El Decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile representará a la Casa de Bello ante el TC , defendiendo la constitucionalidad del proyecto de ley de aborto en 3 causales.
En representación de la comunidad universitaria de la Universidad de Chile, el Decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, llegará este miércoles hasta el Tribunal Constitucional (TC) para defender la constitucionalidad del proyecto de ley de aborto en 3 causales, teniendo en cuenta el interés superior de Chile y la vocación pública que debe cumplir la Casa de Bello.
El Decano focaliza los argumentos de su presentación en el hecho de que la discusión central no supone afirmar que se está a favor o en contra del aborto. Esa discusión debería darse en otra instancia, a propósito de otra ley, distinta de la actual. A su juicio, lo que ahora está en discusión es precisamente la conformidad con la Constitución de este concreto proyecto de ley, para lo que deben abordarse “las razones constitucionales y de salud pública” que llevan a rechazar los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos.
En este contexto, el abogado expone que el “estatus ontológico” del nasciturus no es parte de la actual discusión, ya que lo fundamental “es determinar el alcance de protección de la vida del no nacido que la Constitución entrega al legislador”.
Sobre este punto, Harasic acerca de la Constitución que nos rige, sostiene en su presentación que “la Constitución actual puede gustarnos o no, de hecho, a nosotros no nos gusta, y por ello estamos comprometidos con su cambio, pero mientras éste no se produzca es la Constitución que nos rige y en ella –hasta Jaime Guzmán lo reconoció- no hay problema de inconstitucionalidad alguno al despenalizar el aborto”.
Para complementar la argumentación, el Decano de Derecho de la U. de Chile recuerda que el aborto terapéutico ya existió como tal en nuestra legislación y que los comisionados encargados de redactar la Constitución de 1980 incluso dejaron consignada su opinión “en cuanto a que habría de ser constitucionalmente admisible legislar sobre el aborto”, y en particular, dejando establecido en el artículo 19 número 1, inciso 2°, de la Constitución Política, que dicha materia debería ser regulada en el futuro por la vía legislativa (“la ley protege la vida del que está por nacer”).
Así, Harasic argumenta que “carece de sentido postular una prohibición constitucional absoluta de interrupción del embarazo”, puesto que se deben ponderar los derechos del no nacido con los derechos fundamentales de la mujer embarazada, motivo por el cual no se debe implementar un mandato de protección del que está por nacer “a toda costa”.
Junto con detallar los argumentos jurídicos que explican la constitucionalidad de cada una de las causales, el Decano Harasic recalca que es importante no perder el norte de la discusión, señalando que “el proyecto de ley que nos convoca simplemente despenaliza y regula la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones muy particulares y extremas. Se trata de casos puntuales en los cuales un mínimo de respeto por el otro hace necesario descriminalizar la interrupción del embarazo”.
Además, puntualiza que con este requerimiento, se intenta atribuir al TC un rol que no le corresponde, ya que “la discusión política ya se ha dado en nuestro Congreso. Nuestro legislador ha determinado que este proyecto de ley debe ver la luz”.
Sobre los argumentos desde la perspectiva de la Salud Pública, el Decano subraya que Tratados Internacionales de Derechos Humanos han concluido que la penalización del aborto promueve los abortos clandestinos y que, en este sentido, Chile ha recibido la recomendación de organismos internacionales (como la CEPAL y la ONU) de enmendar las leyes, reglamentos y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para proteger la vida y la salud de las mujeres.
Para finalizar su presentación, el Decano de Derecho de la U. de Chile solicitará expresamente al TC que desestime el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por los parlamentarios de Chile Vamos, recalcando que “es tiempo que el Estado de Chile se comprometa con el resguardo y protección de los derechos de sus ciudadanas a la protección de su salud, su integridad, su dignidad y su vida”.
Santiago de Chile, 17 de agosto 2017
Crónica Digital / uchile.cl
