Cerca de 100 máquinas del nuevo modelo de gestión de transporte público hoy se encuentran paralizadas tras haber sido declarada en quiebra por insolvencia económica y por el no pago de créditos laborales. Así lo dio a conocer el dirigente nacional del transporte Erick Yapar quien habría presentado una querella contra la empresa.
Los antecedentes presentados por el querellante dan cuenta de tres derrotas judiciales, cuyas sentencias obligaban a la compañía a indemnizar a los demandantes. Sin embargo, estos pagos nunca fueron realizados.
La empresa sentenciada tiene a su cargo 350 trabajadores y más de 100 máquinas de las líneas 207, 224 y 346 del Transantiago que hoy están en funcionamiento.
El tribunal designó a Cristián Herrera Rahilly como síndico provisional. Para el día de hoy se espera la presencia del sindico, quien debiera incautar todos los bienes y la documentación de la empresa del Transantiago.
LAS QUERELLAS QUE SUSTENTAN LA QUIEBRA
Las acciones judiciales guardan relación con incumplimientos laborales y malas prácticas sindicales así como la indemnización económica por el atropello de un transeunte.
La primera querella que se presentó fue por el no pago de reajustes e intereses que establece el Código del Trabajo en su artículo 173 para sus trabajadores por lo que la empresa fue condenada a pagar $3.999.466 al demandante, más reajustes e intereses.
La segunda acción judicial fue por despido ilegal de un dirigente sindical ya que la ley prohíbe su separación por fuero. Por ello el empresario Pedro Castillo fue sentenciado a pagar las remuneraciones que no habían sido canceladas por el empleador desde el 10 junio de 2004 hasta la fecha.
La tercera acción judicial esta relacionada con una querella por cuasidelito de homicidio, producto de un accidente de tránsito causado por uno de los microbus del Transantiago: La investigación judicial pudo determinar que el autobús se encontraba en mal estado. A raíz del incidente, falleció una persona por lo que los Tribunales de Justicia condenó al dueño de la máquina al pago de $7.459.707.
Santiago de Chile, 4 de diciembre de 2006.
Crónica Digital / Agencias
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