La iniciativa busca terminar con el trato diferenciado, como el que a juicio de los parlamentarios se da entre militares y los reclusos comunes y corrientes, para que la justicia funcione por igual para todos y de manera imparcial e igualitaria.
El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló (PS) dijo que en los establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de sus características y clasificación, no se puede permitir diferencias de trato.
De acuerdo con el proyecto, si no se llegase a cumplir lo anterior, se deberá sancionar y eventualmente destituir a los funcionarios públicos que intenten eludir su responsabilidad concediendo tratos diferenciados a determinados reos.
En la iniciativa se pide expresamente «derogar el Decreto Supremo N 956, que establece la creación del Centro de Cumplimiento Penitenciario «Cordillera», para lograr la igualdad entre los reclusos chilenos.
El recinto fue expresamente remodelado con cabañas, piscinas, gimnasios, áreas deportivas, saunas y demás facilidades para alojar a ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes, tráfico de armas y otras actividades delictivas.
Además de Aguiló, auspician la normativa el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez (Independiente), y el vicepresidente de la Cámara Baja, Jorge Burgos, de la Democracia Cristina (DC).
La situación de privilegio que disfrutan los militares en ese establecimiento, verificadas en un amplio reportaje del diario semioficial La Nación, ya había sido denunciada ante la Corte Suprema por el senador socialista Alejandro Navarro.
Interrogada recientemente sobre la denuncia, la ministra de Defensa Vivianne Blanlot evadió el tema y dijo que había pedido un informe a las instituciones castrenses.
Santiago de Chile, 5 de julio 2006
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