El director ejecutivo del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), Jonatan Díaz, catalogó como un “cuasi delito de homicidio” el procedimiento que dejó un saldo de dos niños heridos por un funcionario de Carabineros al interior de una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano. Indicó que no descarta acciones judiciales en contra de la institución policial.
De este modo, Díaz se refirió a las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre el procedimiento efectuado por Carabineros al interior de una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) del cual resultaron dos jóvenes heridos a bala.
“Resulta incomprensible y fuera de toda lógica, que por un procedimiento policial existan niños con heridas de bala. Esto revela el descriterio de Carabineros, que vulneró todos sus protocolos y puso en riesgo la vida de jóvenes menores de edad, que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Los responsables directos y quienes estuvieron a cargo del procedimiento deben pagar con cárcel”, manifestó.
Para Díaz, “el resultado de este procedimiento policial es el caso de dos niños que sufrieron un cuasi delito de homicidio. Esto pudo haber tenido resultados fatales. Queremos pedir al gobierno, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las autoridades regionales, a la Defensora de la Niñez, y a toda la sociedad civil, que condenemos lo ocurrido en Talcahuano. No puede existir una doble lectura de los hechos. Debemos parar con el terrorismo de Estado contra la población”.
Jonatan Díaz, quien además es candidato a gobernador regional en la primaria del próximo 29 de noviembre, afirmó que “esperamos que Carabineros contribuya a la investigación y sea la PDI la que asuma las responsabilidades investigativas. Carabineros superó todo límite y la autoridad civil debe ejercer su control sobre ellos. Los responsables de los disparos deben ser dados de baja y ponerse a disposición de la justicia a la brevedad. De no ser así, no descartamos acciones judiciales para que este hecho no quede impune”.
Concepción, 18 de noviembre 2020.
Crónica Digital.
Jue Nov 19 , 2020
Por Marcel Garcés Muñoz Un conjunto de componentes políticos, sociales, económicos, institucionales, y una incapacidad o falta absoluta de deseo de sus elites políticas y económicas para enfrentar la crisis que vive el modelo de mercado y un escenario de corrupción, lucro desatado, prácticas antidemocráticas, y luchas intestinas entre las tribus oligárquicas locales, están en el centro de la crisis de gobernabilidad, de desprecio de la institucionalidad, es lo que ha quedado en evidencia en los recientes sucesos políticos y sociales del Perú. Tres presidentes se han sucedido, en menos de una semana, en escenario de crisis profunda, de despliegue criminal de la fuerza para sofocar la protesta popular, que se ha tomado la calle, y las elites políticas, apresuradas en una desesperada operación de salvataje, en buscar salidas, sofocar el caos institucional, el incendio que ellos mismos provocaron de manera irracional, irresponsable, pero también inevitable. La destitución de Martin Vizcarra el 9 de noviembre, acusado de “incapacidad moral permanente”, sobre la base de acusaciones de corrupción, sin presentar prueba alguna y una votación legislativa que no resiste la mas mínima valoración democrática, alzó el telón de una comedia de absurdos, Vizcarra, que era Vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, asumió el cargo de Presidente cuando éste fue forzado a renunciar por acusaciones de “corrupción”, el 23 de marzo de 2018. El 9 de noviembre de 2020 le tocó el turno a Vizcarra La mayoría del congreso lo destituye y asume, un día después, el presidente del Legislativo, Manuel Merino, quien a su vez duró solo 5 días en el cargo, arrinconado por manifestaciones ciudadanas en protesta por lo que fue considerado un Golpe de Estado, y por el asesinato de dos estudiantes por la represión policial. Merino, como era esperable, designó como ministros de su efímero “gobierno” a conocidos políticos de centro derecha y de la derecha más recalcitrante del país. Finalmente- por ahora, el Congreso designó como Presidente al centrista Francisco Sagasti, que asumió con críticas a la clase política del país, reivindicando las protestas y pidiendo perdón por la muerte de los dos jóvenes manifestantes. Pero deberá enfrentar no solo las elecciones presidenciales del 11 de abril próximo, sino una falta de confianza en toda la clase política, además de una crisis económica galopante (el FMI señala que la economía peruana se hundirá a un 13.9 por ciento, la mayor caída de la región a causa de la pandemia), siendo Perú el país con la mayor mortalidad por coronavirus de la región , más de 35 mil muertos, a lo que se agrega las desigualdades sociales, y altos niveles de informalidad laboral. Enceguecidos por la soberbia del poder, los legisladores peruanos no supieron leer la real dimensión de su fracaso como clase política, y prefirieron cobrarse la cuenta de sus desaciertos históricos, y sus ansias de revanchas mutuas, sin darse cuenta la magnitud de la tormenta social y política que iban a desatar en un país y una sociedad fragmentada. Nada podría afirmar que las sucesivas […]
