Desde hace varios meses se ha vuelto recurrente presenciar en los diversos recorridos de Metro S.A. a familias de migrantes venezolanas que – con la compañía de sus hijos – solicitan dinero a las y los usuarios que viajan. Su argumento es no tener trabajo estable, ni un lugar donde vivir, ni comida para alimentarse, a pocos días de llegar a Chile. Sin lugar a dudas resulta doloroso escuchar el relato que vociferan en los carros, señalando estar hambrientos producto de la cesantía a causa de no tener documentación legal. En rigor, expuestos a una situación de informalidad y desamparo extremas en su condición de migrantes, que golpea aún más a niños y niñas.
Esta práctica de pedir limosna se reitera en numerosas estaciones, donde familias jóvenes exponen a sus niñas y niños – a primera hora del día y hasta altas horas de la noche – al trabajo infantil. En Chile el Código del Trabajo señala expresamente que está prohibido que las personas menores de 18 años – salvo ciertas excepciones para adolescentes – sean objeto de contratos o prácticas laborales, formales e informales. Y la práctica de mendigar también vulnera los derechos de ese niño o niña, más aún cuando son utilizados como enganche para obtener el ingreso familiar reemplazando el sueldo obtenido por un empleo.
La experiencia sin duda es una exposición al trauma desde pequeños, más aún cuando el propio relato del “padre” da cuenta de todas las carencias y necesidades sin resolver, y de derechos básicos que no reciben sus hijos. Eso incluye su derecho a asistir a la escuela, salud y alimentación, a recrearse y vivir una vida de niños.
La necesidad de regularizar la migración es cada vez de una urgencia mayor, sin dejar de tratar a las personas con la dignidad que merecen, jamás como “ilegales”. Como en todo país, el Estado de Chile debe garantizar los derechos humanos también del migrante y su acceso pleno a las necesidades básicas de todo ser humano para una vida digna.
No es un tema menor que la migración desregularizada en Chile es un tema prioritario y de preocupación, porque su descontrol ha impactado la seguridad. De hecho, el gobierno del presidente Gabriel Boric definió como prioridad en su gestión la seguridad enfrentando al crimen organizado, que incluye perseguir y desbaratar bandas criminales como el Tren de Aragua. Como antesala está la irresponsable invitación de Sebastián Piñera en Cúcuta, en el verano del 2019, aún como presidente promoviendo una abierta invitación a vivir en nuestra tierra. “Vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!”, ratificó después el ex ministro Pablo Longueira, sin asumir las consecuencias posteriores que su invitación generaría en el territorio, donde la migración infantil es la más afectada.
No obstante, ¿qué responsabilidades tiene el adulto migrante con sus hijos e hijas? Por sobre todo, asegurarles las mejores condiciones de vida, educación, protección y amor que todos los niños y niñas del mundo tienen. Y que buscarían en Chile con su decisión de emigrar, lo que hace inaceptable el uso de pequeños en la práctica del limosneo.
En octubre del 2022 el Servicio Nacional de Menores (Sename) inició una investigación de oficio por el supuesto arriendo de niñas y niños para pedir limosna. De acuerdo a las denuncias se trataría de familias de migrantes que utilizan a los menores para generar mayor sensibilidad a la hora de pedir dinero.
Diversas denuncias han abierto investigaciones para perseguir a las bandas de tratas de personas que “arriendan” niños para limosnear. Las autoridades chilenas han sido advertidas de que hasta cobrarían tarifa por cada día en que éstos son utilizados con este fin. Experiencias en Latinoamérica dan cuenta de anteriores evidencias del mismo delito. De hecho, entre el 2020 y 2022 en Colombia la fiscalía efectuó más de 30 investigaciones contra redes de trata de personas que lucraban con el arriendo o renta de niños y niñas migrantes, con la complicidad de sus padres.
Los niños migrantes en Chile deben tener garantizados todos sus derechos, incluyendo la protección ante descriteriados familiares que – bajo la excusa de la pobreza – los utilizan para estas prácticas. Asegurar los derechos de todos los niños y niñas que nacen o viven en Chile es un deber del Estado y de todas y todos. Pero también superar la indiferencia ante este grave delito del uso o arriendo de menores para limosnear. Perseguir y castigar es fundamental para evitar la expansión de nuevas formas de explotación infantil en Chile.-
Por Karen Medina
Periodista, Licenciada en Comunicación Social
Ex Seremi del Trabajo, Región de Valparaíso
Santiago de Chile, 2 de marzo 2023
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