En un intento por calmar los ánimos luego de su llamado a una huelga nacional, los jóvenes aclararon que la idea no es marchar sino realizar debates para discutir qué tipo de educación quieren.
Dirigentes confirmaron que el lunes conversarán con el gobierno, pero ratificaron que seguirán adelante con tomas y paros, los que ya comprometen a unos 100 mil estudiantes.
En una conferencia de prensa esta mañana, los dirigentes estudiantiles insistieron en su deseo de paralizar sus actividades el próximo martes como tenían previsto, pero aclararon que no saldrán a las calles, sino que optarán por actos en las proximidades de sus colegios.
Según Cesar Valenzuela, vocero del grupo, la idea es evitar lo más posible para dar excusa a la represión policial y asegurar que los acontecimientos no se les vayan de la mano. «Queremos evitar la violencia a toda costa», aseguró.
Karina Delfino, otra de las portavoces del movimiento estudiantil, señaló a su vez que la idea es realizar actos culturales en las propios centros ocupados, que se enmarquen en lo que denominó una jornada de reflexión.
Existe incertidumbre sobre el número real de colegios que están en paro o en toma. Algunas fuentes los sitúan próximos al centenar, incluyendo ya algunos privados.
El gobierno hizo gestos ayer al reconocer la necesidad de reformas profundas a la educación, tal como proponen los estudiantes, y abrirse al diálogo sin condiciones para buscar la vía y definir los alcances que tendrían lo cambios.
Los jóvenes afirman estar dispuestos al diálogo y confían en que habrá resultados concretos, pero aclaran que lo del «martes es una forma de ser consecuente con la demanda de tener reales cambios en la educación», según Valenzuela.
El gobierno había sostenido que no negociaría bajo medidas de presión, pero el aumento inusitado de colegios movilizados lo obligó a flexibilizar su discurso i obligarlo a sumarse a la mesa de diálogo sin condiciones.
Las presiones lograron poner en el discurso de fondo las transformaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada solo días antes de que el ex dictador Augusto Pinochet deja el poder en 1990.
Pese a constituir uno de los varios reductos que aún limitan el rotorno pleno a la democracia en Chile, los gobiernos de la Concertación que le han seguido no han hecho mucho por derogarla, lo que ha contribuido a acentuar las deficiencias de la Educación.
El sistema privilegia la enseñanza privada sobre la pública y ahonda más las graves desigualdades sociales que existen en Chile, según sus críticos.
Aunque evitó referirse específicamente a la situación de los colegios cuyos alumnos se encuentran movilizados, la presidenta Michelle Bachelet reiteró ayer su compromiso de introducir cambios sustanciales en la educación.
Señaló que estos deben apuntar a que «la excelencia vaya de la mano de la equidad y todos en Chile tengan acceso a una enseñanza como se la merecen».
Santiago de Chile, 26 de mayo 2006
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