La iniciativa, presentada por el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, crea y regula una subvención escolar nueva, denominada preferencial, destinada a mejorar la calidad de la educación impartida a los niños y niñas socio-económicamente vulnerables o prioritarios que cursen primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia (prekinder y kinder) y desde 1° hasta 4° año de educación general básica.
Se entenderá por alumnos prioritarios a aquellos cuya situación socioeconómica les dificulte enfrentar el proceso educativo. La calidad de alumno prioritario será definida por el Ministerio de Educación y en el caso de los que pertenezcan al sistema Chile Solidario, ingresarán de manera automática.
La Diputada Ximena Vidal (PPD), miembro de la comisión de educación de la Cámara Baja, recordó que la iniciativa se trata de un compromiso asumido por el ex presidente Lagos que refleja una preocupación por lograr una transformación de fondo de la calidad de la educación.
La parlamentaria señaló que este proyecto además cumple con un rol de protección social al eliminar las barreras que separan los distintos tipos de educación donde claramente el factor económico o la cantidad de recursos puestos para apoyar el aprendizaje del alumno independiente de la naturaleza del establecimiento es lo que hace la diferencia.
La Iniciativa dispone que los establecimientos educacionales autónomos recibirán por alumno, desde pre kinder a 4º básico, $18.905 (1,4 Unidad de Subvención Educacional, USE en 5º y 6º básico $12.558 (0,93 USE) y en 7º y 8º básico, $6.346 (0,47 USE).
En tanto, los establecimientos educacionales emergentes, recibirán por alumno, desde pre kinder a 4º básico, $9.452 (0.7 USE en 5º y 6º básico, $6.279 (0.465 USE) y en 7º y 8º básico, $3.173 (0.235 USE).
El informe de la Comisión de Hacienda consigna que, cuando esta ley esté en pleno funcionamiento, podrían recibir este beneficio un total de 754.236 alumnos. 420.583 corresponderán a niños desde pre kinder a 4º básico, y 333.653, a niños de 5º a 8º básico. Esto representará un costo fiscal de $164.896 millones.
El texto fue remitido al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional.
Valapraíso, 14 de diciembre 2006
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