La actividad minera viene añadida a nuestra vida política y cultural desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país. Claramente no fuimos el país más rico para quienes vinieron hacerse “la américa” en nuestro continente, pero desarrollamos la actividad como medio de subsistencia al consolidarse poderes compradores que permitían comer a miles de trabajadores, y llevarse pingues ganancias a sus dueños.
Por las circunstancias de la historia y los intereses de poderes extranjeros en nuestro país, nos hicimos de importantes yacimientos mediante conflictos bélicos. Salitre y Cobre, minerales tan atractivos para el mercado en su momento como lo puede ser el Litio en nuestros días, se transformaron en el sueldo de Chile.
Siendo su actividad y utilidades la única fuente de riqueza que se vislumbraba para atender las necesidades sociales del país, llegó a otorgársele privilegios legales de rango constitucional, por sobre cualesquier otra actividad económica, privilegios que mantiene hasta nuestros días.
La mediana y gran minería siguen teniendo ese status estratégico para la economía y el desarrollo nacional, sin embargo, el mundo ha cambiado y el país le sigue lentamente desde atrás.
Al interior del país se han desarrollado la industria forestal y la Pesca en cuanto a recursos naturales, con privilegios que sus empresarios exigen equiparar a la actividad minera, de ahí el lobby y la discusión latosa en el congreso por sendos proyectos como la ley del bosque nativo o la ley de pesca. No obstante ser los mismos dueños, los grandes empresarios no quieren más que los privilegios que tienen los mineros, pero tampoco menos.
En el ámbito internacional, “trabas indeseables” que tienen que ver con la moda molestosa de los ambientalistas. Efectivamente, temas como la “huella de carbono” están presionando cada vez más al mercado minero y existen presiones que afectan los intereses de nuestros empresarios de la minería, que no entienden eso de “salvar el planeta”, es decir, las exigencias del mercado internacional están logrando cambios que históricamente no han logrado las luchas sindicales en nuestro país.
En concreto, la firma de convenios internacionales por el gobierno de Chile, está presionando los privilegios sectoriales que los empresarios lograron conseguir a costa de grandes pasivos ambientales, es decir, playas y ríos contaminados y miles de ecosistemas exterminados, con inestimables costos para la calidad de la vida humana.
Pero algo no calza en la lógica de nuestros empresarios. Efectivamente, hoy existe clara conciencia de que Chile es un país rico en recursos turísticos y bien sabemos que esta industria, denominada “industria sin chimenea”, llegó a ocupar el 7mo puesto como una de las industrias más lucrativas en el mundo (OMT 2011), es más, sabemos que existen países donde el turismo representa la base de su desarrollo económico, con una mínima proporción de la cantidad de recursos que posee nuestro país, por decirlo de otro modo, “estamos llenos de yacimientos” sin que existan empresarios dispuestos a explotarlos.
¿Por qué no actúa el mercado?
¿Cuál es la razón de este sinsentido en las leyes del mercado?
Podríamos especular con limitaciones e incapacidades para poder apreciar esta industria de futuro, o también sostener que esperan “estrujar” al máximo sus inversiones en cuanto hoyo minero tengan en el país, o tal vez algo tenga que ver con la demanda energética para una industria y su potencial desarrollo. Lo concreto es que estamos frente a una oportunidad en que la única amenaza para transformarnos en una potencia turística mundial, es que nuestros vecinos sean capaces de hacerlo mejor que nuestros empresarios, con menos atractivos turísticos, pero con un Estado responsable que visualizó en la “industria verde”, una oportunidad de desarrollo sustentable, con evidentes beneficios sociales y posibilidades de mejoramiento de calidad de vida de sus trabajadores y familias, lo que no ha logrado en el mismo tiempo la minería en Chile.
Resulta sorprendente observar en nuestros países vecinos, como los gobiernos regionales y locales estimulan la industria turística, como sus Ministerios de Turismo informan del impresionante efecto multiplicador en las fuentes laborales y actividades económicas que se asocian a proyectos público-privados. En Chile en cambio, contamos solo con un “Servicio Nacional de Turismo” y la provisión de personal encargado de promocionar el turismo local en nuestras municipales, no pasa de dos a tres funcionarios, en el mejor de los casos.
Por lo pronto, nuestros jueces se ven obligados a seguir entregando “derechos de servidumbre” para la explotación de faenas mineras, incluso sobre territorios cuya biodiversidad se encuentra protegida por la débil legislación ambiental de nuestro país. Es decir, el afán de lucro de un empresario, vale más que ecosistemas amenazados y considerados estratégicos en el resto del mundo. Es legal, pero no es Justo.
“Los privilegios a la larga siempre traerán miopía.”
Mientras los grandes empresarios de este país y de sus recursos naturales sigan dirigiendo la política en Chile, tendremos que esperar los impactos ambientales del último hoyo que el mercado internacional les permita seguir haciendo, porque si están esperando “privilegios del Estado” para desarrollar la industria turística… ¿en qué quedaría esa máxima de prescindir del Estado en la actividad económica?
Mientras las “ideas” no vuelvan a imponerse sobre “la influencia del dinero”, poco o nada podremos esperar quienes creemos en la construcción de “un destino país”.
Santiago de Chile 2 de noviembre 2012
Héctor R. Jara Paz Universidad de las Américas
Crónica Digital
