El proyecto logró el respaldo para su aprobación a partir de un conjunto de enmiendas introducidas al proyecto sobre esa materia que el Gobierno presentó en agosto del año pasado, el cual proponía un aumento de la subvención para algunas discapacidades, y al mismo tiempo introducía en forma subrepticia una redefinición de fondo de la Educación Especial.
Los parlamentarios introdujeron modificaciones que recogieron en parte las demandas de las comunidades educativas de las Escuelas Especiales. Sin embargo, los aspectos claves de sus cuestionamientos se mantuvieron en pie, por lo cual «la Educación Especial se encuentra enfrentando la amenaza más grave que ha vivido en los últimos años», según el presidente de la Coordinadora Nacional de la Educación Especial, Hugolino González.
El proyecto pasará a la Comisión de Hacienda mañana martes 11 de abril y pudiera quedar en tabla para inminente aprobación en la sala al día siguiente.
Los cambios más significativos introducidos por los congresistas para aprobar la iniciativa son los siguientes:
El término «Educación Especial» del proyecto del Ejecutivo se reemplazó por «Educación Especial Diferencial».
El Nº 2 del Artículo 1º letra C), incisos segundo y tercero, fueron redactados de la siguiente forma:
«Para los efectos de esta ley se entenderá por necesidades educativas especiales de carácter transitorio aquellas no permanentes que presentan los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno diagnosticado por un profesional competente y que requieran de apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un período de escolarización».
Continúa: «El reglamento determinará los requisitos, instrumentos o pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con necesidades educativas especiales que se beneficiarían de la subvención establecida en el inciso anterior».
Además, en el Nº 2 del Artículo 1º letra C) se agregó el siguiente inciso nuevo, referido a la subvención: «En ningún caso este fraccionamiento se aplicará a los alumnos atendidos en escuelas de educación especial que desarrollen en su totalidad el plan y programa de estudio correspondiente».
En el Nº 3 se agregó la expresión «deficiencia mental severa».
EL PROBLEMA CLAVE
A pesar de las modificaciones incorporadas por los diputados a esta iniciativa, el texto persistió en introducir una nueva concepción, denominada «necesidades educativas especiales de carácter transitorio», es decir, «aquellas no permanentes que presentan los alumnos en algún momento de su vida escolar».
En esa reconceptualización radica lo que la CONADEE considera «la amenaza principal que enfrenta la Educación Especial», pues según Hugolino González afirma una definición contradictoria con el consenso de la comunidad científica, sosteniendo que existirían discapacidades «transitorias», es decir, que serían pasajeras, temporales, fugaces. En otros términos, explica, «discapacidades que no requerirían atención especial a lo largo de toda la escolaridad, puesto que se extinguirían en un indeterminado momento y, por consiguiente, los afectados podrían pasar al sistema regular de educación».
En definitiva, agrega «aquella reconceptualización es la expresión desembozada de liquidar la modalidad de la Educación Especial, es la materialización del proyecto de escuela inclusiva , a través de la reducción creciente del campo de acción de la labor de las escuelas especiales».
El hecho que ese constituye el propósito real de la iniciativa legal, agrega, «se confirma por la insistencia en introducir esta reconceptualización, que ya se encontraba en el texto original del proyecto presentado por el Ejecutivo. En efecto, si lo que se propone el proyecto es incrementar la subvención, ¿qué necesidad existe de formular esa nueva categoría?».
Es decir, subraya, «el incremento de la subvención no requiere de aquellos cambios en la conceptualización de la Educación Especial y bien podría ser realizado con los conceptos que ya existen en la legislación vigente».
«Parece más que evidente que el propósito del proyecto enviado por el Ejecutivo era realizar, en la práctica, una drástica reforma a la Educación Especial. Con la excusa del aumento de la subvención, se eludía abordar esta materia en forma directa, se imponían de contrabando los cambios, y se cerraba una discusión de fondo sobre la Educación Especial, que hubiera implicado una reflexión sobre el conjunto del Sistema Nacional de Educación y que debiera haber considerado la participación de la ciudadanía», denuncia.
En definitiva, «este proyecto persiste en el intento de llevar a cabo una reforma a un componente esencial del sistema educacional por la modificación de leyes y no de la realidad educativa».
LAS AMBIGUEDADES
Por otro lado, la CONADEE cuestiona los vacíos de la iniciativa. Por ejemplo, el texto sostiene que un «reglamento» determinará los requisitos o las pruebas diagnósticas para establecer los alumnos con las «necesidades educativas especiales». La confección de esta normativa es transferida a la autoridad administrativa, en circunstancias que parece clave para definir el modo en el que se determinarían los niños discapacitados con las «necesidades educativas especiales transitorias».
En este sentido, Hugolino González sostiene que «tomando en cuenta que en el Ministerio de Educación existen expertos que se encuentran comprometidos con un enfoque radical del modelo de escuela inclusiva (es decir, de eliminación de la Educación Especial), existen fundamentos para tener aprehensiones en relación a los contenidos de ese reglamento, cuyo impacto concreto sobre el futuro de la modalidad puede ser aún más grave que la propia iniciativa legal».
Esta misma ambigüedad es detectada en el proyecto cuando sostiene que el fraccionamiento de la subvención no será aplicada «a los alumnos atendidos en escuelas de educación especial» que desarrollen totalmente «el plan y programa de estudio correspondiente».
«¿A qué se están refiriendo? Lo ignoramos. De esta misma forma, ¿cuáles son los alcances de la noción deficiencia mental severa?», cuestiona González.
Añade que «estas imprecisiones devienen en obvio problema de interpretación de la norma, la cual inevitablemente derivará en resorte administrativo, con lo que la modalidad terminará condenada a vivir la arbitrariedad de la autoridad de turno y a los decretos que emita».
En definitiva, concluye, «este proyecto es nocivo para la Educación Especial y continúa albergando el objetivo de estrangular las Escuelas Especiales, instaurar un sistema de escuela inclusiva , que limita las opción educativa de los padres, no considera la realidad del sistema de educación pública y fomenta una política de integración que no resuelve el problema de la calidad de la educación y reproducirá espacios de segregación en las escuelas regulares».
«Se pretende legislar sin hacer un diagnóstico, sin cuantificar el problema, sin precisar la naturaleza y complejidad de cada discapacidad, sin participación de la ciudadanía y sin considerar todas las variables involucradas en un cambio de esta envergadura», acusa.
En el curso de los próximos días, la CONADEE realizará una serie de reuniones en todo el país, con el propósito de definir un camino de movilización para hacer frente al escenario que se abre con la aprobación de la iniciativa legal.
Por: David Brescia. El autor es colaborador de Crónica Digital
Santiago de Chile, 10 de abril 2006
Crónica Digital , 0, 192, 3
