Recordemos que la Ley reservada del Cobre, que financia las compras de armamento de las FFAA chilenas sobre la base de destinar obligatoriamente a esta finalidad el 10% de los ingresos de CODELCO, se ha justificado históricamente como un mecanismo que garantiza la estabilidad de este flujo financiero. Este procedimiento constituye una anomalía ya que se trata de la única partida presupuestaria que no está sometida a los debates y discusiones que tienen lugar en el parlamento a través de la discusión del presupuesto anual de la nación.
La especificidad de esta ley se justificaría en que las compras de armas deberían estar a resguardo de la discusión pública, ya que por el carácter sensible de los temas referidos a la seguridad nacional estas materias deberían ser tratadas de manera reservada por los especialistas militares.
El espíritu de esta ley presupone que el presupuesto militar no puede estar sujeto a los vaivenes propios de la actividad parlamentaria. Se deberían asegurar a largo plazo, más allá de las mayorías o minorías democráticas, fuentes de financiamiento estables que permitan adquirir armamento de una manera permanente. Este razonamiento nos lleva a concluir que en Chile podemos discutir pública e informadamente sobre el monto de recursos que se debe asignar a educación, a salud, a vivienda o a la infraestructura pública, pero no podemos hacer lo mismo respecto al gasto en armas.
La única explicación de la singularidad que se pretende aplicar a los gastos militares, que le eximirían del control democrático y de la transparencia exigida a todas las otras dimensiones de la acción del Estado, radica en considerar a los propios ciudadanos del país como posibles amenazas a la seguridad nacional. Bajo esta concepción, la ley reservada del cobre pretende salvaguardar el financiamiento de las FFAA debido a que ellas son las instituciones llamadas a proteger al Estado, incluso de su propio pueblo. Esta concepción de la defensa es propia de la guerra fría, período en el cual, de acuerdo a los gobernantes de esa época, una parte de la población debía ser caracterizada como un enemigo interno, que lejos de ser sujeto de derecho, constituía una amenaza a los intereses del Estado.
Esta concepción de la seguridad nacional subordina los intereses de la población a los intereses estatales. Es una mirada que está muy lejos de la concepción integral de seguridad humana que debería guiar una política moderna de defensa. No es posible, en la actualidad, proponer políticas de seguridad que estén exclusivamente centradas en la defensa del estado nacional, sin tener en cuenta que la finalidad última de la labor defensiva es la protección del ser humano. Por lo tanto, una política actual de defensa debe incorporar también los resguardos que protejan a las personas de los abusos por parte del Estado.
Esencialmente, la seguridad humana significa garantizar a la población una vida libre de amenazas profundas a sus derechos, a su seguridad y a sus propias vidas.
De cierta manera, el gasto militar puede conspirar contra la seguridad humana cuando la población percibe que los recursos destinados a la defensa del estado nacional implican postergar sus aspiraciones de inclusión social. Bajo las condiciones de la actual ley reservada del cobre se asume que cada año, cada rama de las FFAA debe recibir al menos US$ 93 millones, lo que constituye un piso inamovible, invariable e indiscutible.
En virtud de esta norma, cuando el precio del cobre es alto se produce un enorme excedente que va automáticamente al presupuesto reservado de las cuatro ramas de la defensa nacional. Al respecto la ley fija un mínimo pero no un monto máximo. ¿El país tiene acaso ilimitadas necesidades en el campo de la defensa que justifiquen un presupuesto diseñado para adquirir armas de esta manera? ¿Puede ser racional que el presupuesto militar no tenga un tope que impida que se gasten irracionalmente los recursos? ¿No atenta este hecho en contra de la seguridad humana de los chilenos? ¿No será necesario que el presupuesto de inversiones militares se inscriba en un plan nacional de seguridad humana, que abarque muchos otros elementos más allá del armamento?
Chile necesita optar: o apuesta por el armamentismo, propio de las doctrinas de la «seguridad nacional», y que incrementa la inseguridad mundial o se decide invertir más recursos en garantizar la seguridad humana de su población. Para lograr este objetivo debe prevenir la conflictividad social, defendiendo los derechos humanos y el estado de derecho, perfeccionado el sistema de gobierno democrático, y promoviendo el desarrollo humano sostenible.
La seguridad humana pasa por hacer frente a los conflictos de una manera pacífica, resolviendo las causas de la violencia estructural, estableciendo un sistema de protección social que permita ampliar las libertades, a partir de la responsabilidad colectiva de la sociedad.
En coherencia, se debe incorporar todo el presupuesto de las FFAA como un item más en presupuesto nacional. Este traspaso debe garantizar la transparencia y el control político y social del gasto militar.
La experiencia de los años noventa nos debería hacer recordar casos como las ventas de armas a Croacia en 1991, en medio del conflicto de la ex Yugoslavia y la venta de armas a Ecuador en 1995, en el contexto de la guerra con Perú. Estas graves situaciones se habrían evitado si el criterio de transparencia y probidad hubieran primado sobre los criterios heredados de la doctrina de la seguridad nacional, que amparan de facto este tipo de prácticas.
Al mismo tiempo, este cambio contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en las FFAA y obligaría a que cada peso que se gaste en armamento se inscriba en una estrategia de seguridad humana integral, consensuada y discutida bajo condiciones en las que prime la responsabilidad política.
Chile necesita que sus FFAA se transformen en verdaderas herramientas de defensa de su soberanía, amenazada por las imposiciones de la globalización neoliberal. Si ellas asumen ese objetivo el financiamiento del gasto militar estaría avalado por el más sólido de los resguardos: el aval de la democracia.
Por: Alvaro Ramis. El autor es Teólogo y miembro del Centro Ecuménico Diego de Medellín y del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 19 de octubre 2006
Crónica Digital
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