Llama a cuidar el prestigio internacional de esta industria, al cual él mismo ha contribuido tanto en las numerosas giras de promoción en las que participó durante el extendido ejercicio de su cargo, y que lo llevaron a los más recónditos rincones del planeta.
Nos recuerda como el sistema financia letras hipotecarias, sin especificar que sólo un 7% de los fondos tuvieron este destino, mientras dos tercios de los mismos se han prestado a las grandes empresas del país y del extranjero.
Critica el bajo nivel de las pensiones públicas de vejez del ex Servicio de Seguro Social, citando un informe del BBVA (sí, el mismo informe que propuso subir la edad de jubilación de las mujeres), que señala que el 82% de las mismas tiene un valor promedio de $84.000.
No aclara, sin embargo, que el promedio general de las pensiones de aquella ex caja pública es superior al salario mínimo de $120.000, tampoco que se trata de la caja que otorga las pensiones más bajas del INP, y que el promedio general de las pensiones públicas es actualmente de $147.000, lo que equivale más o menos a las ¾ del salario medio de los trabajadores activos (2004).
Tampoco dice que las ex cajas de Empleados Particulares otorgan pensiones promedio superiores a $300.000, monto que sube a $360.000 en las ex cajas de Empleados Públicos. Mucho menos, que el 86% de las pensiones públicas que perciben adultos mayores son superiores a la pensión mínima de $77.000, mientras que el resto son asistenciales de $40.000, mientras que en el caso de quiénes este año cumplen edad de jubilar por AFP, un 75% está por debajo de la pensión mínima, y la mitad por debajo de los $10.000.
Tampoco dice que los pocos que superan la pensión mínima en las AFP, obtienen pensiones que son la mitad de las que logran sus colegas que se quedaron en el INP, y hasta una tercera parte si se trata de EE.PP.
Estas cifras deberían convencerlo de la necesidad de cambiar el sistema, puesto que, según él, las bajas pensiones públicas justificaron la introducción del sistema de AFP.
Afirma que la cobertura de las AFP es alta según parámetros internacionales, pero no aclara que la fórmula que utiliza para estimar efectuar esta comparación – la razón entre cotizantes y fuerza de trabajo -, no es relevante en un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual.
En éste, sólo quedan cubiertos quiénes logran juntar, al momento de jubilar, fondos suficientes para financiar una pensión mínima, o cumplen los requisitos para acceder a la garantía estatal respectiva.
Como se ha visto, en el caso de quiénes podrían jubilar este año, un 75% no logra cobertura, y el propio gobierno ha estimado que en el largo plazo, más de la mitad de los afiliados no lograrán alcanzarla. Ello contrasta con la cobertura del INP, que en la actualidad otorga pensiones al 74% de los adultos mayores, y al 90% de los mayores de 70 años.
Repite la proyección de tasa de reemplazo en que se basó originalmente el sistema si una persona cotiza durante toda su vida, obtendrá una pensión equivalente al 70% de sus salarios -, sin decir que sólo un 11% de los afiliados cotizan 12 meses por año, mientras la mitad cotiza menos de 4,2 meses por año, un tercio menos de dos meses. No dice que el propio gobierno ha estimado la tasa de reemplazo en un 41% para los hombres casados y en 22% para las mujeres.
Olvida asimismo que las pensiones del sistema público son de por vida, definidas y estables y que no discriminan por sexo o estado civil. Las pensiones de las AFP adolecen de lo contrario, en todos estos aspectos. Son muy inseguras, bajan si cambia la tasa de interés en los EE.UU., o si quiebran las empresas aseguradoras, como ocurrió con Le Mans, del grupo Inverlink, donde era director el mismo ex superintendente referido. Los pensionados con renta vitalicia en Le Mans vieron rebajadas en un 25% sus jubilaciones tras la quiebra, y el Estado debe ahora pagarlas, puesto que los fondos de los imponentes se esfumaron en los negociados de Inverlink.
Finalmente, repite las monsergas contra los sistemas de reparto se están cayendo a pedazos sólo tienen recursos para pagar pensiones por quince o veinte años más.
