Prisión preventiva para exalcaldesa chilena por corrupción

La fiscalía chilena solicitó prisión preventiva para la exalcaldesa de la comuna capitalina de Maipú, Cathy Barriga, por los delitos de fraude al fisco, falsificación y mal uso de instrumento público.

Barriga fue electa como jefa comunal del segundo municipio más poblado del país en 2016 como candidata sin partido, apoyada por la formación de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).

Según estimados, durante los cinco años en el cargo defraudó al erario casi 31 mil millones de pesos (unos 35 millones de dólares).

De acuerdo con la Fiscalía, la exalcaldesa montó una estructura orgánica de disposición fraudulenta de recursos y para ello alteró el presupuesto municipal con gastos multimillonarios que ayudaron a publicitar su gestión.

Entre ellos figuran grandes festivales de música, la adquisición de 30 mil peluches con la imagen corporativa y la entrega de mochilas con material escolar para alumnos de colegios privados, con parte de los fondos de apoyo a la educación pública.

Además compró mil collares Swarovski, producto de lujo fabricado con cristal tallado, que entregó a diversas autoridades, legisladores, exministros y otras figuras públicas.

La también exmodelo y animadora de televisión está casada con el diputado por la UDI Joaquín Lavín, hijo del excandidato presidencial del mismo nombre que en 1999 disputó el Palacio de La Moneda con el socialista Ricardo Lagos.

La fiscal de alta complejidad Constanza Encina solicitó la prisión preventiva para Barriga al argumentar que la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad y podría darse a la fuga.

En este escándalo de corrupción también están involucrados cinco de los colaboradores de la exalcaldesa.

Santiago de Chile, 17 enero 2024
Crónica Digital

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Litio: Debilidades del acuerdo CODELCO SQM

Jue Ene 18 , 2024
Por Jan Cademartori Académico Universidad de Antofagasta. Magister en Economía y Doctor en Desarrollo por la U. Católica de Lovaina, Bélgica.  El Memorándum del 27/12/2023, consiste en un pre-acuerdo entre CODELCO y la empresa SQM para explotar conjuntamente los yacimientos de litio que se encuentran en el Salar de Atacama. Forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio informada por el Gobierno, en abril de 2023. El propósito de esta Estrategia es capturar un mayor porcentaje de las rentas, agregar valor a la materia prima y proteger el medio ambiente. Quedó sin embargo un sesgo extractivista al pretender al mismo tiempo que “Chile liderara la producción mundial de litio”, donde importa la cantidad por encima de la calidad, la competencia más que la colaboración con nuestros países vecinos que también poseen importantes reservas. Hay que recordar que estos yacimientos se encuentran en el Salar de Atacama, donde se ubican las reservas más importantes de Litio del planeta. El costo de producción es inigualable debido a la elevada concentración de litio y baja concentración de magnesio, a las condiciones meteorológicas, a las cercanías de los puertos de embarque.  Estas reservas eran propiedad de CORFO, pero hace décadas fueron arrendadas para su explotación a dos empresas privadas: SQM (dos tercios de la producción nacional) y Albermarle (un tercio de la producción nacional) Una historia se puede encontrar en Cademartori et al.  (2018). La concesión de SQM vence el año 2030 y la de Albermarle vencen el 2040. Por tanto, la prioridad es decidir el destino de los yacimientos SQM que vencen el 2030. Se supuso en algún momento que, bajo el actual gobierno, una nueva empresa estatal se encargaría de explotar estos yacimientos a medida que ocurriera su vencimiento. A este respecto, el Estado, formó una filial de CODELCO para el Litio. Posteriormente, CORFO traspasó el arrendamiento 2031-2060 de los yacimientos a CODELCO.  Sin embargo, mediante el Memorándum que comentamos, CODELCO y SQM, proponen crear una empresa mixta, conformada, aproximadamente con un 51% del capital para CODELCO y 49% para SQM hasta el año 2060. Allí viene una primera dificultad.  Una alianza sólida, requiere confianza mutua entre los firmantes, y con la ciudadanía. ¿Es posible? Desgraciadamente, SQM, ha cometido múltiples delitos, infracciones y ha sido objeto de denuncias. No sólo en el bullado caso de cohecho a la política, también en el ámbito tributario, ambiental, laboral. Incluso, el profesor Roberto Mayorga (2021), ha sostenido que está prohibido para el Estado, firmar acuerdos con empresas que han infringido la ley. Esto también tiene un correlato político.  La democracia está siendo poco valorada. El llamado “doble discurso”, mina la coherencia que se pide a los representantes cuando asumen responsabilidades de gobierno.  Quienes gobiernan y los parlamentarios oficialistas han sido los grandes críticos de SQM; ¿cómo explicar este cambio de rumbo a sus adherentes? Se ha justificado esta alianza por razones prácticas: SQM conoce el negocio, CODELCO es novato en el litio. Sin embargo, SQM podría competir con otras empresas establecidas en […]

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