La embajada de Caracas en Washington rechazó categóricamente esta clasificación que ignora los grandes esfuerzos y avances del país para combatir la trata de personas.
Un comunicado de la Cancillería circulado aquí comenta que la designación fue hecha con la meta política de aislar un gobierno que colocó como objetivos primordiales la democracia, el crecimiento económico equitativo, y el desarrollo social.
«El Gobierno de Venezuela tiene una extensa lucha contra el comercio humano y ha dado pasos importantes durante el último año para proteger a las víctimas, enjuiciando a traficantes y proporcionando herramientas para abordar el problema», añade.
De acuerdo con la cartera del Exterior estos pasos cumplen con las obligaciones internacionales de la nación sudamericana, y cuentan con la cooperación bilateral y multilateral de los países aliados.
El texto recuerda que en septiembre de 2005, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado, medida legislativa que impone sentencias de prisión mayores para los traficantes condenados.
Durante el año 2005 y el primer trimestre de 2006, agrega, dos mil 130 funcionarios del gobierno y de organizaciones no gubernamentales, comunales y municipales fueron entrenados para identificar y asistir a las víctimas.
Según la fuente, fueron identificados y asistidos 52 afectados del citado flagelo mientras 21 individuos fueron juzgados por su participación en esos hechos.
El texto recuerda que Venezuela fue sede de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas auspiciada por la OEA, y trabaja estrechamente con los países miembros del MERCOSUR y con Colombia.
«La decisión (de EEUU) tiene una motivación política, y es parte de una gran campaña para desacreditar los esfuerzos del presidente Hugo Chávez y su gobierno», explica la nota.
La comunicación señala que varios grupos de derechos humanos y analistas expresaron preocupación por el arbitrario decreto, entre ellos Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, y Joanne Mariner, subdirectora de Human Rights Watch.
«El Gobierno de Venezuela lamenta que la administración (de George W.) Bush permita que la política interfiera en temas tan importantes como la lucha contra la trata de personas», concluye el documento.
Caracas, 6 de junio 2006
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