No aclara que en la actualidad estos sistemas generan enormes superávit, es decir, las cotizaciones de los trabajadores activos aportan recursos mayores que los que demanda el pago de las pensiones.
Efectivamente, en los EE.UU., por ejemplo, se estima que ambas cifras se igualarán hacia el 2017, y que el fondo excedente acumulado permitirá cubrir sólo hasta mediados del siglo el desbalance que gradualmente se producirá a partir de ese momento. Por lo tanto, el erario público deberá asumir la diferencia a partir de ese momento.
Estas cifras han quedado en claro en el reciente debate en ese país, a raíz del fallido intento de Bush por privatizar tímidamente las pensiones allí, el que fuera rechazado abrumadoramente por los estadounidenses, quiénes han preferido mantener su actual sistema basado en el mecanismo de reparto.
Tampoco dice que también en Chile las cotizaciones superaban el gasto en pensiones hasta 1981, y que aún hoy, el monto recaudado por el disminuido descuento de 10% de los salarios, equivale casi exactamente a lo que el Estado gasta en las pensiones contributivas del INP, las que cubren, como se ha dicho, a la abrumadora mayoría de los adultos mayores.
De hecho, este monto incluye las pensiones que reciben las sobrevivencias de los asegurados, así como las pensiones de invalidez y otras como las reparaciones y pensiones de gracia de diversa naturaleza.
No dice el ex superintendente que todos los sistemas previsionales del mundo descansan principalmente, precisamente, sobre el mecanismo de reparto, el que los ha sostenido exitosamente durante 130 años, en el caso de los más antiguos. Se trata de un mecanismo de financiamiento de las pensiones muy estable, sencillo y barato de administrar.
Sólo hay que recaudar y pagar sobre la marcha, mientras en el sistema de capitalización individua hay que recaudar, luego invertir y administrar los fondos durante cuarenta años o más, para recién entonces recuperar lo que se pueda y pagar las pensiones. El sistema de reparto arroja cada año un monto conocido de recursos, equivalente a la masa salarial ocupada, multiplicada por el nivel medio de salarios y por el porcentaje de descuento establecido.
Esos son los parámetros más estables de la economía, puesto que sus variaciones cíclicas normales no son muy pronunciadas, y mantienen una tendencia creciente.
Históricamente, el aumento de la masa salarial ha bastado para solventar el grueso del ritmo de crecimiento de la población adulta mayor, por lo cual los ajustes hacia arriba de la tasa de descuentos han sido muy moderados. Suecia, por ejemplo, que sostiene hoy día una proporción de jubilados equivalente a la que Chile alcanzará a mediados del siglo, destina a ello un fondo de reparto equivalente al 16% de las remuneraciones. En previsión de aumentos sucesivos de la expectativa de vida hacia el futuro, instauró en los años 1990 un fondo de capitalización individual al que destina un 2.5% adicional de los salarios, y que utilizará para cubrir déficit proyectados en el sistema de reparto en 40 años más.
La abolición de este mecanismo en Chile, en 1981, en medio del delirio extremista neoliberal, es la causa principal de los problemas del actual sistema previsional contributivo. Por eso mismo, la reposición de un pilar contributivo es la base de la corrección de este monumental defecto de diseño del sistema de AFP. El destino inicial de dicho fondo contributivo de reparto, o solidario, debe ser restituir a todos los chilenos al menos el mismo nivel de beneficios que el INP otorga actualmente a sus afiliados. Para ello basta con destinar unos pocos puntos porcentuales del actual descuento a los salarios a este objetivo.
La reparación del inmenso daño provisional generado sobre los ciudadanos por la imposición del sistema de AFP, el que se manifiesta especialmente sobre las mujeres, adicionalmente, por el inmenso aporte que puede hacer un pilar público no contributivo rediseñado de manera que otorgue una pensión básica de carácter más o menos universal. Como demuestra un reciente estudio del INP, mantener hacia el futuro el mismo nivel actual de gasto público en pensiones permitirá otorgar al 85% de los adultos mayores una pensión pública, no contributiva en un número creciente de casos, y cuyo monto más bajo puede alcanzar a $100,000 hacia el final del gobierno de la Presidenta Bachelet.
