Los senadores Alejandro Navarro (socialista), Mariano Ruiz-Esquide (democristiano) y Guido Girardi (pepedista), todos de la coalición gobernante, acogieron un proyecto de ley que por errores procesales había sido llevado inicialmente a la Cámara de Diputados.
Pero más allá de las formalidades legislativas, la propuesta legal ha puesto al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en una incómoda posición en un tema de mucha sensibilidad para el país, como el perdón a ex represores de la dictadura militar.
La Ley de Amnistía fue impuesta por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los militares que participaron en la sangrienta represión en los primeros años del golpe, en medio de una fuerte campaña internacional de condena a su régimen castrense.
Fuentes gubernamentales afirman que, por una parte, Bachelet rehuye abrir un flanco de fricción con las Fuerzas Armadas -que se oponen a la eliminación de la normativa-, pero por otra no quiere enemistarse con sectores izquierda y organizaciones de derechos humanos.
Sus argumentos negativos han encontrado eco en un influyente segmento de congresistas moderados de la coalición gobernante que al igual que ella expresan dudas sobre la viabilidad del proyecto y la conveniencia política de abrir el debate.
Figuras clave en sus bancadas, el socialista Camilo Escalona y el democristiano Hosaín Sabag, se distanciaron la víspera de la iniciativa y anunciaron que habría que evaluarlo «con mucho cuidado», un eufemismo para camuflar su rechazo.
Incluso Sabag informó que Bachelet no les dio ninguna indicación sobre un respaldo oficial a la también denominada «ley Bustos».»Tenemos que ver qué opina el Gobierno sobre este proyecto, y nosotros también tenemos que actuar con la debida prudencia y ponderación», dijo.
Escalona, una figura muy allegada a la mandataria desde las filas socialistas, señaló por su parte que los tribunales en términos amplios han suspendido la aplicación de la Ley y el hecho de que el juez Víctor Montiglio la aplicara es sólo un hecho aislado en los tribunales.
Para Girardi, sin embargo, el propósito de fundamentar la iniciativa -más allá que pueda aprobarse ahora o no- es que se abra un debate en la sociedad y en el Parlamento para que se discuta sobre la Ley de Amnistía.
«Queremos que quede en evidencia quiénes están a favor y en contra de una iniciativa que constituye una forma de autoperdón y que busca la impunidad de quienes cometieron las más brutales violaciones a los derechos humanos» subrayó.
«Este es un tema de principios para mí, y estoy dispuesto a perder, pero que este tema se discuta en la sociedad chilena y en el Congreso para que la gente vea qué posiciones tienen cada uno de sus representantes», insistió.
Mientras, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, entregó ayer una carta en La Moneda para Bachelet, expresando su rechazo a la aplicación de la ley de amnistía en el caso Caravana de la Muerte por el juez Montiglio y su preocupación por la posición del gobierno.
Luego de conocer la presentación del proyecto en el Senado, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, dejó una puerta abierta al señalar que la decisión de La Moneda sobre el tema todavía no se ha definido completamente.
Santiago de Chile, 21 de abril 2006
Crónica Digital , 0, 97, 3
