El Partido Progresista de Chile, a través de su presidente Camilo Lagos, presentó una serie de propuestas para enfrentar la crisis pandémica que se vive en el país, como consecuencia de la pandemia del COVID–19, a través del documento titulado “Proposiciones Progresistas Frente a la Crisis: Derechos Sociales Ahora y Siempre”.
La colectividad fundada por Marco Enríquez–Ominami, planteó sus proposiciones en un documento, apuntando a los derechos sociales que, según ha expresado el partido, han sido vulnerados por el actuar del Gobierno de Sebastián Piñera.
En ese escenario, el partido instó al Presidente de la República a contemplar dichas ideas en su próxima cuenta pública, programada para hoy, y abordar –entre otras materias– el establecimiento de una Renta Básica Universal.
Según el documento, el Partido Progresista ratifica su “completo respaldo al retiro del 10% de los fondos de pensiones de las y los trabajadores desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”. En este contexto, proponen que se reponga la propuesta de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones para garantizar una Pensión Básica Universal, y que éste sea el primer paso hacia el establecimiento de un Sistema de Seguridad Social.
Asimismo, apunta a enfrentar el endeudamiento y la disminución de ingresos con el poder público a través de una Renta Básica Universal mediante la transferencia monetaria directa a la población, con criterios de amplitud y solidaridad, añadiendo que debiera extenderse más allá de la pandemia.
En la misma línea, apunta a prohibir el registro de las personas, así como de las pequeñas y medianas empresas, en el Boletín Comercial, además de resolver el congelamiento de los pagos, a todo evento, de los dividendos de créditos hipotecarios, cuotas de créditos de consumo y los servicios básicos domiciliarios.
También propone la interrupción de los remates de viviendas por parte de la banca privada, mientras se extienda la pandemia y a lo menos hasta enero de 2021, y plantea ampliar en cobertura y en monto, el subsidio de arriendo para la llamada “clase media”.
“Que la cifra entregada sea de un 40% a un 60%, según la reducción de un 30% o más del sueldo, para los arriendos igual o menor a 500.000”, detalla al respecto Camilo Lagos, agregando, como propuesta, la extensión de la cobertura de la gratuidad de la educación superior para el año 2021 hasta el octavo decil, y congelar el pago del CAE y condonar las cuotas de morosidad generadas por la crisis.
El Partido también propone activar el uso del gasto del 2% constitucional del presupuesto de libre disposición del Presidente de la República para que sea destinado a una inversión pública expansiva, así como poner en marcha un Plan de Créditos Sociales para las PYMES a una tasa 0% y que sea ejecutado a través de Banco Estado, CORFO u otras agencias del poder público, excluyendo en forma expresa a la banca privada.
Los progresistas sostienen que “es evidente que una condición de viabilidad de esas proposiciones es un Estado con fortaleza y con capacidad, presente y proactivo, pero, también es indispensable la solidaridad: en ese sentido, apoyamos la iniciativa legislativa en tramitación para el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas”.
LA PROPUESTA PROGRESISTA
Los principales elementos del paquete de proposiciones son los siguientes, según la síntesis ejecutiva del texto del Partido Progresista:
- Ratificamos nuestro completo respaldo al retiro del 10% de los fondos de pensiones de las y los trabajadores desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En este contexto, proponemos se reponga la propuesta de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, para garantizar una Pensión Básica Universal, y proponemos que sea el primer paso hacia el establecimiento de un Sistema de Seguridad Social.
- Enfrentar el endeudamiento y la disminución de ingresos con el poder público
- a) Establecer una Renta Básica Universal transferencia monetaria directa a la población, con criterios de amplitud y solidaridad, la que debiera extenderse más allá de la pandemia.
- b) Prohibir el registro de las personas, así como de las pequeñas y medianas empresas, en el Boletín Comercial.
- c) Resolver el congelamiento de los pagos, a todo evento, de los dividendos de créditos hipotecarios, cuotas de créditos de consumo y los servicios básicos domiciliarios.
- d) Disponer la interrupción de los remates de viviendas por parte de la banca privada, mientras se extienda la pandemia, a lo menos hasta enero de 2021.
- e) Ampliar en cobertura y en monto el subsidio de arriendo para la “clase media”: que la cifra entregada sea un 40% a un 60%, según la reducción de un 30% o más del sueldo, para los arriendos igual o menor a 500.000.
- f) Extender la cobertura de la gratuidad de la educación superior para el año 2021 hasta el octavo decil, congelar el pago del CAE y condonar las cuotas de morosidad generadas por la crisis.
- g) Activar el uso del gasto del 2% constitucional del presupuesto de libre disposición del Presidente de la República para ser destinado a inversión pública expansiva.
- h) Poner en marcha un Plan de Créditos Sociales para las PYMES a una tasa 0% y que sea ejecutado a través de BancoEstado, CORFO u otras agencias del poder público, excluyendo en forma expresa a la banca privada.
Finalmente, el Progresismo sostiene que “es evidente que una condición de viabilidad de esas proposiciones es un Estado con fortaleza y con capacidad, presente y proactivo, pero también es indispensable la solidaridad: en ese sentido, apoyamos la iniciativa legislativa en tramitación para el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas”.
Santiago, 31 de julio 2020.
Crónica Digital.