Sin embargo, la sola incorporación de un pilar público universal bien diseñado no resuelve los problemas. Es necesario, además, reponer un pilar contributivo de reparto, de modo de recalcular las pensiones de todos quiénes jubilan por AFP, e igualarlas al nivel de beneficios que otorga el INP. Nadie podría esperar que esta reforma resultara en beneficios inferiores a aquellos. En el caso de las mujeres, ello significa igualar sus pensiones a las de los hombres, a igual salario y número de cotizaciones. Naturalmente, a los 60 años en el caso de ellas. Eso es exactamente lo que les garantiza actualmente el INP a sus afiliadas.
Veamos algunos números. En Chile, actualmente, cada punto porcentual descontado a los salarios equivale a 300 millones de dólares anuales. Como se descuentan actualmente 12.5% de los salarios, ello equivale a 3,750 millones de dólares anuales. Claro que en Chile, dicha masa de dinero no se utiliza para pagar pensiones, las cuales el Estado paga actualmente de su propio bolsillo, en casi todos los casos, incluyendo aquellas pocas que pagan las AFP, las que se financian principalmente con bonos de reconocimiento. Los enorme recursos descontados a los salarios se los reparten hoy entre las propias AFP, las cuales, conjuntamente con sus compañías de seguro coligadas, se embolsan 750 millones de dólares anuales, y el mercado financiero, adonde van a parar los restantes 3,000 millones de dólares. De éstos, alrededor de un tercio lo absorben el fisco y otros usos, tales como préstamos hipotecarios, destino muy bullado, a pesar que insume apenas un 7% de los fondos.
El grueso de estos fondos, dos tercios de ellos, equivalentes a 2,000 millones de dólares anuales, los recibe un puñado de grandes conglomerados económicos, en forma de préstamos o capital accionario. Un tercio del total va a empresas del extranjero.
Por otra parte, el daño previsional afecta actualmente a las 134,000 personas que reciben pensiones de vejez de las AFP, aunque la mitad de ellas percibe ya garantía de pensión mínima. A ellas hay que agregar a los EE.PP. que jubilaron por el sistema público antes de la ley 19,200 de principios de 1992, que normalizó la base imponible, puesto que asimismo ellos quedaron sometidos a pensiones miserables.
En promedio, dichas personas reciben aproximadamente la mitad de lo que hubiesen percibido de jubilar por el INP. En otras palabras, para corregir el daño inferido, hay que duplicar sus pensiones, aproximadamente. Puesto que el promedio de sus pensiones es actualmente de $114,696, el costo anual de duplicar sus pensiones equivale poco menos de 1,5 millones de pesos anuales, por persona afectada, en promedio.
Por lo tanto, la reparación del daño provisional general de los actualmente jubilados por AFP significa un costo aproximado de 200,000 millones de pesos por año. Considerando otros grupos afectados por otros motivos, la igualación de derechos de todos los jubilados a aquellos que obtienen los beneficiarios de pensiones contributivas del INP con posterioridad a la ley 19,200 que, repetimos, constituye el piso mínimo de la actual reforma -, tiene un costo que debe bordear los 300,000 millones de pesos anuales, lo que equivale aproximadamente a 600 millones de dólares, es decir, a dos puntos porcentuales de descuento de los salarios.
Sin embargo, dicho costo será absorbido en parte significativa, por el piso establecido por la redefinición del pilar público no contributivo. Esto se puede clarificar con un ejemplo, como los hay por miles.
Supongamos una persona que jubiló por AFP con una pensión de $200,000, y que, recalculada ésta por las tablas del INP, corregidas por las menores cotizaciones, le resulta una pensión de $400,000. En este caso, la pensión básica no contributiva de $100,000 reparará la mitad del daño, quedando la otra mitad a ser cubierta por el fondo solidario.
