garantía “que tampoco demanda recursos adicionales, hay que decirlo con claridad”.
Recursos para universidades regionales
Asimismo, el rector Rodríguez manifestó que es necesario aumentar los recursos para a las universidades regionales, a través del fortalecimiento del Fondo de Educación Superior Regional; ante los mayores costos asumidos por las instituciones en el contexto de pandemia.
“Este fondo tiene un valor que es netamente simbólico, son 10 mil millones de pesos para 22 instituciones. Entonces, entendiendo que se deben dar pasos paulatinos, creemos que se podría llegar a $25 mil millones en un plazo de 3 años”, sostuvo.
También se propone instrumentos de financiamiento estatal y de transferencia de recursos para cubrir la asignación de zona que beneficia a funcionarios y funcionarias de planteles estatales, a fin de equiparar la forma de pago del Bono de Zonas Extremas con el resto del sector público.
Por otro lado, se propone reajustar los fondos del Aporte Fiscal Directo y otros fondos basales/convenios en un porcentaje equivalente al IPC.
Ajustes a la política de gratuidad
Asimismo, el CRUCH planteó la necesidad de modificar el artículo 108 de la Ley N° 21.091, a fin de que el Estado asuma el financiamiento del 50% del valor del arancel regulado y derechos básicos de matrícula de estudiantes con gratuidad que excedan hasta un año la duración formal de las carreras.
Respecto a los artículos 35° transitorio y 38° transitorio, se propone modificar la reajustabilidad de ambas normas y acotar la brecha entre la tasa de crecimiento de los costos en las universidades y la inflación.
Finalmente el rector Rodríguez destacó que los planteamientos del Consejo “dialogan y coinciden con las propuestas que están haciendo las otras asociaciones”, en referencia a las demandas en este ámbito del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) y la Agrupación de Universidades Regionales (AUR).
Santiago de Chile, 27 de octubre 2022
Crónica Digital
