Dos funcionarios de la Carbonífera Victoria de Lebu (Carvile), Mario Parra Reyes jefe de mina y Ricardo Soto López, jefe de área fueron acusados de negligencia por no haber supervisado los niveles de gas, lo que provocó la muerte de Jaime Alarcón, José Muñoz, José Salas y Ramón Huenul, además de dejar 57 heridos.
La decisión del titular del juzgado de garantía de Lebu, Guillermo Vera, se contradice según Guillermo Teillier con lo que cuentan los mineros, «todo el mundo sabe que la empresa estaba tratando de ahorrar dinero, por ahorrarse dos millones han perdido doscientos y la vida de cuatro personas».
Agregó además, que en la empresa «dejaron de trabajar los turnos de fin de semana y cortaban la ventilación mecánica… también suspendieron un equipo que tenía que verificar si existía gas grisú los fines de semana, en cambio lo hacían una hora antes», lo que según distintos expertos no basta para detectar la presencia del peligroso gas.
El Juzgado de Garantía de Lebu, encabezado por el magistrado Guillermo Vera, fijó en nueve meses el plazo de la investigación para la causa en que los imputados arriesgan penas de hasta tres años de cárcel.
Finalmente Guillermo Teillier manifestó sus dudas en que este juicio alcance el fondo de las responsabilidades, la que «es mucho más grande y no se toma en cuenta». De todas formas, considera que lo más importante en este caso es «entregar una reparación total y completa a las familias de las víctimas».
Lota; 22 de noivembre 2005
Crónica Digital , 0, 44, 3