De lo anterior se puede concluir que el destinar inicialmente algunos pocos puntos porcentuales de la actual cotización de 12,5% al fondo solidario, permitirá, junto a la redefinición del pilar no contributivo, restablecer el daño provisional ocasionado a los chilenos por la imposición de las AFP. Hacia el futuro, a medida que aumenten las personas que van jubilando por AFP, incluyendo aquellas que hoy reciben pensión anticipada y que pronto cumplirán la edad legal de jubilar, será necesario destinar puntos adicionales de la cotización al pilar solidario. Inicialmente, ello puede hacerse redestinando a este pilar parte de lo que actualmente se destina al ahorro individual, sin necesidad de incrementar el descuento de 12.5%.
En algún momento, sin embargo, será necesario empezar a aumentar éste gradualmente, naturalmente con cargo a cotizaciones patronales y con destino al fondo de nominado solidario o de reparto.
De esta manera, se restablecerá gradualmente un diseño equilibrado, puesto que el sistema previsional quedará apoyado sólidamente sobre tres pilares bien equilibrados y de dimensiones parecidas a las que tienen en los sistemas más desarrollados.
Por cierto, buena parte del fondo solidario se podrá conformar inicialmente con los recursos que actualmente se embolsan las AFP y sus compañías de seguro coligadas, y que actualmente equivale, como se ha mencionado, a 750 millones de dólares anuales. De éstos, alrededor de 174 millones de dólares fueron el año pasado utilidades netas de esta industria, que es una de las más rentables del país.
En parte importante, las utilidades monopólicas de las AFP se originaron en el torpe manejo del propio ex superintendente referido, quién consolidó el monopolio mediante una circular que resultó en el despido de 10,000 trabajadores de las AFP, y en una lluvia de utilidades excesivas, sin rebajar las comisiones. Ello se puede lograr sometiendo a esta industria a una profunda reingeniería.
Las funciones de recaudación y pago, que son las más caras y las que presentan enormes economías de escala, y por lo tanto las que establecen barreras a la entrada y tendencias al monopolio, se pueden traspasar al INP. Esta institución ya realiza mucho más recaudaciones que la mayor de las AFP, puesto que recauda las cotizaciones al FONASA, al cual está afiliado el 83% de los chilenos. Asimismo, paga actualmente casi todas las pensiones,
En otras palabras, puede absorber toda la recaudación y todos los pagos que hoy realizan las AFP a un costo marginal muy bajo. Las AFP quedarían reducidas a gestionar los fondos de capitalización individual. Los seguros de invalidez serán asimismo contratados por el INP en forma centralizada y a mucho menor costo que el actual.
Una estructura de esta naturaleza opera actualmente en Suecia, donde existen más de 600 administradoras, operando a un costo bajísimo.
Si los ahorros obtenidos de esta manera no bastaran para conformar el pilar solidario, será necesario redestinar al mismo parte del descuento a los salarios que actualmente se deposita en las cuentas de ahorro individual. Con certeza, los trabajadores estarán bien gustosos de aportar parte de sus actuales descuentos a pagar pensiones de sus mayores, en lugar de prestarlo a las grandes empresas. Ello porque estarían obteniendo la seguridad que también ellos se beneficiarán al momento de jubilar, con descuentos similares aportados por los trabajadores activos de entonces. Más importante, con ello se asegurarían también ellos, al igual que ellos están garantizando a los jubilados actuales, que sus pensiones al menos estarán en el nivel de las ofrecidas actualmente por el INP.
Por cierto, para lograr estas conquistas, los chilenos de hoy debemos unirnos para vencer la resistencia de los grandes conglomerados que actualmente se quedan con el grueso de los descuentos obligatorios a los salarios, y de la industria dispendiosa y parasitaria que se queda con el resto, así como de el verdadero batallón de amanuenses y panegiristas que contratan con el dinero de todos nosotros. Entre estos últimos, se cuentan varios personeros ligados a los gobiernos democráticos, como lo demuestra el caso del referido ex superintendente de AFP.
Por: Manuel Riesco. El autor es economista y ex candidato a senador por el Juntos Podemos Más. Colaborador de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 10 de abril 2006
Crónica Digital, 0, 172, 12
