El presidente chileno, Sebastián Piñera, ratificó las discrepancias del Ejecutivo con respecto al fallo en el proceso contra el mapuche Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel como autor del incendio en que murió el matrimonio Luchsinger-Mackay.
Tras conocerse este viernes la sentencia, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, juzgó que «el tribunal (Oral en Lo Penal de la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía) tenía los implementos para aplicar una pena superior a la que ha resuelto».
El machi (autoridad religiosa mapuche) Córdova fue encontrado culpable del incendio que provocó en enero de 2013 la muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en un sector rural de La Araucanía. Las declaraciones de Chadwick reabrieron el cruce de alegatos entre el Gobierno y el Poder Judicial pues el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respondió la víspera que «los tribunales van a aplicar lo que es la ley, y (…) tienen autonomía en esta determinación dentro del estado de derecho».
El magistrado estableció que los juzgados chilenos deben realizar su labor «con altura de miras, e incluso sobreponiéndose a cuestionamientos políticos» y que no le compete a otra autoridad «emitir pronunciamientos descalificatorios».
«Tengo derecho, igual que el presidente de la Corte Suprema defiende a sus jueces, a que este Presidente defienda a las víctimas y a la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz», dijo a su vez Piñera, quien dejará el poder el próximo día 11 en manos de la líder de la coalición Nueva Mayoría, Michelle Bachelet.
El gobernante saliente reconoció que «ningún poder del Estado distinto al poder Judicial puede comprometerse en juicios pendientes o revivir juicios que hayan terminado».
Sin embargo, defendió el derecho del Ejecutivo a «opinar sobre algo tan importante para la calidad de la vida de la gente, que es el derecho a vivir en paz, con mayor tranquilidad y seguridad, y a veces hemos discrepado de los fallos de las cortes de nuestro país».
Piñera calificó éste como un delito muy cruel y explicó que por eso «el Gobierno se hizo parte e invocamos la Ley Antiterrorista».
Según el dignatario, «es un error tener dudas o debilidades, no hay que darles un centímetro de ventaja, no hay que tener ninguna contemplación».
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries, opinó este viernes que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista -a no ser que esta sea reformada- en los procesos judiciales vinculados al denominado conflicto mapuche, pues esta «no da garantías del debido proceso».
«Creemos que no existe terrorismo en Chile y no existe terrorismo en La Araucanía», afirmó Fries en declaraciones a un diario local.
Santiago de Chile, 3 de marzo 2014
Crónica Digital / PL
