El ministro del Interior y jefe de gabinete, Andrés Zaldívar, dijo en una cena anoche con senadores de la coalición gobernante que «hay que dejar a los tribunales hacer su tarea», o sea, dejar el conflictivo tema a la interpretación jurídica de cada juez en particular.
Bachelet, quien ya había dado señales de indecisión sobre la iniciativa, insistió en el mismo escenario que habría que estudiar muy bien la legislación, que en su opinión podría llegar al Tribunal Constitucional y ser declarada inadmisible.
El encuentro tuvo lugar horas después de que diputados de tendencia progresista dentro de la Concertación decidieron seguir adelante y presentaron al Congreso la propuesta, que es apoyada por partidos de izquierda y defensores de los derechos humanos.
Aunque señaló que el gobierno seguirá estudiando el proyecto legislativo, «pues a Bachelet le interesa que haya verdad y justicia en el ámbito de los derechos humanos», Zaldívar dejó en claro su preferencia porque el asunto siga su curso por el carril judicial.
La nueva ofensiva contra la polémica ley fue iniciada la pasada semana luego que el juez Víctor Montiglio aplicó la amnistía a un grupo de ex represores vinculados a Caravana de la Muerte, uno de los más sangrientos episodios de la dictadura.
El diario conservador La Tercera afirma hoy, citando fuentes del gobierno, que el Ejecutivo quiere evitar un conflicto con las Fuerzas Armadas -fuertemente opuestas a la medida- y posibles complicaciones de carácter jurídico.
Aunque no consiguieron la «suma urgencia» que pidieron al gobierno para el proyecto de ley, los diputados insistieron ayer en la necesidad de aprobar la iniciativa, que sólo requeriría de una mayoría simple en ambas cámaras del Congreso.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez, volvió a pedir que el gobierno respalde la legislación a través de las urgencias parlamentarias y solicitó una nueva cita con Zaldívar para insistir.
Ante la distancia que tomó el Ejecutivo, sin embargo, otros parlamentarios se inclinaron por buscar aprobar el proyecto sin el apoyo del gobierno. «Esta es una iniciativa parlamentaria», recalcó la diputada socialista Isabel Allende.
Esta posición es fuertemente apoyada por la denominada izquierda extraparlamentaria, que encabezan los partidos que integran el pacto Juntos Podemos Más y las organizaciones de derechos humanos.
El Partido Humanista llamó hoy a la ciudadanía a estar atenta ante las presiones que se están ejerciendo para hacer abortar la medida, que pondría fin «a los garrafales fallos, a través de los cuales se ha intentado denegar justicia en los casos de derechos humanos».
La agrupación criticó en duros términos la posición del gobierno y denunció que «bajo el eufemismo de estar estudiando los antecedentes» no hace otra cosa que «ceder a las presiones de la extrema derecha y algunos sectores de las Fuerzas Armadas».
«La falta de disposición del gobierno de Bachelet a otorgarle suma urgencia al proyecto, demuestra la falta de disposición política para terminar con uno de los tantos enclaves autoritarios que no le permiten avanzar a la sociedad chilena por un verdadero camino democrático», afirma.
Santiago de Chile, 19 de abril 2006
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